Mauro Federico/ puenteaereodigital
Cuando ya nada parecía sorprender a la opinión pública norteamericana que había presenciado, en menos de cinco años, el derrumbe de un gobierno acusado de espiar opositores y la tragedia de Vietnam, un libro de investigación generó una conmoción que traspasó las fronteras de los Estados Unidos y se transformó rápidamente en best seller mundial. El triángulo de las Bermudas, fue el título de aquella obra escrita por Charles Berlitz, veterano escritor sensacionalista neoyorquino que cimentó el mito alimentado por décadas, que refería la existencia de una zona en el mar Caribe donde desaparecían misteriosamente todo tipo de naves, tanto marítimas como aéreas.
Según aquella investigación, basada en datos que combinaban realidad con fantasía, la zona –situada entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami– era una especie de vórtice que absorbía a todos los barcos o aviones y los hacía desaparecer sin dejar rastros. Si bien los análisis menos fantasiosos apuntan a que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar los más de cien siniestros registrados durante el siglo XX, nadie se anima a cuestionar el carácter misterioso de muchas de esas desapariciones, de las que no quedaron ni vestigios.
Durante sus cuatro años de gobierno, Mauricio Macri puso en funcionamiento una especie de triángulo de las Bermudas conformado por tres dependencias públicas cuya misión fue combatir la “corrupción kirchnerista”. Y direccionó los ataques de este tridente con el claro objetivo de avanzar sobre determinados objetivos, en su gran mayoría militantes, ex funcionarios y empresarios a los que se acusó de malversación de fondos públicos destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión impositiva. “Cualquiera que entrara en el radar macrista como enemigo, era víctima de un carpetazo configurado con datos surgidos de registros públicos, pero manipulados por estos funcionarios, con el claro objetivo de formar una causa judicial”, aseguró una abogada que defiende a un ex funcionario del kirchnerismo.
La trilogía de organismos utilizados para este fin estuvo conformada por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) y los responsables de estos entes a cargo del trabajo sucio fueron Leandro Cuccioli, Mariano Federici y Laura Alonso, respectivamente. El mecanismo consistía en armar grupos de tareas que se encargaran de efectuar un minucioso seguimiento de los targets señalados, a los que se les buscaba el punto débil donde poder golpearlos. A partir de esta detección, se producía un intercambio de información entre las dependencias de control impositivo y de lavado de activos que permitía el armado de carpetas donde se puntualizaban las “irregularidades” cometidas. Posteriormente, los hallazgos eran evaluados con ojo jurídico para determinar la posible comisión de delitos que permitieran avanzar en las denuncias correspondientes.
La siniestra trama comenzó a quedar al descubierto cuando esta semana, un funcionario de la AFIP que declaró como testigo en el juicio oral por la causa Oil Combustibles, aseguró ante el tribunal que existió durante el macrismo un comité de control ilegal para monitorear a la empresa que por entonces pertenecía a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Se trata del jefe de Departamento de Investigaciones de Grandes Contribuyentes, Jorge Schiaffini, quien declaró como testigo y debió hacer ingentes esfuerzos para describir el mecanismo sin autoinculparse. El funcionario aseguró que existía un comité de control enfocado a examinar todas las actividades fiscales de la empresa Oil Combustibles y al Grupo Indalo. Además dijo no tener conocimiento de un caso similar dentro del organismo.
Dentro de la AFIP operaba una unidad especial que integraban el propio Schiaffini, el Jefe de Grandes Nacionales, Eliseo Devoto; la subdirectora de Coordinación Técnico Institucional, Jimena Latorre, y Marina Lamagrande, jefa de Dictámenes Jurídicos, cuya finalidad principal era producir material para abastecer al fiscal Federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa Oil. Durante la audiencia quedó claro que todos los funcionarios de la AFIP actuaban siguiendo directivas que emanaban de la Casa Rosada, más precisamente del despacho del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien tenía el control político del organismo.
Cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus tantas declaraciones como imputada/procesada en causas federales, denunció la existencia de una “mesa judicial de Cambiemos”, muchos dentro de la agencia recaudadora entendieron para quiénes y con qué objetivos habían estado trabajando durante la gestión macrista. “Actuaron como un poder paralelo para realizar diversos delitos”, sostiene el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau en diálogo con #PuenteAereo. “Se trata de una asociación ilícita que indiscutiblemente estaba encabezada por Macri y que integraban miembros del gabinete como Pablo Clusellas(ex secretario Legal y Técnica), Germán Garavano (ex ministro de Justicia), Bernardo Saravia Frías (ex Procurador del Tesoro), y varios operadores judiciales como Fabián Rodríguez Simón, José Torello y Daniel Angelici”. El legislador del oficialismo no duda que “de ese grupo de tareas salían todas las órdenes de la persecución a periodistas, dirigentes políticos y sindicales” y que “se reunían para dirimir quién iba quebrar a tal testigo o quién iba a apretar a tales jueces”.
El todavía titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Mariano Federici, es otro de los vértices del trío carpetazo. Junto a su vice, María Eugenia Talerico, fueron cuestionados por provenir de ámbitos más ligados al amparo de las prácticas de lavado de dinero que a su intención de combatirlas. Federici se desempeñó durante más de una década en el Fondo Monetario Internacional, mientras que su segunda trabajó en el riñon del HSBC, entidad bancaria que estuvo varias veces involucrada en hechos donde no informó sobre maniobras sospechosas de lavado de activos. De hecho hace algunas semanas, ambos funcionarios fueron denunciados penalmente por haber encubierto supuestas operaciones donde se blanquearon fondos provenientes del narcotráfico mediante maniobras amparadas desde la UIF.
El organismo cumplía un rol clave en la trilogía acusadora de Cambiemos porque mediante informes aportados a requerimiento de los juzgados Federales, convalidaban con datos las supuestas maniobras ilegales de los grupos e personas a los que se pretendía inculpar. “Era habitual que se pidieran reportes de operaciones sospechosas para corroborar hipótesis que debían cerrar sí o sí en la AFIP para luego ser enviadas a la justicia como prueba irrefutable de la supuesta irregularidad”, confió una fuente tribunalicia.
Oportunidad desperdiciada
Es indudable que uno de los motivos por los que la ciudadanía argentina le otorgó a Cambiemos la posibilidad de gobernar, fue por la expectativa de que esta fuerza política llevára adelante un proceso de investigación sólido respecto a los hechos de corrupción acontecidos durante la década kirchnerista. Sin embargo, su mala praxis consolidó el avance de causas con procedimientos forzados –lo que habilitaría el escenario de futuras nulidades– y terminó por sembrar la sospecha cierta de que nunca puedan conocerse a los verdaderos responsables de los supuestos delitos.
En este contexto, es importante señalar que la Oficina Anticorrupción cumplió un papel lamentable de la mano de una ultra macrista como Laura Alonso, quien termina procesada por razones nimias antes que cuestionada por su manifiesta incapacidad para obtener resultados ciertos en el manejo de la dependencia.
Causas judiciales armadas en base a testimonios truchos, intervención irregular de los servicios de inteligencia en la búsqueda de pruebas, procedimientos judiciales de dudosa legalidad, forman parte del inventario que deja una gestión que llegó con ínfulas de corregir los atropellos del pasado y solo terminó profundizándolos.
