En Santa Fe, las víctimas de crímenes de odio vinculados a la economía delictiva crecieron más del triple en un año. Según datos del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) fueron 14 en 2021 y treparon a 48 en 2022, mientras registraron otras 10 en los dos primeros meses de 2023. Por eso, y en el marco del 8M, presentarán por tercera vez en el Congreso Nacional y en la Legislatura de Santa Fe el proyecto de ley para declarar la Emergencia en Violencia de Género en la Argentina.
“Reiteramos la urgente necesidad de un abordaje que garantice la seguridad con perspectiva de género y derechos humanos por parte del Estado santafesino para lo cual también presentaremos el proyecto de Ley de Emergencia en Violencias hacia las mujeres en la Legislatura Provincial”, señalaron desde la organización y destacaron dos consignas para las que piden la urgente respuesta del Estado: el cese de los femicidios y la situación económica de mujeres y disidencias.
“Decimos que el ajuste es violencia. Cuando no mejoran los indicadores económicos, el mayor impacto lo sufren las mujeres y disidencias. Más allá de haber recuperado algún nivel de empleo, la brecha sigue siendo profunda con peores trabajos, mayoría de población por debajo del nivel de indigencia, y falta de reconocimiento del trabajo no remunerado e invisible como las tareas de cuidado y comunitario que obstaculizan la preparación académica para acceder a mejores empleos. La inflación impacta en los sectores más humildes y la dependencia económica imposibilita romper vínculos violentos”, explicó Gabriela Sosa, desde Mumalá.
Muertes violentas
Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, en lo que va de 2023 y a nivel nacional se registraron 39 asesinatos de violencia extrema por odio de género, entre los cuales identificaron un travesticidio, 36 femicidios directos y 2 femicidios vinculados, es decir que estuvieron en la línea de fuego o fueron asesinadas como sujeto de venganza o para generar un mal mayor. Suman 1808 víctimas entre 2015 y 2022.
En Santa Fe, se registraron 14 femicidios y 9 transtravesticidios vinculados con la narcocriminalidad y economías delictivas en 2021; mientras que en 2022 treparon a 48 las muertes violentas en este tipo de contextos, sumado a 20 femicidios/transtravesticidios. En los dos primeros meses de 2023 se registraron 10 muertes violentas.
“La precariedad económica aumenta las posibilidades de quedar atrapadas en redes delictivas. No se trata de mujeres que ocupan lugares de jerarquías en estas estructuras. Son víctimas de violencia y debemos pedir justicia más allá de sus devenires y posibilidades”, señaló Sosa y agregó: “Nos preguntamos cuáles son los recursos de investigación, qué se podría haber indagado en el recorrido de las víctimas en los penales, en qué condiciones quedan las mujeres cuando el proveedor económico de su familia es detenido. Apelamos a que el Estado pueda responderlas en todas las víctimas mujeres e identidades feminizadas atravesadas por este nivel de violencia”.
Emergencia en violencia
Por tercera vez, desde 2018 Mumalá presentará en el Congreso nacional y en la Legislatura santafesina el proyecto de ley para declarar la Emergencia en Violencia de Género.
“Las cifras de femicidios y transtravesticidios registradas por el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos dan cuenta de la gravedad de la situación que exige medidas concretas para su abordaje. Asimismo, instamos al presidente Alberto Fernández a escuchar el reclamo de las organizaciones y a avanzar con políticas de urgencia que eviten que la violencia machista siga cobrando vidas en nuestro territorio”, señalaron desde la organización en un comunicado.
La propuesta tiene el respaldo de más de 150 mil firmas y pide con carácter de urgencia asignación presupuestaria para implementar medidas, su monitoreo y evaluación.
“Las iniciativas que reclamará el proyecto surgen desde la experiencia feminista de acompañamiento a mujeres, disidencias y sus familiares en situación de violencia de género que realizamos en los diversos territorios de nuestro país: creación y/o fortalecimiento de equipos profesionales, territoriales, interdisciplinarios descentralizados; patrocinio jurídico gratuito; apoyo económico a las redes de organizaciones sociales; políticas para el abordaje y re-educación de agresores por motivos de género, dispositivos electrónicos para los mismos; protocolos de actuación y control de armas al interior de las fuerzas de seguridad; aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral”, explicaron.
El proyecto fue presentado dos veces desde 2018 y este mes lo volverán a ingresar. “Algunas iniciativas del gobierno nacional se fueron llevando adelante pero creemos que hay que profundizarlas, como por ejemplo el programa de acompañamiento económico de víctimas de violencia que consideramos es en pequeña escala en relación a la cantidad de mujeres que lo necesitan; fondos especiales para el desarrollo de instancias locales de abordajes de violencia de género ya que la presencia institucional está muy desequilibrada y centralizada en las grandes capitales; dispositivos para varones agresores que permitan la re educación de varones aunque no hayan pasado por el sistema penal”, aclaró Sosa.
