Todos los presos tienen derecho a las llamadas visitas íntimas, es decir, a un momento de intimidad con su pareja. Así lo establece la ley de Ejecución Penal y, según la defensa pública, en Rosario la norma se cumple a rajatabla para todos los reclusos. Tanto en las cárceles como en las comisarías, sean cuáles sean las condiciones de las dependencias, los internos disponen de un lugar donde tener relaciones sexuales. Pero todos no incluye a todas, al menos lejos de las fronteras del lenguaje. Las mujeres detenidas en la Alcaidía de La Paz al 400, dependiente de la Unidad Regional II (URII), tuvieron negado este derecho hasta hace pocos días cuando, después de que se organizaron y presentaron un reclamo con una posible solución, lograron estar en igualdad de condiciones que los reclusos varones del resto de la ciudad.
En diálogo con El Ciudadano, el defensor regional Gustavo Franceschetti explicó que históricamente en la Alcaidía de Mujeres, que depende de la URII y está ubicada en el mismo predio que la comisaría 4ª, a las reclusas no se les permitía tener visitas íntimas.
Según establece el código de Ejecución Penal, el régimen de visitas íntimas, en la forma y el modo que determinen los reglamentos, es un derecho al que pueden acceder todas las personas privadas de su libertad. Pero en esta dependencia, donde están recluidas 14 internas con distintas penas, la norma no se cumplía.
“Las razones del incumplimiento nunca fueron explicitadas de un modo claro. Creo que obedecía a conveniencia de quienes las custodian y a una cuestión moral, es decir, a que son mujeres”, contó Franceschetti.
La situación era un reclamo permanente de las internas y fue incluido en el recurso de habeas corpus que denunció las malas condiciones y la superpoblación de las comisarías rosarinas y que fue presentado por la Defensoría Pública en los Tribunales provinciales el pasado 29 de julio.
“En la audiencia argumentamos que todas las personas detenidas deben tener los mismos derechos que prevé la ley y que no es responsabilidad del recluso que el lugar tenga inconvenientes para garantizarlo. Pero, además, explicamos que encontramos una situación discriminatoria en perjuicio de las mujeres porque a todos los varones presos en las comisarías de Rosario las visitas íntimas no se les niegan. Sin importar las condiciones, siempre han encontrado una forma de organización”, contó Franceschetti.
El reclamo fue presentado junto con una nota de las reclusas de Alcaidía, en la cual proponían una forma de organización de las visitas dentro de ese penal. Según el defensor, las explicaciones que dio el jefe de la UR II, Marcelo Villanúa, fueron insuficientes, por lo que se convocó a segunda audiencia el 8 de agosto. En el nuevo debate, el jefe de la Policía contó que en los últimos días se había implementado un sistema de visitas íntimas en el penal de La Paz al 400, por lo que anteayer la jueza Mónica Lamperti admitió el habeas corpus en este punto y ordenó que se siga cumpliéndolo.
El sistema de visitas, que empezó a funcionar este fin de semana, era el que había propuesto el grupo de reclusas de esa dependencia y con su implementación llegaba el fin de un reclamo histórico para las mujeres alojadas allí.
Un cupo de sólo 190 presos para todas las comisarías de la Unidad Regional II
La jueza penal Mónica Lamperti hizo lugar a un pedido del Servicio Público de la Defensa Penal y fijó el cupo de 190 personas privadas de su libertad en las comisarías de la Unidad Regional II. Fue en el marco de un hábeas corpus presentado por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, en el marco del incumplimiento de la sentencia dictada por la jueza Roxana Bernardelli en diciembre de 2014.
La jueza había hecho lugar al pedido de la defensa pública que había denunciado el estado de hacinamiento, la vulneración de derechos a personas sometidas a encierro y la violación del cupo legal fijado. En ese marco el 14 de junio último se hizo la primera audiencia y el Ministerio Público de la Defensa denunció el incumplimiento de aquella sentencia judicial que fijaba un cupo legal de 230 personas privadas de su libertad
en todas las comisarías de Rosario. Incluso sostenía que los penales de las comisarías debían irse demoliendo en forma paulatina. La jueza Lamperti dispuso una serie de audiencias y el pasado 29 de julio resolvió modificar el cupo legal y constitucional de personas en situación de encierro en comisarías de Rosario fijado en 2014, disminuyendo el número de 230 a 190. Y en ese marco la defensa pública pidió que, «de ser sobrepasado ese número, sea comunicado inmediatamente a la autoridad administrativa y judicial». Franceschetti dijo que «con este paso previo se pretende hacer un control más eficaz de estas medidas cautelares para los alojamientos en comisarías».
Otro punto cuestionado en el habeas corpus estuvo relacionado con las denuncias por «los procedimientos de requisas ultrajantes y situaciones humillantes innecesarias hacia los familiares de los presos, lo que está vedado por el protocolo de revisión de la visita femenina». En ese marco, Franceschetti mencionó que
«hay una Guía de Procedimiento Adecuados a los DDHH para la requisa de familiares, allegados y niños en el marco de visitas dictada por el Poder Ejecutivo que no es cumplida». Por eso propuso que se «conforme una unidad de control en la que participen actores institucionales que puedan realizar inspecciones sucesivas y sorpresivas a las comisarías en el momento en que se realizan las requisas».
Otra cárcel femenina para Rosario
La provincia ya tiene las ofertas para la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 5 de mujeres de la ciudad de Rosario. Se trata del segundo edificio que la provincia encara en el predio ubicado en el distrito oeste de la ciudad, en 27 de Febrero y calle 1706, donde ya comenzó a construirse la nueva Alcaidía de Rosario. En la oportunidad se presentaron cuatro ofertas. La Unidad Peniteciaria Nº 5 tendrá una superficie cubierta de 5.200 m2 con capacidad para alojar a una totalidad de 139 internas. El presupuesto oficial se estableció en $ 174.629.553,40, calculado a valores del mes de febrero de 2016, y el plazo de ejecución es de 12 meses. La obra comprende la construcción completa del Módulo de Detención para Mujeres, el que estará integrado por un edificio de ingreso al minipenal, uno destinado al área social, un pabellón de aislados, 3 pabellones tipo y uno para madres con Jardín de Infantes.
Además, se ejecutarán obras de infraestructura de servicios para cada uno de los edificios que conforman esta Unidad. Actualmente las mujeres están detenidas en los predios de las comisarías 4ª y 8ª (aquí funciona actualmente la Unidad Penitenciaría Nº5), aunque las mismas se encuentran limitadas para realizar actividades de resocialización como las que desarrollan los hombres en las cárceles, muchas de ellas vinculadas con la capacitación.
