Una denuncia por un caso de abuso y conductas inapropiadas en una escuela de zona oeste, que terminó con la detención preventiva de un docente, encendió la alarma sobre los casos que a diario pasan por Tribunales. Es que las denuncias por delitos contra la integridad sexual se duplicaron en los últimos tres años. En el 60 por ciento de los casos se trata de abusos sexuales y en el 80 por ciento de los hechos las víctimas son niños y adolescentes. A su vez, en la mayoría de los casos el abusador pertenece al círculo íntimo de la víctima.
Este lunes a la mañana, el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Matías Ocariz, intervino ante una denuncia de abuso y conductas impropias que sucedían en la Escuela Gendarmería Nacional ubicada en Deán Funes y Constitución. Ocariz se hizo presente en el lugar junto a personal especializado para el abordaje de menores de edad para corroborar datos y tomar testimonios a personal del colegio. Luego de distintas medidas investigativas, ordenó la detención de un docente de la institución. La audiencia imputativa se llevará a cabo este martes a la mañana. Hay medidas en reserva en relación a los menores y los detalles del caso se reservan para el momento de la audiencia, según explicaron desde la Fiscalía. Según contó una docente a Radio Dos los padres de uno de los niños entraron a la escuela y golpearon al docente.
Datos
Según los datos que brindó el fiscal Ocariz, en los últimos años hubo un incremento importante en las denuncias. En 2013 había 1,4 denuncias diarias por delitos contra la integridad sexual, hoy el promedio es de 2,2, es decir que hubo un aumento de un 50 por ciento. El fiscal sostuvo que en el verano hay un mayor caudal de denuncias, y llegan casi 3 presentaciones por día.
Para el funcionario hay varios factores que llevaron al aumento de las denuncias, y no necesariamente que el alza se deba a una mayor consumación de este tipo de delitos ya que siempre hubo “una cifra negra enorme, cercana al 90 por ciento”, dijo refiriéndose al número de casos que no llegan a conocerse en ningún despacho. Y entiende que hay factores que incidieron en el mayor caudal de denuncias: “Tiene que ver con los medios de comunicación”, señaló Ocariz en relación a la difusión de este tipo de hechos que determina que más personas se animen a denunciar. “Se empezó a visibilizar mucho más la problemática –continuó el funcionario– tanto por las noticias como por campañas de concientización, son cuestiones que hay que denunciar, no silenciar”. A ello sumó el abordaje integral, interdisciplinario, de este tipo de conducta, así como la existencia de una unidad especial para afrontarlos y los resultados que se obtienen en las investigaciones, lo que genera más confianza para denunciar, detalló.
El abuso sexual es una problemática difícil de investigar, en especial cuando tiene como víctima a un niño o un adolescente. El fiscal Ocariz explicó que dentro de los delitos contra la integridad sexual, el 60 por ciento de las denuncias son abusos sexuales. De ellos, en el 80 por ciento de los casos, las víctimas son niños o adolescentes.
Pornografía
En cuanto al delito “pornografía infantil”, el fiscal Ocariz sostuvo que hay reportes que llegan todas las semanas, y afirmó: “A nivel provincial podemos estar hablando como mínimo de un caso por día”. El reporte identifica el ingreso a la red social por el IP de la computadora. A través de las empresas proveedoras de Internet, se puede determinar a qué domicilio fue designado ese IP, aunque aclaró que no todas las empresas tienen la posibilidad de identificarlo. Generalmente, este delito que consiste en hacer circular, publicar, facilitar o divulgar imágenes de menores de edad en actividades sexuales explícitas o cualquier representación de sus partes genitales con fines sexuales, se reproduce en cíbers y no todas las veces puede recuperarse el material.
Esos reportes llegan a través de la organización conocida como Missing Children, la que tiene un convenio con el gobierno estadounidense, avalado por el Congreso de ese país, y obliga a las redes sociales a reportar a esta organización la aparición de publicaciones relacionadas con pornografía infantil, detalló el funcionario. Luego de identificar la IP, desde la ONG notifican a la Fiscalía de Buenos Aires, que remite a la autoridad local la información, en este caso el Ministerio de la Acusación.
