Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El poder es la capacidad de realizar lo que se quiere y se propone. En otras palabras, tiene poder el que logra lo que quiere. Muchas veces se confunde tener el gobierno con tener el poder; si bien el gobierno puede estar en línea con el poder, la diferencia entre uno y otro sirven para comprender mejor situaciones como las que atravesó la Argentina estos últimos días.
Desde que asumió la Presidencia de la Nación, Mauricio Macri aplicó una serie de medidas tendientes a reducir la intervención del Estado sobre la economía, aumentando, por el contrario, la capacidad de acción e influencia del sector privado sobre bienes y servicios estratégicos que afectan directamente el bienestar general. Esta fue una decisión política explícita y en total sintonía con la idea que, en definitiva, resultó ganadora en las elecciones que lo llevaron al Poder Ejecutivo en diciembre de 2015. Vale recordar que el debilitamiento del Estado como ente regulador de las pretensiones privadas, su descrédito para mejorar la distribución de la riqueza y garantizar el bien común, viene siendo impulsado con fuerza y éxito desde hace más de treinta años, generando un impacto notable sobre la opinión pública.
Con la asunción de Cambiemos al gobierno del Estado nacional, el poder real de algunos grupos y sectores socioeconómicos encontraron una clara representación que se tradujo en políticas y medidas netamente favorables a su interés, pero en detrimento del bienestar del conjunto de los argentinos y de la aspiración de una Nación justa, libre y soberana.
Al principio, el discurso oficialista y su relato monopolizando los medios masivos de comunicación logró dar sustento a esta situación, a pesar de sus errores y contradicciones; cuando el modelo implosionó, la realidad confrontó al relato, dejando en evidencia la regresividad y las injusticias de un modelo basado en la especulación que acentuaba la concentración de la riqueza, dejando fuera del sistema a miles de argentinos.
En el año 2018, en plena recesión de la economía argentina, la rentabilidad de los bancos comerciales estuvo lejos de la realidad que padecieron otros sectores, ya que el nivel que exhibieron ascendió a 98,4 billones de pesos, alrededor de un 90% por encima de lo registrado el año anterior. Este crecimiento se explicó, mayormente, por el gran diferencial de tasas que el Banco Central les permitió obtener (tasas activas mínimas de 60% y pasivas máximas de entre 40%-50%) que se puede llevar a cabo gracias a una estructura normativa que les permite administrar el ahorro de los argentinos con un criterio rentístico y especulativo que nada tiene que ver con un desarrollo nacional justo y equitativo.
Al observar los balances de las empresas argentinas que cotizan en el mercado bursátil y que se desprenden de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se reconocen ciertas empresas que también evidenciaron márgenes de rentabilidad positiva a pesar de la recesión económica. En línea con lo que reflejó el informe del BCRA, la banca se encuentra en el top de empresas que ganaron en 2018. Sin embargo, se le suman empresas energéticas y de hidrocarburos, entre las que se destacan YPF, Ternium, Pampa Energía, Tecpetrol, Transporte de Gas, Tenaris, Edenor, Transener, Edesur. Con respecto a entidades financieras y banca: Macro, Galicia, BBVA Francés, Patagonia, HSBC Argentina. También se sumaron Autopistas del Sol, Telefónica, Telecom, Cablevisión, Papel Prensa.
En realidad, es un dato positivo que una empresa argentina (lo que no indica que sea 100% de capitales nacionales) tenga buenos resultado económicos. Sin embargo la cosa cambia de color cuando determinados grupos económicos acumulan el poder suficiente como para imponer su deseo de ganancia frente a las necesidades y aspiraciones de toda una comunidad.
Por eso es entendible que las empresas quieran ganar tanto dinero como puedan, pero no es esperable que un gobierno oriente su accionar político en la misma dirección que las empresas, sea porque tiene intereses en ellas o porque forma parte de un empresariado que lo aplaude en los meetings o lo adula comprando espacio en los medios masivos de comunicación.
Al comienzo, muchos se negaban a reconocer que Mauricio Macri venía desarrollado toda su política económica en favor de algunos grandes grupos económicos, adoptando una lógica de negocios y usando el Estado para ello. Se negaba el hecho de que lo hacía siguiendo las directrices del poder real, que operaba a su vez para sostener el relato de un gobierno que se hacía cada vez más injusto y opuesto a los intereses nacionales.
Esta semana, ese poder real se volvió a ejercer sobre una economía concentrada, desregulada, primarizada y políticamente desorganizada. Hasta el domingo 11 de agosto, día de las elecciones Paso, las encuestadoras, los medios masivos de comunicación, algunos jueces, varios dirigentes, opinólogos y economistas pagos afines al interés de estos grupos económicos sostuvieron un modelo de país alevosamente volcado al beneficio de un sector que acumuló notables ganancias. Pero lo hizo a costa del bienestar y las posibilidades de desarrollo del resto, que aunque manifestó su descontento en marchas, reclamos, artículos y publicaciones, no tenía el poder real para exigir al gobierno que modificara su rumbo económico.
En efecto, el acto eleccionario del domingo derrumbó estrepitosamente la pretensión de construir democrática y legalmente una Argentina para pocos. Pero el poder real no se quedaría quieto, dispuesto a renunciar a sus privilegios y favores, sino que de manera muy directa contribuiría a agudizar la crisis económica del país.
Lo que pasó con el tipo de cambio esta semana es una muestra contundente de ello. El mismo domingo a la noche, la cotización del dólar ya empezó a fogonearse en las sociedades de Bolsa que ofrecen divisas las 24 horas del día: las primeras fueron Balanz Capital y Bull Market Brokers, que corrigieron el tipo de cambio al alza.
El lunes se operó en el Mercado Único de Cambios un 40% menor que el viernes anterior, pero el tipo de cambio no fue dispuesto por el pequeño ahorrista que demandó dólares para resguardarse de la inflación, sino por quienes tienen poder (y divisas) para manipular un mercado con la anuencia de la autoridad; el Banco Central les dejó la zona liberada para su discrecional accionar.
El tipo de cambio finalmente saltó 23%, profundizando la transferencia de ingresos hacia quienes tienen sus riquezas en dólares, perjudicando a los que viven, cobran y trabajan en moneda nacional.
En los últimos años, los altos niveles inflacionarios, la depreciación del tipo de cambio, el desempleo, la baja en el consumo debilitaron progresivamente el bienestar de los argentinos. Las consecuencias que se desprenden de esta etapa recesiva empobrecen día a día la situación de la mayoría de las personas; mientras que “unos pocos” se benefician. Quienes tienen sus activos dolarizados ganan fortunas con esta abrupta depreciación, mientras que aquellas personas que tienen sus ingresos pesificados observan cómo se deteriora su poder real de compra en el pasar de los días.
La brusca devaluación post Paso es una muestra de lo que quieren de la Argentina los grupos económicos, pero sobre todo, del poder real que cuentan a la hora de “aleccionar” al pueblo que quiere cambiar justamente eso. La disputa entonces no es entre Macri y Fernández, sino entre un pueblo que, aunque con serios problemas de organización y falta de unidad de concepción, lucha por su liberación y se dispone a enfrentar a los grupos económicos que controlan los hilos de una economía puesta a su servicio.
(*) fundación@pueblosdelsur.org
