A pocos días de cumplir diez años desde su recuperación, La Vigil (Gaboto 450) compartió con la comunidad una pieza audiovisual donde entrevista a algunos de los protagonistas de la institución desde su creación en los años cincuenta. Es el segundo año de trabajo sistemático para el armado de un archivo oral que dé cuenta de la historia de la institución ubicada en barrio Tablada.
Natalia García es una de las impulsoras de este proyecto y habló con El Ciudadano sobre el proceso de reconstrucción del Archivo Histórico de la Biblioteca Vigil: “Además de los documentos, una de sus partes fundamentales son los objetos que testimonian la historia de la Vigil. No solo aquellos de sus diferentes etapas tanto de nacimiento, crecimiento, expansión, la intervención militar, la liquidación y la despatrimonialización sino además de objetos y documentos de todo tipo —visuales, audiovisuales, documentales, etcétera— que toman muy en cuenta el trabajo de los testimonios, de la memoria oral de quienes fueron parte de esa historia, quienes fueron sus protagonistas. No solamente los que fueron parte de la Comisión Directiva, que suelen ser ellos los que aparecen en los relatos, sino también gente que estaba en áreas fundamentales”.
Los entrevistados son Omar Pérez Cantón, ex síndico de la Comisión Directiva; el arquitecto Horacio Quiroga, del departamento Construcciones; Rita “Tere” Rodríguez, programadora del Centro de Cómputos IBM; y Jorge Martí, director del Museo de Ciencias Naturales.
García planteó: “Tuvimos la suerte de entrevistar a todas estas personas que representan diferentes dimensiones de la enorme heterogeneidad de más de 30 secciones y departamentos que tuvo La Vigil antes de 1977”.
Marca esa fecha porque fue el 25 de febrero de ese año que efectivos de la Policía provincial al mando de Agustín Feced, además de agentes de la Marina y civiles profesionales, entraron al edificio y decretaron una “intervención normalizadora”. Eran los años del terrorismo de Estado en Argentina.
García enumeró aspectos importantes de este trabajo de reconstrucción que llevan adelante con dos integrantes más de la institución, Nadina Mottura y Micaela Pertuzzo: aportar prueba para las causas de delitos de lesa humanidad. contribuir a la construcción de conocimiento en disciplinas como la historia de la educación o la literatura en Rosario.
La Vigil además realiza visitas guiadas dirigidas al público general pero también las coordina con escuelas, como forma de fortalecer prácticas de memoria.
“Este trabajo permite aportar y saber más de la historia institucional que parece que es inacabada porque siempre nos sorprendemos muchísimo incluso personas que estamos hace mucho y que sabemos bastante del tema. Aporta al conocimiento de nuestra propia ciudad, región, país, desde muchos puntos de vista, de los climas de los 60 y 70 en términos intelectuales, artísticos, pedagógicos, literarios, de condiciones de producción, de mutualidad, de enseñanza y, por supuesto, de la pedagogía crítica, de la educación en general”, desarrolló.
Causas judiciales
La investigación por delitos cometidos contra La Vigil se divide en dos: por un lado los delitos contra la vida (persecución, secuestros, torturas contra la comisión directiva, docentes, alumnos, y demás integrantes de la comunidad Vigil) y los económicos.
Los secuestros de los integrantes de la comisión directiva ya obtuvieron su condena en la tercera y cuarta elevación de la megacausa Feced, que investigó y juzgó a la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la última dictadura. Feced fue el ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época.
En esa época se cometió también la quema de casi 50 mil libros, parte de lo que los organismos de derechos humanos llaman el genocidio cultural. La liquidación patrimonial de Vigil siguió de forma ininterrumpida hasta 2013, año que recuperaron la institución.
La liquidación patrimonial contra La Vigil todavía no se juzgó pero la causa que investiga estos delitos económicos hizo el primer pedido de indagatoria contra ocho acusados en agosto de este año. El expediente es 30/12DH por “robo calificado, extorsión, estafas, defraudaciones y otros”.
Para las y los integrantes de la institución “los crímenes cometidos contra su Comisión Directiva no pueden desarticularse de la destrucción y apropiación de bienes tasados en cifras millonarias con la complicidad de diversos ámbitos estatales y particulares en tiempos de dictadura y democracia”.
