Tras la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre del año pasado, se enviaron distintos proyectos de leyes a la Legislatura. Una de ellos fue la reforma al Código Procesal Penal, donde se propone la modificación de unos 40 artículos, algunos vinculados a la ampliación de facultades al cuerpo investigador y al tiempo de detención que se puede tener a una persona antes de la imputación.
Este proyecto es uno de los pocos que queda por aprobarse, porque generó la reacción de sectores del oficialismo, en especial el socialismo, que hasta aquí acompañó casi sin reservas los proyectos presentados por el gobernador. Uno de los temas más ríspidos es el de los plazos excepcionales de detención sin imputación.
Todo indica que las diferencias entre el socialismo y el radicalismo se sintetizaron en un proyecto común, según admiten desde los dos sectores, y es por eso que el proyecto podría aprobarse este miércoles, tanto en Diputados como en Senadores. Los legisladores departamentales del PJ ya deslizaron que apoyan los cambios y el oficialismo tiene clara mayoría en Diputados.
En las reuniones con el ministro de Gobierno Fabián Bastía participaron los senadores oficialistas Ciro Seisas y Julio Francisco Garibaldi, además de los diputados José Corral, Pablo Farías, Rubén Galassi y Lionella Cattalini.
Este martes siguieron las reuniones para ajustar el texto definitivo, pero todos los sectores descuentan su aprobación.
La reforma inicialmente contempla cambios en 36 artículos y la incorporación de figuras especiales investigativas como agente encubierto y arrepentido, más facultades a fiscales en allanamientos, además de más horas de detención preventiva.
Por ejemplo, en el artículo que se refiere a los careos tendrá seis agregados. En uno de esos agregados suma medidas especiales de investigación y prueba como el agente encubierto, el agente revelador, informante y la entrega vigilada.
Otro de los agregados regula el registro de las medidas especiales de investigación y también habilita para la individualización de personas imputadas el registro de ADN. El otro capítulo agregado es la figura del arrepentido y se regula toda su actuación en el proceso penal.
También se reforma el procedimiento abreviado, la formulación de cargos siguiendo como base fundamental la comunicación escrita; y la mecánica de las diversas audiencias del juicio oral, entre las cuestiones de mayor importancia.
Un poco de historia
El 10 de febrero de 2014 fue un día clave para el sistema penal santafesino. Ese día se puso en marcha el Código Procesal Penal con un cambio de paradigma que modificó los cimientos del viejo sistema inquisitivo establecido en la normativa que lo regulaba desde 1972.
La reforma era un tema recurrente en el ámbito académico, jurídico y judicial desde siempre en Santa Fe y recién 1992 tuvo su primer intento de reforma.
Luego vinieron algunas modificaciones parciales, en 2000 y en el 2003, pero no alcanzó. Era necesario un cambio de perspectiva, que alinee el sistema con los parámetros, procesos y garantías internacionales.
El caso Natalia Fraticelli llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 2006 se expidió en el conocido fallo “Disdier”, donde plasmó las dificultades organizacionales del sistema y la afección a la garantías constitucionales como la imparcialidad de los jueces (los mismos camaristas que revisaban el procesamiento confirmaban una condena por ejemplo) del doble conforme, entre otras cuestiones.
Ello se vio reflejado en la práctica, ya que hubo modificaciones en cuanto a la intervención de los magistrados. Por ejemplo, si un juez hacía la instrucción otro debía dictar sentencia. Ese mismo año los tres poderes del Estado provincial resolvieron poner en marcha el llamado «Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina» que dio lugar a una comisión reformadora que además de representantes del ejecutivo, legislativo y judicial estaba integrada por personas del ámbito académico, abogados independientes y funcionarios y magistrados a través de sus colegiaturas que elaboraron un proyecto de reforma que se sancionó a fin de 2007.
Con la nueva normativa vigente se puso en marcha la etapa de implementación, que se hizo en forma parcializada, tiempo en el que se fueron adecuando los actores del sistema, la logística y la infraestructura. El 10 de febrero del 2014 se puso en marcha de la totalidad del nuevo sistema acusatorio.
Diez años después, uno de los pilares básicos, el Ministerio Público de la Acusación, se encuentra sumergido en un escándalo institucional que derivó en la suspensión de uno de los fiscales más mediáticos del sistema quien además enfrenta una causa penal con varias acusaciones. También la suspensión provisoria de la jefa de los fiscales rosarinos. Cabe recordar que su antecesor quedó envuelto en un escándalo con coimas junto a otro fiscal que ya fue condenado, el ex mandamás de la fiscalía local se encuentra a un paso del juicio oral y público, todo ello en un contexto social explosivo donde la violencia delictual se encuentra en su máxima expresión.
