El 2 de junio de 1975 más de 100 prostitutas francesas tomaron la iglesia Saint-Nizier en la ciudad de Lyon y se declararon en huelga. La medida de fuerza llegaba para visibilizar la violencia y la situación en la que estaban las trabajadoras sexuales. En la década del 70 en Francia la vigilancia sobre esta actividad había crecido a tal punto que las represalias de la Policía obligaban a las mujeres a ejercer en secreto, lo que hacía que fueran un blanco fácil de violencia. La decisión de la toma llegó después de dos asesinatos y de la falta de voluntad del gobierno de generar políticas públicas que regularan la actividad. Dicen que hasta Simone de Beauvoir pasó por la iglesia de Lyon a solidarizarse con las putas. Después de 8 días de huelga la iglesia fue allanada por la Policía, que reprimió a las manifestantes. Desde entonces, el 2 de junio quedó instalado en el calendario feminista como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, por considerar que la fecha fue uno de los puntos de partida del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales.
En Argentina la lucha de las trabajadoras y trabajadores sexuales tomó forma en el sindicato Ammar, que desde hace más de 25 años integra la CTA y que en la última década entró de lleno en el movimiento feminista. La llegada a los feminismos no fue fácil y sigue siendo un tema que divide aguas entre quienes apoyan la despenalización del trabajo sexual y quienes dicen que debe ser abolido porque no es un trabajo. A principios de febrero, el tema “Puta” de Jimena Barón abrió este debate no saldado. Desde algunos sectores del feminismo, criticaron las acciones que llevaba adelante Ammar y tildaron a sus integrantes de proxenetas. Desde el gremio repetían que la discusión no era trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino que se trataba, como en el aborto, de dar derechos a quienes lo ejercen y alternativas a quienes no quieren hacerlo.
En ese momento, nadie imaginaba que un mes y medio más tarde un virus llegaría al mundo y a la Argentina para poner en evidencia la fragilidad de las economías informales. Es que sin ningún derecho laboral, la crisis del covid-19 llegó para poner en evidencia la precaria situación de trabajadoras y trabajadores sexuales que viven del día a día. Las putas tuvieron que dejar de trabajar sin poder generar ingresos para pagar comida, alquileres, servicios y cualquier gasto. Por esta crítica situación, Ammar, desbordó de demandas: hambre, desalojos en hoteles y viviendas con condiciones insalubres, falta de insumos de salud y de elementos de higiene básicos, hijas e hijas que no pueden alimentar, violencia institucional acrecentada.
A fines de abril, El Ciudadano publicó un informe sobre la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales en el contexto de la pandemia del coronavirus en el que Georgina Orellano, secretaria general de Ammar y referente feminista, explicó cómo hacían frente a la crisis sin derechos laborales. Para dar contención, la organización sindical creó un fondo propio de emergencia a través de una colecta de dinero, alimentos e insumos. En total, 5 mil personas que ejercen la prostitución reciben algún tipo de ayuda alimentaria, sanitaria o económica del gremio en contextos de pandemia. En Rosario, la filial local ayuda a 400 mujeres, varones, trans y travestis de distintos barrios de la ciudad.
“Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza”
Apenas comenzó la expansión de la pandemia de Covid-19 en Europa, desde Ammar hablaron con sindicalistas de Italia, España y Francia para ver cómo afrontaban la crisis económica. “Las compañeras nos contaron la precarización a la que estaban expuestas, la violencia, la desesperación de muchas que estaban imposibilitadas de regresar a sus hogares, quedando encerradas y teniendo que vivir en cabarets, whiskerías, la casa de cita o clubes. Además, nos decían que las medidas sociales llevadas adelante por los gobiernos de la Unión Europea dejaban por fuera a las trabajadoras sexuales. En España se implementó una política pero que revictimiza a las compañeras y elimina la identidad como trabajadora sexual dándole poder de tutelaje a miradas asistencialistas, abolicionistas y punitivas sobre nuestro trabajo”, explicó Georgina Orellano.
Con ese panorama en mente, desde el sindicato decidieron adelantarse y buscar la forma de generar fondos propios para afrontar la crisis. Lanzaron el Fondo de Emergencia para Trabajadorxs Sexuales, una colecta a nivel nacional de alimentos, de insumos de salud e higiene y de dinero, que cualquier persona puede depositar en la cuenta del sindicato. Con esos fondos hoy están ayudando trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país. No dan abasto. Todos los días reciben llamados y mensajes de distintos lugares del país, muchos de los cuáles no tienen presencia sindical. “Un grupo de 50 trabajadoras sexuales se comunicó con nosotras porque la estaban pasando muy mal, no tenían para comer literalmente”, dijo Georgina Orellano a modo de ejemplo.
Además de la colecta, desde Ammar hacen acompañamiento ante violencia institucional, dan asesoría legal, jurídica y gratuita, y facilitan el acceso a subsidios habitacionales. Trabajan con el Inadi y con la Defensoría LGBT para impedir desalojos en hoteles porque muchos dueños y dueñas dicen desconocer que están abarcados por el decreto que suspende desalojos hasta el 30 de septiembre y muchas trabajadoras sexuales tampoco saben su alcance.
“La actual emergencia sanitaria que atravesamos a nivel mundial ha afectado enormemente a nuestro colectivo, dejando en evidencia más que nunca nuestra precarización laboral. Nos ha arrojado una realidad que queda mucho más en evidencia en este contexto de emergencia sanitaria, pero que nosotras ya sabíamos que era la situación que atraviesan nuestras compañeras por no tener un reconocimiento laboral a nuestro trabajo y por la clandestinidad del mismo. El 90 por ciento de quienes ejercemos el trabajo sexual sólo tenemos el ingreso que generamos a partir del día a día. Frente a la imposibilidad de trabajar nos enfrentamos a una precarización de nuestras vidas, nos endeudamos días, semanas y meses por los pagos de alquileres, ya sea en hoteles de familia o de las casas que sostenemos. Además, al ser informales, los alquileres nos cuestan tres veces más que a cualquier persona cuyo trabajo esté aceptado socialmente y no esté atravesado por la criminalización, el estigma y la discriminación”, explicó.
La líder sindical agregó que es particularmente crítica la situación de trabajadoras sexuales trans, travestis y migrantes: “Muchas vieron interrumpidos sus tratamientos hormonales ya que la asistencia sanitaria tiene prioridad para Covid-19. Hay un montón que necesitan acompañamiento psicológico y una respuesta ante el no acceso a su medicación, y las expone a mayor vulnerabilidad de sus derechos. También hay muchas sin documentación, que hace que sean un blanco de la Policía”.
La violencia institucional es otro de los problemas que desde el gremio vienen registrando, con un aumento y recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. También, explica Georgina Orellano, notan un crecimiento del estigma por parte de vecinos y vecinas: “Creemos que no es esa la respuesta que tiene que llevar adelante el Estado para paliar el hambre y la incertidumbre. Nuestras compañeras han denunciado situaciones de violencia institucional cuando se dirigían a hacer filas a los comedores, en el pago fácil, para comprar barbijo o alcohol en gel o para entrar al supermercado. La mayoría son compañeras del colectivo travesti-trans migrante, que justamente son señaladas en este contexto de pánico sanitario como personas peligrosas. Nosotras ya cargábamos con un estigma, asociadas siempre a delitos criminales. En esta mirada sanitarista que está teniendo la sociedad, volvemos a ser objeto de persecución por la mirada social y por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Hay denuncias de vecinos y vecinas que al ver a una compañera trans caminando por la calle la denuncian por incumplir la cuarentena en vez de preguntarle si necesita algo, si tiene para comer. Apelan siempre a un sistema punitivo como respuesta a todo y ese sistema se ha reforzado en este contexto”.
Para la secretaria general de Ammar, la garantía de la salud requiere de recursos económicos: “Nos preocupa la profundización de la crisis económica. Para quienes venimos de los sectores populares es una cuestión de salud vivir en una vivienda digna, tener un techo donde pasar una cuarentena en condiciones no insalubres. También es una cuestión de salud tener dinero para poder comprar un jabón, alcohol en gel y barbijo. También es salud poder garantizarle a nuestros hijos e hijas al menos un plato de comida al día. Nos preocupa mucho qué va a pasar después del levantamiento de la cuarentena. El objetivo de nuestra organización es que quedemos lo más desendeudadas posibles y no más precarizadas de lo que ya estamos y de lo que ya somos. Estamos cansadas de ser nosotras las que llenemos el índice de pobreza de nuestro país, cuando los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres vamos a ser más pobres, con condiciones de insalubridad, precariedad, viviendas hacinadas, y en contextos donde se recrudece aún más la violencia institucional”.
Sandra Cabrera y el sindicalismo en Rosario
En los 2000, Sandra Cabrera era la secretaria general de Ammar Rosario. Fue quien propuso por primera vez el taller “mujeres y trabajo sexual” en la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, que se hizo en Rosario. Hasta ese momento, todas las ediciones habían evitado hablar de prostitución en esos términos y los talleres existentes seguían una tradición abolicionista. Cuando ella hizo la propuesta, la comisión organizadora la apoyó. El taller se hizo ese año y no pudo volver a replicarse en ninguna de las ediciones siguientes por la oposición del sector abolicionista. Recién en 2016, cuando el ENM volvió a desembarcar en Rosario, el taller de “mujeres y trabajo sexual” se reeditó de la mano de la nueva conducción de Ammar.
Sandra fue asesinada el 27 de enero de 2004. Le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa de Iriondo al 600, a dos cuadras de la Terminal de Ómnibus, la zona en la que trabajaba. Había denunciado a la Policía por la complicidad en el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. La habían amenazado con matarla a ella y a su hija Macarena, que en ese entonces tenía 8 años. El único imputado en el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario. Era también el último vínculo afectivo de Sandra. Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído a pesar de los testimonios de las trabajadoras sexuales que lo incriminaban. En el documental de Lucrecia Mastrángelo que relata la historia de Sandra Cabrera el abogado defensor de Parvluczyk reconoció que esos testimonios se habían desestimado porque eran de las putas y a las putas no se les creía.
Después del femicidio fue difícil sostener el gremio. Las trabajadoras sexuales tenían miedo de acercarse y participar porque no querían correr con la misma suerte. Igualmente, durante casi 10 años el grupo que quedó de la comisión directiva se juntaba y hacía recorridas. En abril de 2010 sus integrantes sintieron que llegaba un poco de recompensa cuando celebraron desde los balcones de la Legislatura de Santa Fe la derogación de los artículos del Código de Faltas que permitían llevarlas detenidas por ejercer en la calle. Para 2012 el gremio se había desintegrado. Recién en 2019 y después de varios intentos de reorganización volvió a funcionar con una nueva conducción, que surgió de la unión de integrantes de la vieja camada con las más jóvenes.
Hoy Ammar Rosario funciona en La Toma (Tucumán al 1300). Durante la pandemia da asistencia a más de 400 trabajadores y trabajadoras sexuales. Lo hace en un trabajo conjunto con amplios sectores del movimiento feminista y del colectivo travesti y trans de Rosario. La colaboración mutua entre todas estas diversidades da cuenta de la construcción transversal e inclusiva que es característica de los feminismos de Rosario.
