Los fiscales Gerardo Pollicita y Sergio Rodríguez apelaron la resolución del Juzgado Federal Nº6, que declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados, a quienes se les atribuye la venta irregular de las tierras que rodean al Lago Escondido, en Río Negro. Entre los pobladores de la región patagónica existe un histórico malestar con el magnate inglés Joseph «Joe» Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. En 1996, el multimillonario empresario británico adquirió 11 mil hectáreas en la cordillera rionegrina y vedó el acceso al lago.
Pollicita y Rodríguez recurrieron el fallo de Rodolfo Canicoba Corral, ante la Cámara Federal. Allí consideraron que la decisión cuestionada agravia al Ministerio Público Fiscal por cuanto culmina con la pretensión punitiva respecto de los imputados y que debería ser revocada.
En esta línea, pidieron que se declare vigente la acción penal respecto de la totalidad de los acusados: para ello sostuvieron que «con motivo de la suspensión que operó como producto de los cargos públicos que ocuparon algunos de ellos, no ha transcurrido el plazo máximo de la pena prevista para el delito que se les imputa: seis años».
Lewis mantiene cerrado el camino de Tacuifí desde que compró las tierras, hace más de 20 años. Son 11 mil hectáreas que rodean Lago Escondido, lugar en el que construyó la mansión y las instalaciones que el presidente Macri ha utilizado en sus vacaciones, en calidad de invitado especial.
El MPF concluyó que los representantes de la empresa Hidden Lake, la escribana interviniente en las operaciones y los funcionarios públicos de la Unidad de Proyectos de Radicación de la Superintendencia Nacional de Fronteras y del Registro de la Propiedad Inmuebles de Río Negro, actuaron en todo momento con el objeto de eludir la normativa vigente en materia de asignación de inmuebles rurales en zona de seguridad de frontera, ya que la sociedad que habría de adquirir las propiedades no reunía las condiciones establecidas, al tratarse de una firma extranjera cuyo presidente no prestaba un comprobado arraigo en Argentina.
La relación entre Macri y Lewis no es un secreto. El presidente la ha defendido públicamente, como ha asumido también la defensa del multimillonario, al que describe como un empresario que colabora desinteresadamente con el país. Ha tomado incluso como propios los argumentos de Lewis para mantener cerrado el acceso al camino del lago.
«De este modo la asignación de más de 10 mil hectáreas a Hidden Lake S.A claramente vulneró el principio de conveniencia nacional que debía regir la actuación de la administración pública, la que fue desviada en beneficio de los empresarios para configurar una maniobra que encontraría adecuación típica prima facie en el delito de negociaciones incompatibles», agregaron.
Como el cierre del camino, también el modo en que Lewis adquirió las más de 11 mil hectáreas ha sido denunciado: existe una causa judicial sobre la compra que tiene como imputados al hijo mayor del magnate, Charles Lewis, y a varios funcionarios que en 1996 operaron en favor de esta adquisición.
Los hechos investigados
Los sucesos que originaron la pesquisa habrían ocurrido entre 1996 y 1997, oportunidad en la que, según la acusación, cerca de 11 mil hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile, en el sur de nuestro país, ricas en recursos y bellezas naturales, pasaran a manos extranjeras, concretamente a propiedad de Charles Lewis. Ello en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación.
En efecto, en la denuncia que inició la causa se indicó que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros.
Sin embargo, para lograrlo, se habrían realizado maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó.
En la causa están imputados los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario Charles Lewis.
