En una entrevista con Antonio Laje y en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei afirmó sin más que la ley de reforma a las actualizaciones jubilatorias aprobada por el Congreso implica una deuda para el Estado de 370 mil millones de dólares. Apenas, ante una repregunta del periodista, argumentó que era un «calculo a perpetuidad» que, sin embargo, compara con cifras anuales. Otro cálculo, fuera del universo de números descontextualizados e incontrastables, hizo la Defensoría de la Tercera Edad: más de 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza.
Ante ese escenario, gran parte de los mayores debe recibir ayuda de los hijos u otros familiares. En medio de la pelea entre el Gobierno y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la situación de los jubilados en la Argentina es crítica según las estimaciones del organismo público.
Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los 800.000 pesos mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de 225.497,54 pesos. Incluso con el bono de 70.000 pesos, que eleva el ingreso de piso a 295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza. A esa indeseada pertenencia al sector más vulnerado se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo 220.000 pesos mensuales.
Semino dijo que la situación económica de los jubilados se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos de ellos. En esa línea, agregó que entre el 80% y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud. Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.
