La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que avala que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido a nivel mundial y “se convierta en garante de un planeta sano, seguro y resiliente” dándole, de este modo, carácter de “derecho humano universal”.
La resolución, promocionada por un amplio grupo de países, tuvo 161 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. No es que esta votación se traduzca en una obligación legal directa para los Estados, pero sí lleva incluida un impulso a que tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales o las empresas “adopten políticas para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”. Y sí establece, a modo de recordatorio, que todos los Estados tienen “la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos” incluido este “nuevo derecho”, reportó la ONU desde su página web.
No acompañaron la votación China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía, países que, aunque no votaron en contra, tampoco lo hicieron a favor.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, destacó que la aprobación de la Asamblea General “es muy importante”, y subrayó que uno de los más importantes roles del Consejo “el desarrollo progresivo de nuevos estándares y normas de derechos humanos”.
“El Consejo, luego de 20 años de discusiones sobre los temas de medio ambiente que sólo se veían desde el punto de vista ambiental, social, económico o científico, aprobó una resolución que declaró por primera vez que el medio ambiente, sano, limpio y sostenible es un derecho humano, y nombró un relator especial” en esta materia, explicó.
El funcionario aclaró que “el Consejo es el órgano principal, pero sólo tiene 47 Estados miembro”, por lo que “lo importante es que pasó a la Asamblea General” de la ONU: “Ahora fue ratificada aquella decisión histórica del año pasado por una abrumadora mayoría de 161 votos de los 193 países y, por lo tanto, es toda la Organización de Naciones Unidas la que acepta esta nueva dimensión y perspectiva sobre los temas ambientales a partir de los derechos humanos”, completó.
“Argentina participó activamente el año pasado en la negociación en el Consejo y también aquí en la Asamblea General”, subrayó.
El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.
También reconoce que “el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho”.
También marca que “los daños ocasionados al medio ambiente repercuten en los derechos humanos de las personas y las comunidades de todo el mundo”, aunque con especial gravedad a los grupos más vulnerables, “los pueblos indígenas, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
Y puntualiza que “los daños ambientales tienen implicaciones negativas para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.
La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.
Tras conocerse la noticia, el secretario general de la ONU, António Guterres, puso en relieve la “resolución histórica” y dijo que este hito “demuestra que los Estados miembro pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”.
“La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas”, dijo a través de un comunicado.
Y agregó que también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos.
“La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos”, afirmó.
En tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también celebró la decisión de la Asamblea y se hizo eco del llamamiento del secretario General para que se tomen medidas urgentes para aplicarla.
“Hoy (por este jueves) es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora”, dijo.
Y agregó que la resolución se torna “eficaz, legítima y sostenible” al apuntar a las obligaciones legales de actuar para preservar un medio ambiente sano “en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional”.
El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, aseguró que la decisión de la Asamblea “cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos”.
“Los gobiernos prometieron limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas, pero tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa de «mendigar» a «exigir» a los gobiernos que actúen, declaró Boyd.
En este sentido, está creciendo el consenso en torno a la creación de una figura penal internacional, que instaure como delito al ecocidio, considerando “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”. Sin embargo, todavía está pendiente que los países lleven una proposición formal –como han hecho con la declaración de este jueves– para incluirlo en la Corte Penal Internacional.
