Después de años de lucha, la familia Marinucci-Gobbo sufrió este martes a la mañana el desalojo de su casa de parte de la Fundación Bigand, con el fin de expropiar las tierras que la familia trabaja desde hace más de 100 años. La orden había sido dada por el juez de Cañada de Gómez, Sergio Verdura, y ejecutada por la jueza comunal de Bigand Carolina Mozzi, ex directora del Instituto de la Mujer en Rosario durante la gestión de Mónica Fein. Legisladores provinciales acompañaron a la familia, que sufrió una descompensación física ante un operativo de gran magnitud que incluyó más de 50 efectivos y 7 patrulleros de la fuerza de seguridad provincial.
“Estamos en la tranquera porque la jueza no nos permite el ingreso al campo para representar a la familia que ya fue desalojada. Es un operativo desmedido que contó con más de 50 efectivos, 7 patrulleros y policía motorizada para desalojar a dos personas de más 60 años con problemas de salud. Evidentemente se buscó que sea una acción disciplinaria. La mayoría de los desalojos se llevan adelante con una instancia de diálogo de forma pacífica y se llama a la fuerza en caso de resistencia. En este caso, directamente se presentó la fuerza pública. A Sandra la sacaron esposada y terminó con su marido en el hospital”, dijo la diputada provincial del Movimiento Evita Lucila De Ponti a LT8, y agregó: “Conociendo los antecedentes de la jueza Mozzi hubiera esperado otra actitud con una familia que sólo reclama seguir habitando y produciendo en las pocas hectáreas que le quedan. Volvemos a ver la peor cara del Ejército y la Justicia. Siquiera discutimos la cuestión de fondo, sino la forma del desalojo que nos parece de una crueldad absoluta”.
La diputada provincial Dámaris Pacchiotti, del bloque Ciudad Futura, también estuvo presente en la jornada y coincidió con De Ponti en cuestionar la magnitud del operativo que comenzó a primera hora de la mañana de este martes. Las diputadas habían presentado un proyecto para que el gobierno provincial intervenga y proteja a la familia Gobbo-Marinucci que fue aprobado por unanimidad.
“Lamentablemente se produjo lo que no queríamos, que fue el desalojo. Esta lucha es la vida de esta familia. Oscar nació en esta casa y hace más de 100 años que su familia trabajaba esta tierra. Todos los poderes del Estado acordaron desalojar a dos personas de 60 años de su vivienda única a la luz del día con un operativo de dimensiones desconocidas, que excedió a las fuerzas de seguridad local, con lo compleja que es la situación de seguridad en la provincia”, expresó Pachiotti.
Desde el Foro Agrario repudiaron el desalojo. “Quienes administran la fundación desalojaron y les están robando la tierra que por derecho les corresponde a la familia Gobbo-Marinucci, una de las pocas familias agricultoras viviendo y produciendo la ruralidad del sur santafesino”, difundieron en un comunicado y exigieron la reglamentación de la ley nacional de agricultura familiar 27.118.
Por su parte, el legislador Carlos Del Frade expresó que el desalojo “remarca la existencia de un sistema judicial clasista e indiferente ante la realidad social”. “Mientras se pide emergencia agropecuaria, miles de pequeños de productores terminan exiliados del campo de sus abuelos como consecuencia de la concentración de tierras en pocas manos. Nuestro abrazo permanente para Sandra y Oscar y nuestro decidido enfrentamiento contra los socios del privilegio que se creen dueños de la provincia y el país. Esta injusticia es parte del mismo sistema capitalista que multiplica la violencia”, señaló.
El Foro por un Programa Agrario había organizado un acampe solidario para este miércoles pero según allegados a la familia, la Justicia y la Policía se anticipó y ordenó el desalojo.
Historia de lucha
Los Marinucci son la cuarta generación que trabaja las tierras que les alquilaba Víctor Bigand, el fundador de este pueblo del departamento Castellanos. El 27 de diciembre recibieron una orden de desalojo a pedido de la Fundación creada tras la muerte de la última heredera, que el juez de Cañada de Gómez Sergio Verdura autorizó.
Tras la muerte de Mercedes Bigand, la última heredera y sin descendencia, las 3.500 hectáreas pasaron a manos de una Fundación creada para fines solidarios, sin afectar la situación de los campesinos. La entidad fue creada en 2005 pero con varias irregularidades: según denunciaron las familias, el abogado que hizo la sucesión se quedó con 810 hectáreas. Tampoco les permitieron acceder al testamento que establecía la supuesta administración de las tierras por parte de la Fundación, de la cual denuncian hostigamiento y amenazas para quienes trabajaron las tierras por casi un siglo.
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El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que resolvió que la familia Marinucci no estaba amparada por la ley provincial Nº 13.666 que impide los desalojos en la provincia, y ante la falta de reglamentación de la ley nacional Nº 27.118 de reparación Histórica para la Agricultura Familiar la familia quedó desamparada.
En paralelo, los Marinucci interpusieron un recurso en la Corte Suprema nacional pero el juez de Cañada de Gómez, Sergio Verdura firmó el desalojo solicitado por la Fundación. “No tuvo en cuenta la posibilidad que la Corte revierta la situación sabiendo que la Fundación va a pasar por una topadora esta casa que tiene 100 años para sembrar soja. Le pedimos que ponga el corazón en sus resoluciones y entienda que genera jurisprudencia ya que hay campesinos, huerteros, pescadores de todo el país avasallados por poderes económicos”, dijo Sandra.
De las 58 hectáreas que tenía la familia, se quedaron apenas con 8 tras una primera orden de desalojo en diciembre de 2020. El 27 de diciembre de 2022, recibieron la orden del juez Verdura por la que debían abandonar la casa en un plazo de 15 días corridos. La fecha, tras la feria judicial, se cumplió el pasado 1° de febrero.
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