El fiscal Gustavo Ponce Asahad brindó detalles de los allanamientos que apuntaron a desbaratar las “pruebas de velocidad ilegales” con epicentro en Oroño y Lamadrid, procedimientos que resultaron en el secuestro de automóviles, autopartes, celulares y ocho personas demoradas, de las cuales tres quedaron encausadas. El representante del Ministerio Público de la Acusación expresó que la investigación comenzó a raíz de presentaciones que hizo el Estado provincial a través del Ministerio de Seguridad y el municipio a través de la Guardia Urbana Municipal. “Se dio cuenta de hechos que habían sido denunciados a través de la central 911 con relación a picadas ilegales” en barrio Las Delicias, dijo Ponce Asahad, para ampliar: “Con base en los soportes fílmicos del municipio pudimos comenzar esta investigación individualizando una serie de autos que habían participado”.
Alexis P., de 33 años; Damián Alberto G., de 30, y Joel Z., un joven youtuber de 26, serán acusados por «participación en prueba de velocidad con vehículo con motor sin la autorización de la autoridad competente», delito al que el fiscal definió como «grave, porque pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y puede terminar en una verdadera catástrofe”.
Los canteros de Oroño y Lamadrid son desde hace años un punto de encuentro de decenas de jóvenes que por las noches desafían controles de tránsito para competir con motos y autos de todo tipo. Temerarias maniobras sin la protección de cascos, alta velocidad y estruendos de escapes definen una postal cinematográfica cuyos registros en video llegaron a los noticieros locales y pusieron en alerta a las autoridades. En ese marco, con base en grabaciones del Centro de Monitoreo captadas el 28 de septiembre, en las que se logró individualizar chapas de automóviles, la División Judiciales efectuó seis allanamientos en Rosario, Fray Luis Beltrán, Granadero Baigorria y Alvear. Ocho personas mayores de edad demoradas (finalmente serán acusadas sólo tres), cinco autos preparados para correr, una pistola calibre 380, un revólver calibre 32, una escopeta calibre 16, una réplica de ametralladora y una réplica de una Glock 9 milímetro, además de celulares, computadoras, autopartes y repuestos, fueron el resultado de los procedimientos. Los elementos informáticos, dijo el funcionario, serán peritados, ya que las picadas «han sido promocionadas y difundidas a través de las redes sociales».
Asahad dijo que los aprehendidos son tanto “organizadores como participantes”, y que el Código Penal prevé penas (excarcelables) para ambos: “un mínimo de 6 meses con un máximo de tres años, con una accesoria de una inhabilitación de conducir por el doble del tiempo de la condena”. Y expuso que las armas secuestradas serán objeto de otra investigación.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es el monto de dinero invertido a los vehículos secuestrados. “Están preparados con una inversión muy importante. Algunos tienen insertos una especie de chip que permite regular la velocidad, que cuesta 50 mil pesos, al parecer destinado a cambiar los parámetros de la computadora original del auto y lograr “tunearlo”. Otros autos que están preparados con distintos elementos que rondan una suma de un millón de pesos”, describió Asahad.
Por último, el fiscal detalló que las diligencias realizadas en la madrugada de este miércoles constituyen la primera parte de la investigación que apunta a desbatar este tipo de carreras ilegales: «Vamos a continuar porque hay más personas captadas en los registros fílmicos. En las picadas de motos tenemos 30 personas citadas a imputativa, diez de las cuales ya han brindado su derecho de defensa».
