La Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó este viernes el Plan de Aplicación de la Ley Micaela, que permitirá la capacitación obligatoria en temas de géneros para funcionarios, directivos, docentes y no docentes de todas las unidades académicas. De la presentación participó Lucila De Ponti, diputada nacional y una de las autoras de la ley. También estuvieron Andrea Lescano y Néstor «Yuyo» García, la mamá y el papá de Micaela García, la militante entrerriana del Movimiento Evita asesinada en 2017 a quien homenajea la ley. La capacitación será en tres etapas y empezará por los cargos directivos, tanto de rectorado como de cada una de las facultades e institutos. Se suma a las acciones que viene llevando adelante la UNR con el fin de construir una universidad más igualitaria y feminista.
La ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, fue aprobada en el Congreso el 19 de diciembre de 2018. Estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y disidencias sexuales para todas las personas que trabajen en la función pública en el Estado. La normativa creó el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres y está a cargo del Instituto Nacional de la Mujer. Según la ley, la formación y capacitación es para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía, forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. Deben cursar y aprobar todos los años. No hacerlo es una falta grave que lleva sanciones y les impide ascender a cargos superiores.
La UNR adhirió en marzo. La Legislatura de Santa Fe lo hizo el 12 de septiembre y Rosario avanzó en la misma dirección el 17 de octubre.
En todo el país
El acto de lanzamiento del plan de aplicación de la Ley Micaela fue este viernes a las 9 en la sede de gobierno de la UNR (Maipú 1065). Participaron Andrea Lescano y Yuyo García, quienes desde que se aprobó la ley recorren el país transmitiendo la visión con la que fue pensada.
De Ponti explicó que la ley Micaela surgió de un proceso social que se dio por fuera del ámbito del Congreso Nacional. Con el Ni Una Menos de 2015 los temas de género y diversidad sexual entraron en la agenda pública argentina como nunca antes. La lucha de los feminismos caló en las instituciones y encontró en el Parlamento la alianza para generar transformaciones sociales. “Para darle fuerza de estrategia parlamentaria construimos la ley con diputadas de distintos bloques. Las del oficialismo fueron fundamentales para generar consenso y eso fue indispensable para que tenga adhesión de todos los partidos políticos, votándose casi por unanimidad salvo por un voto, del diputado Carlos Olmedo”, contó.
Para De Ponti se viene dando un proceso muy fuerte de adhesión a la ley en todo el país. “Evidentemente era una ley que hacía falta. Universidades, municipios, provincias, sindicatos la están impulsando rápidamente. A nivel nacional, los poderes judicial y legislativo también avanzaron”, explicó la diputada y agregó que la dificultad aparece en el poder ejecutivo nacional: “Viene atrasado y me parece que tiene que ver con la subejecución de presupuesto que caracterizó a Cambiemos y con no priorizar este tema”.
Universidad Feminista
En diálogo con El Ciudadano, Florencia Rovetto, a cargo del Área de Género y Sexualidades de la UNR, explicó que la aplicación de la ley será en tres etapas. Primero será el turno de los niveles de gestión de rectorado, las facultades e institutos.
En un segundo nivel, capacitarán a integrantes de los niveles colegiados. “Los consejeros y consejeras son quienes se ocupan de tratar todas las resoluciones que se presentan y es importante que estén formados en género y diversidad”, dijo Rovetto.
La tercera etapa apunta al conjunto de comunidad universitaria a través de acciones de sensibilización. En ese nivel desde el Área van a articular con las referentes de género y feministas de cada una de las unidades académicas. “Hay muchos grupos de investigación y se han creado secretarías de género en muchas facultades. La idea es trabajar a través de sus referentes en la formación del personal”, agregó.
Para Rovetto la implementación de la ley Micaela aparece en el marco de las acciones que ya se hacen en la universidad. En los últimos años la mayoría de las facultades aprobó protocolos de acción en violencia sexista y el año pasado fue creado uno a nivel UNR.
“Lo interesante de la ley es su carácter de obligatoriedad. No nos vamos a capacitar sólo las personas vinculadas a esta temática sino que nos involucra a todes. La ley se suma a la potencia que nos había dado el Ni Una Menos de 2015 y todo lo que pasó desde entonces. Toda la agenda de los feminismos viene avanzando en este sentido y habla de una forma de construcción no punitivista. No es un taller aislado, sino que se generan políticas para institucionalizar todo lo que vienen a proponer los feminismos que apuntan a la transformación y erradicación de la violencia sexista, los femicidios y las desigualdades”, dijo la funcionaria.
Además de la Ley Micaela, la nueva gestión de la UNR a cargo de Franco Bartolacci puso a la agenda de género y diversidad como prioridad. En esa línea aparecen otras políticas como el cupo laboral trans, indicadores de género en la carrera docente, licencias por violencia de género y la discusión de la aprobación del lenguaje inclusivo.
Para Rovetto otra de las acciones fundamentales es el Programa de Promotoras Universitarias Contra la Violencia, que surgió en la Facultad de Ciencia Política y se extenderá a toda la UNR. Se trata de la capacitación a mujeres y disidencias para que sean replicadoras: “La experiencia y los diagnósticos nos dicen que son las mujeres y disidencias las que acompañan a quienes padecen violencia. Por eso es importante la tarea multiplicadora. Lejos de tener una mirada punitivita, las mujeres se animan a denunciar no para conseguir penas sino porque no quieren que les pase nunca más y ni le pase a otra”.
