La ley que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género fue promulgada de hecho y publicada ayer en el Boletín Oficial, un día después de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de que se desarrolle la segunda marcha nacional #NiUnaMenos.
La norma, sancionada el 4 de noviembre pasado por la Cámara de Diputados, establece la creación de esa dependencia en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la misión de “garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485”.
Los letrados que integren el nuevo cuerpo deberán “brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485”.
También lo harán en casos de violencia “ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la Justicia de manera oportuna y efectiva”.
Asimismo, según la normativa, tendrán que “desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”.
Además, deberán “formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género” y “fomentar la producción y difusión de informes e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género”.
El Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género estará a cargo de un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado.
Anteayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que un total de 225 mujeres fueron víctimas de femicidios durante 2014.
De ese total, el 42 por ciento tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas y al 75 por ciento la mató algún allegado, según datos del Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.