El gerente y el jefe de mantenimiento del Laboratorio Apolo harán tareas comunitarias en una fundación de San Nicolás y pagarán 30 mil pesos para reparar los daños que ocasionó la caldera que estalló el 27 de junio de 2016 en Alem al 2900, donde una casa vecina quedó destrozada y varias personas resultaron heridas. El fiscal Walter Jurado pidió el sobreseimiento de dos de los dueños de la firma y la representante legal a cuenta de un arreglo económico con los damnificados. El juez Hernán Postma también accedió al pedido y falta el okey de la querella para ver si la causa se archiva. Además, el magistrado levantó la inhibición general que pesaba sobre los cinco imputados.
La explosión
Cerca de las 4.50 del 27 de Junio de 2016 una caldera del Laboratorio Apolo (Alem al 2900) explotó y destruyó una casa vecina ocasionando lesiones graves a varias personas. Una pericia técnica determinó que la falla fue humana y cinco personas terminaron imputadas. El primero fue Jorge Gómez, quién cumplía tareas de jefe de mantenimiento y foguista. El fiscal Jurado lo imputó por negligencia o inobservancia de los reglamentos y los deberes a su cargo. La explosión de la caldera ocurrió mientras estaba en funcionamiento y él estaba a cargo.
El gerente de la firma, Marcelo Ferre, también fue imputado por no cumplir con su deber de organización, vigilancia, distribución de funciones y selección de personal calificado para llevar adelante las tareas de conservación, mantenimiento y control de las calderas del laboratorio.
Para el jefe de mantenimiento y el gerente, la defensa encabezada por Arturo Araujo y el fiscal Jurado presentaron un pedido de suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año con ciertas reglas de conducta que deberán cumplir los implicados. Deben fijar un domicilio, someterse al control del servicio post penitenciario, realizar tareas comunitarias de mantenimiento, limpieza y colaboración en una fundación ubicada en la ciudad de San Nicolás y pagar 30 mil pesos en tres cuotas en concepto de reparación del daño.
El planteo fue admitido por el juez Postma previa aclaración que la suma depositada no implica la imposibilidad de las víctimas de continuar un reclamo por la vía civil.
Sobreseimiento
Respecto a Ariel García Furfaro y Damián García, ambos socios de la firma, y la representante legal Marcela Vozza –todos imputados por estrago culposo y lesiones graves– la Fiscalía pidió el sobreseimiento. Jurado dijo que no tiene interés en perseguir a estas tres personas por lo que dispuso el archivo y fue apoyado por la defensa de los imputados. Explicó que había un acuerdo sobre una reparación económica, un requisito legal necesario para un planteo de estas características. Si bien la defensa confirmó esta situación, ninguna de las partes aclaró sobre el monto que cobrarían las víctimas.
El juez Postma admitió el planteo, pero el sobreseimiento quedó a espera de la decisión de los ocho querellantes representados por el abogado Ignacio Carbone. Si bien estaban notificados no se presentaron en la audiencia de este lunes. Tienen, siempre según dijo el juez, 60 días para sumarse al pedido o seguir con el juicio ya sin la Fiscalía. Si en dos meses no instan a una acción los imputados quedarán desvinculados del caso.
La Fiscalía y la defensa solicitaron el levantamiento de la medida cautelar a los imputados: la inhibición general, lo que fue levantado por orden del juez Postma.
