A casi nueve meses de la aprobación de una ordenanza que busca transparentar los gastos y el cobro de las expensas, la iniciativa aún no se pone en marcha. Entre otros puntos, la idea es que comience a usarse un formulario único para la liquidación y que también se bancaricen ingresos y pagos de administradores y consorcistas. Pero en la práctica nada de eso sucede. En ese marco, los gastos centrales volvieron a subir en el inicio del segundo semestre con el ajuste salarial (entre otros costos) de los porteros. Y el aumento ya llega hasta un 50 por ciento en lo que va de 2017 en algunos edificios. El dato no es menor si se tiene en cuenta que la mitad de los rosarinos habita en inmuebles de altura.
El proyecto para establecer mayor control sobre los administradores se aprobó en diciembre del año pasado, y en febrero de este se reglamentó.
La iniciativa busca que los copropietarios de un inmueble horizontal puedan acceder por email al detalle de las contrataciones y arreglos del edificio, además de los comprobantes de pagos.
Para eso se propuso la creación de un formulario único de liquidación de expensas y la bancarización de los movimientos financieros del consorcio.
La idea es que se pueda abonar los gastos centrales a través de cuentas bancarias online. Mientras que las personas mayores podrían solicitar -si así lo quisieran- que la liquidación se envíe impresa. La Oficina de Defensa al Consumidor es el organismo encargado de instrumentar la ordenanza y asesorar a los vecinos.
Pero a nueve meses de la aprobación –diciembre de 2016– en el Palacio Vasallo, la iniciativa no se puso en práctica. Casi no hay admnistradores que utilicen los formularios propuestos para rendir cuenta. Y en la Defensoría no se capacitó al personal para el caso. Además, siguen pendientes reuniones con las cámaras que agrupan a las inmobiliarias y los administradores para buscar puntos de acuerdo y avanzar en la implementación.
Lo más común
En tanto, entre las irregularidades más frecuentes los casos de sobrefacturación siguen al tope.
Para el titular en Rosario de la Federación Argentina de Consorcios, Juan Carlos Lagrange, la iniciativa podría ser muy útil para evitar situaciones de ese tipo. “Los formularios que se proponen están muy bien diseñados. Esta ordenanza será un recurso extraordinario, una muy buena herramienta administrativa de control”, señaló.
Por su parte, la concejala Norma López, autora del proyecto, sostuvo que los copropietarios de los inmuebles son la parte más débil de la relación contractual y, muchas veces, terminan siendo vulnerados. “Por eso es necesario establecer pautas de protección. Lo que se buscó es garantizar los derechos de los consorcistas, que tengan un conocimiento real de los gastos comunes”, agregó la edila del Frente para la Victoria.
López recordó que –en general- los vecinos no tienen acceso a las facturas, y –por eso- se “han conocido gran cantidad de casos de boletas truchas e impagas”. “Además son muchas las dudas de los vecinos ante los altos costos que abonan”, añadió.
La concejala dijo que “el incendio del edificio de calle Laprida al 900 es el mejor de los malos ejemplos. A los vecinos les decían que se pagaba un seguro que no se abonaba. No había manera de que llevasen un control. Lo que buscamos es que esto empiece a cambiar”.
El caso al que remitió la edila sucedió el 3 de febrero de 2016 cuando se desató el fuego en ese inmueble de calle Laprida al 900, donde murieron dos personas.
Luego del siniestro, que destruyó varios espacios comunes de la propiedad horizontal y que la Justicia provincial determinó que había sido intencional, los vecinos se enteraron de que, a pesar de que la administración del inmueble presentaba en el listado de las expensas el pago de un seguro a la empresa San Cristóbal, el edificio no estaba cubierto.
La situación se sumó a la tragedia de las torres de calle Salta 2141, donde también la empresa administradora quedó bajo la mira de la Justicia. De hecho, los socios están procesados por el gravísimo siniestro que dejó 22 víctimas fatales, decenas de heridos, viviendas y comercios dañados o destruidos. Una zona de desastre, originada en trabajos sobre la red de gas del edificio.
Los administradores resisten
Cuando el proyecto para transparentar las expensas se discutió en comisión en el Concejo los representantes locales de la Cámara de Propiedad Horizontal (CPH) de la provincia salieron al cruce del intento de mayor regulación. De hecho, los administradores de edificios fueron a mediados de 2016 al Palacio Vasallo a exponer ese rechazo.
Allí señalaron que, antes de poner en práctica la ordenanza, la Justicia debería darle una resolución de fondo al recurso de amparo que presentaron luego de que el Palacio Vasallo aprobara una ordenanza en 2012 que creó un Registro Público de Administradores de Edificios.
Es que en la CPH también se niegan a estar inscriptos en el ámbito municipal. En una primera instancia, la Justicia rechazó esa solicitud, pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio curso a la medida cautelar, por lo que la aplicación del Registro quedó suspendida. Ahora se aguarda un fallo definitivo.
Según los administradores, la ciudad de Rosario no está en condiciones de regular su actividad. Eso debería –señalan– legislarse a nivel provincial.
un ajuste importante
Según datos que entregaron varios administradores de edificios consultados, propietarios e inquilinos sufrieron en Rosario un incremento en las expensas de entre el 20% y 50% en lo que va del año. El último aumento se dio con el ajuste de salarios de los porteros, que en junio lograron un 21%. El impacto en las expensas se sintió de inmediato ya que el sueldo de los encargados es una de las principales variables en el costo de los gastos centrales; representa el 70% del número final.
