Se contaron más de 3.700 denuncias por violencia de género en la provincia de Santa Fe en un cuatrimestre, el que va de mayo a agosto últimos. Son 31 gritos de auxilio por día, en promedio, de acuerdo a las cifras que construyó el Registro Único de situaciones de violencias hacia las mujeres (Ruvim). Es el primer informe desde su creación, el año pasado. Si estos datos preocupan, mucho más lo es saber que muchos casos no llegan a conocimiento del Estado y por eso no pueden contabilizarse. Hay más: la carga de la información está en pleno proceso de ajuste con otras áreas públicas, por lo que también allí hay un subregistro.
En conclusión: el cuadro real es más dramático de lo que expresan estos primeros números oficiales. El Ruvim, a medida que avance en su sistematización, dará una imagen más ajustada del problema –uno de sus objetivos– y será clave para mejorar políticas públicas que ataquen esta expresión, entre otras, de las desigualdades sociales apuntaladas por la violencia.
El registro depende de la Subsecretaría de Políticas de Género, creada por decreto en 2016. El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) es el que ordena los datos y les da rigor estadístico.
La tarea es ardua. ¿De dónde provienen los datos? Son las denuncias presentadas en variadas agencias del Estado, pero su aporte no es inmediato. Mediaron, y hay trabajo por hacer al respecto, instancias para sensibilizar y capacitar a quienes tienen que detectar hechos de violencia de género, a veces explicitados pero en muchos casos ocultos, para volcarlos al Ruvim.
Faltan sumar muchas áreas a los cómputos, admite Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe. Y esto explica que en esta etapa inicial haya que tomar con pinzas algunas cifras. Por ejemplo, el desglose del origen de las 3.692 denuncias registradas indica que un 66% fueron en sede policial, y menos del dos por ciento en la Justicia, en tanto que un 26 por ciento provinieron del área de salud, más preparada para interpretar en clave de género consultas que en otras épocas engrosaban los hechos de violencia a secas. Lo cierto es que aún falta reclutar fuentes. Por ejemplo, explica Sosa a El Ciudadano, desde la Justicia hoy cursa información sistemática sólo el fuero penal, a través del Ministerio Público de la Acusación. Un número de casos que estiman significativo queda fuera porque se explicita en el ámbito civil, como son los Tribunales de Familia, que todavía no aportan al registro. Algo similar ocurre con los datos provenientes de la Policía: se reciben los de las Comisarías de la Mujer. Lo que buscan, en este sentido, es que las otras seccionales reenvíen a las primeras la información de las denuncias que atienden. Lo anterior lleva a que lo que se obtenga, por el momento, sea un subregistro.
Otras fuentes de las que se nutre el Ruvim son los relativamente recientes Centros Territoriales de Denuncias, desplegados en los barrios.
Una decisión política
Sosa justifica de todos modos la publicación de este primer informe, cuyo poder interpretativo es restringido. Explica que es una decisión política cuyo norte es movilizar a todos los rincones del Estado provincial para que se sumen a la tarea del registro con el aporte de la información que poseen sobre violencia de género. La funcionaria avisa que no es fácil. A las competencias técnicas que requiere construir datos sistematizados se agrega la sensibilidad necesaria para detectar los casos.
Invisibles
A esto se suma otra dificultad, aunque desde hace unos años abordada por las políticas públicas y desnudada por el trabajo de organizaciones de la sociedad civil con voz cada vez más amplificada: la naturalización histórica de los actos violentos contra las mujeres por su condición de tal los hacen invisibles para quienes los sufren, que así no se reconocen víctimas ni ejercen su derecho a denunciarlos. Esto se da más, explica Sosa, en los extremos norte y sur de la provincia. Y tiene que ver, por añadidura, con la desconfianza en el Estado como garante de la seguridad.
Con todos estos escollos, insiste la funcionaria, el registro avanza y se propone sumar, incluso, otros apartados a medida que consigan masa crítica de información. No es sumar números a un costado de las personas, sino armar una herramienta confiable para diseñar mejores políticas públicas.
