Un informe del bloque parlamentario del diputado Carlos del Frade planteó un panorama alarmante sobre las condiciones del ambiente en Santa Fe. En ese sentido, presentó una iniciativa en la Cámara baja de la Legislatura provincial interrogando al Ejecutivo santafesino sobre escenario planteado.
Ahora bien, en Santa Fe existe una pérdida del 82 por ciento de los bosques y montes naturales; el 38,6 por ciento de la población no tiene acceso a cloacas; el 14,4 por ciento no cuenta con agua corriente; solamente fue controlado el uno por ciento de las industrias que vuelcan sus desechos al río Paraná; se comercializan 3.812 productos fitosanitarios con mayor peligrosidad que el glifosato; que la temperatura promedio está por encima de la media nacional debido al modelo productivo extractivista y solamente el 0,12 por ciento del presupuesto provincial está destinado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
El escenario es desalentador. Para Del Frade, “la matriz del ecocidio de La Forestal sigue vigente en la provincia, consecuencia de la resignación política ante el poder económico regional y multinacional”.
Para respaldar la posición del legislador arrojó los siguientes datos: 659.438 personas empobrecidas en Santa Fe, un territorio que produce 50 mil millones de dólares y exporta 20 mil millones de dólares por año. El 38,6 por ciento sin cloacas; el 14,4 por ciento sin agua corriente a pesar de vivir en un mapa recorrido por más de ochocientos kilómetros por el río Paraná y 48,2 por ciento sin gas de red; “tríptico que marca las condiciones socioambientales adversas para grandes sectores de la población”, apuntó el diputado.
En relación al Río Paraná, que “en promedio tiene un caudal de unos 17.000 metros cúbicos por segundo, este año cayó hasta los 7.000 m3/s, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800m3/s, registrado en 1944. Por ese motivo, en julio pasado el Gobierno declaró la «emergencia hídrica» por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. Pero además de los problemas ambientales, logísticos y de aprovisionamiento de agua, la bajante dejó al descubierto otra cosa, “decenas de caños por donde se vierten desechos al río que con los niveles normales estaban bajo el agua, ocultos a la mirada pública y lo que es aún más grave al control”, añadió.
Asimismo, remarcó: “Los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca, se pueden observar caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos”.
Según pudimos contabilizar -profundizó el diputado- existen cerca de 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales. Por fuera de los desague cloacales y pluviales, decenas de empresas vuelcan residuos industriales al río. Entre las que pudimos observar y documentadas se encuentran: Acindar, ADM Arroyo Seco, Dreyfus Gral Lagos, Cargill Gral Lagos, Basf, Malteria Holandesa; Cargill Punta Alvear; Paladini; Swift; Matievich; Unidad 6; Terminal Puerto Rosario; Celulosa; Molinos; Vicentin; A.C.A; Axion Energy Destileria; YPF Destileria; Bunge; YPF Fertilizante; Cofco ( ex Nidera); Renova y las centrales Termo eléctrica Vuelta de Obligado y General San Martín.
«A esta contaminación que sufre el Paraná hay que sumarle el deterioro que sufren sus barracas como consecuencia de la profundización del dragado de la vía troncal, más pensada para las multinacionales que para las poblaciones que producen las riquezas que luego se exportan por allí”.
Por otro lado “la provincia sigue sufriendo la democratización del veneno”, continuó con sus descripción el diputado.
La Sociedad Argentina de Pediatría publicó una investigación titulada “Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil”, en junio de 2021. Sostiene que en los últimos años el mercado argentino de agroquímicos aumentó de 100 mil Kg/litros en 1996 a 520 mil para el año 2018 pero que los plaguicidas comenzaron a utilizarse en los años cincuenta, fundamentalmente los herbicidas como el 2,4 D y los insecticidas clorados como el DDT y el clordano, especialmente en la lucha contra la langosta. Se remarca que el “proceso de modernización de la agricultura se incluye dentro de un proceso más amplio que es el de Artificialización de la naturaleza”. Hoy los pesticidas inciden en la vida de 12 millones de personas, entre ellas, tres millones de niñas y niños. En la Argentina del presente, pensada más de afuera que desde sus entrañas, hay 107 plaguicidas prohibidos en todo el mundo pero que se usan en estos atribulados arrabales del mundo.
En la provincia de Santa Fe, como en otros territorios argentinos, de los 5264 productos comerciales de agroquímicos 55 son clasificados con la categoría la, 20 son con la categoría lb, 1447 con la categoría II y 2290 con la categoría III; por lo que 3812 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto. Estos productos son vendidos en la Argentina por 338 empresas. “El problema es político y queda resumido en los anoréxicos números del presupuesto destinado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, complete el diputado Del Frade.
