La reciente reimposición del velo integral en Afganistán rompió con las esperanzas de un Gobierno talibán tolerante hacia las mujeres y supuso el quiebre definitivo de 20 años de derechos femeninos en el país, suprimidos poco a poco por los fundamentalistas a partir de su llegada al poder en agosto pasado y más radicalmente desde que la comunidad internacional concentra su atención en la guerra en Ucrania.
La orden para que las mujeres cubran por completo su cuerpo y rostro en público fue decretada hace una semana por el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, quien consideró al burka -que solo tiene una mirilla a la altura de los ojos- como la opción más adecuada, al tiempo que instó a las afganas a «mejor» quedarse en sus casas.
En caso de incumplimiento, la norma sostiene que los «guardianes» varones serán reprendidos por las autoridades y podrían incluso ser encarcelados, mientras que las empleadas públicas serán despedidas.
Una decena de mujeres, la mayoría con la cara descubierta, se atrevieron a protestar en las calles de la capital contra la medida, pero enseguida fueron dispersadas por los fundamentalistas islámicos.
Esta interpretación radical de la ley islámica fue también condenada por la ONU, numerosos países occidentales y activistas, como la exparlamentaria afgana y ahora exiliada Naheed Farid, quien la tildó en las redes como un «símbolo del apartheid de género».
La imposición del velo integral es el summum de una serie de restricciones contra la libertad femenina impuestas gradualmente por los talibanes, pese a sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la brutal represión de su primer Gobierno (1996-2001).
Durante sus nueve meses en el poder, las 19 millones de afganas se vieron excluidas del empleo -salvo algunos trabajos específicos como sanitarios o de enseñanza- y privadas de la educación secundaria y la práctica deportiva, además de estar segregadas en los espacios públicos y no poder viajar solas.
«Es como si las borraran de la sociedad. Están siendo enterradas vivas, confinadas entre muros», dijo a Télam Victoria Fontan, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Americana de Afganistán (AUAF).
Tras vivir tres años en el país, esta académica francesa tuvo que abandonarlo con la vuelta al poder de los talibanes, que ocuparon el campus de la AUAF en Kabul, pero continúa su labor universitaria en línea.
Aunque el centro de estudios ha ubicado a centenares de sus estudiantes en filiales de países vecinos, una parte importante permanece aún en Afganistán e intenta continuar su formación pese a la creciente pérdida de libertades y los recurrentes cortes de luz.
«Las estudiantes se sienten ahogadas y están completamente desesperadas. Sienten que están reviviendo la pesadilla de los 90 de la que le hablaron sus madres y abuelas», expresó.
Este tipo de restricciones son ajenas para muchas de las jóvenes afganas, que crecieron en un país bajo la ocupación de Estados Unidos y sus aliados (2001-2021) en el que la lucha por los derechos de las mujeres fue una prioridad y gozaron de oportunidades educativas, laborales y políticas más allá de la inestabilidad reinante.
En agosto pasado, el regreso de los talibanes hizo temer la instauración de un nuevo régimen represor, especialmente con las mujeres, a las que no dudaron en humillar y ejecutar durante sus años previos en el poder por infringir su interpretación radical de la ley islámica.
Pero las ansias de reconocimiento y ayuda internacional llevaron esta vez a los extremistas a moderar su discurso y garantizar el respeto de los derechos de todos los afganos, una promesa que fueron abandonando ante el estancamiento de las negociaciones internacionales y, sobre todo, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
«Ya no queda ningún derecho a sacar a las mujeres. Estamos claramente en el mismo tipo de régimen, la única diferencia es que ahora los talibanes dan entrevistas y tuitean», señaló la responsable de la AUAF, quien estimó que el futuro será «cada vez más oscuro».
Con el foco puesto en la guerra en Ucrania, Afganistán quedó en un segundo plano para la comunidad internacional, a la que Fontan responsabilizó por la degradación de las libertades en el país asiático.
A su juicio, los talibanes están tomando partido de este contexto y aprovechando «como nunca» la ocasión para implementar sus políticas regresivas.
Una situación que podría empeorar la grave crisis económica que enfrenta el país, donde casi 20 millones de los 39 millones de habitantes pasan hambre, según cifras de Naciones Unidas.
La vuelta al poder de los fundamentalistas supuso un drástico recorte de la ayuda internacional -condicionada por los países occidentales al respeto de los derechos humanos- y el bloqueo de los activos del Gobierno afgano por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Una escasez de fondos que se vio perjudicada por el impacto en el crecimiento de las restricciones al empleo femenino, que según ONU Mujeres provocaron pérdidas económicas inmediatas de hasta 1.000 millones de dólares o hasta el 5% de la producción económica del país.
Con más de la mitad de la población que necesita asistencia humanitaria y en un contexto de inseguridad alimentaria y desnutrición, «las últimas restricciones hacen que los intentos de recuperación sean más difíciles, sino imposibles», indicó en un comunicado Sima Sami Bauhaus, directora ejecutiva del organismo.
Una opinión compartida por Fontan, quien subrayó que esta situación probablemente derive en «cero inversiones» extranjeras y, por lo tanto, no habría ningún incentivo para que el Gobierno talibán asuma compromisos con la comunidad internacional. «Si el país se repliega a nivel económico, las mujeres sufrirán aún más», recalcó.
La académica advirtió, asimismo, que el vacío dejado por los países occidentales en Afganistán está siendo ocupado por China, que negocia con los extremistas para explotar los recursos naturales y extraer su preciada riqueza mineral, clave para la transición energética y climática.
«Va a ser un régimen totalitario con una élite intelectual y político-religiosa que va a beneficiarse de este acuerdo con China, que es totalmente indiferente a los derechos humanos, mientras el resto de la población simplemente sufrirá», opinó, tras recordar que los jefes talibanes tienen una vida totalmente distinta a la del resto del país e incluso educan a sus hijas.
Para la también especialista en temas de paz y conflictos, Afganistán se encuentra actualmente en un «punto de no retorno» a nivel estratégico respecto de su futuro, en el que los opositores al Gobierno dudan entre ampliar la resistencia armada o esforzarse para seguir hablando con los talibanes.
«Creo que lo importante ahora es seguir presionando desde el exterior a los talibanes en relación a ese reconocimiento que tanto necesitan. Hacerles entender que el apoyo chino no es suficiente y que van a necesitar otros apoyos de la comunidad internacional. De lo contrario, será un infierno para las mujeres», concluyó.
