Dicen que la mejor defensa es el contraataque y el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, parece haber tomado nota. Este miércoles fue a la Legislatura para dar explicaciones, diputados del oficialismo y la oposición, sobre las causas de corrupción policial que investiga la Justicia y por las cuales fueron detenidos decenas de uniformados, entre ellos el ex jefe de la fuerza Rafael Grau. El ministro rechazó las acusaciones de los legisladores opositores y afirmó que irá a fondo con la reforma policial. Además, reiteró que la divulgación de sus escuchas telefónicas constituye una operación en su contra de sectores de la Policía con apoyo de fiscales y diputados.
En el encuentro, que fue cerrado a la prensa, Pullaro afirmó que su propio Ministerio es el principal impulsor de las investigaciones sobre manejos irregulares en la Policía. Por una de esas causas, relacionada con las horas Ospe (horas extra), la Justicia habilitó escuchas telefónicas al propio ministro durante más de un mes. Pullaro reiteró que las escuchas fueron ilegales y que irá a fondo, como querellante, para dilucidar lo que definió como una operación para que deje su cargo.
La reunión fue en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Empezó minutos antes de las 10 y terminó a las 11.20. Al retirarse, el ministro Pullaro explicó ante la prensa que “la mayoría de las denuncias por horas extra las hizo el Ministerio de Seguridad: 26 denuncias hicimos, cada vez que la secretaría de Control detectó irregularidades con las horas extra de la Policía”. De ese modo, se despegó de las sospechas políticas sobre una supuesta connivencia entre el poder político y la fuerza de seguridad de la provincia.
Pullaro dijo además: “las reformas que implementamos claramente tienen un costo. Lo sabíamos: costos personales y costos políticos. Los costos personales los evalué desde el primer día. Cuando Miguel Lifschitz y Carlos Fascendini me pidieron que sea ministro de Seguridad de la provincia yo tenía 40 años, era diputado reelecto, pero decidí asumir el desafío más importante que enfrentaba la provincia de Santa Fe, que era la seguridad pública. Los costos de enfrentar a las mafias son altos. Hoy podemos demostrar cómo desarticulamos diferentes bandas pero fundamentalmente cómo redujimos la violencia. Si comparamos con el punto más crítico, ahora tenemos 160 homicidios menos. Y si comparamos con el año pasado, tenemos 110 crímenes menos en la provincia. Se ha trabajado muchísimo para que eso suceda”.
“Hay sectores oscuros –acusó Pullaro– que nos quieren fuera del Ministerio de Seguridad. A mí se me armó una causa judicial. Se intervino de manera ilegal mi teléfono. Me escucharon y me espiaron durante 30 o 40 días. Y lo más grave de todo es que esas conversaciones que tuve con jefes policiales, con el gobernador, con otros ministros y con funcionarios judiciales son públicas”.
El titular de la cartera de Seguridad opinó además que “en democracia nunca se vio un espionaje de estas características. Por eso, además de la denuncia penal, me voy a constituir como querellante para saber con quién hablaba el fiscal (Roberto) Apullán mientras llevaba adelante esta operación y con quiénes se reunió. Necesitamos saber con claridad quiénes están detrás de estas operaciones. No les tenemos miedo. Vamos a seguir adelante y el delito y el crimen organizado van a seguir cayendo en la provincia”.
Repercusiones opositoras
Los diputados de la oposición no quedaron conformes con las explicaciones del ministro. Leandro Busatto (PJ), uno de los impulsores de la citación a Pullaro, prefirió no opinar sobre la continuidad del ministro, salpicado por el escándalo de las escuchas, dentro del gabinete de Miguel Lifschitz: “Es una valoración que tiene que hacer el gobernador. Él ha decidido respaldarlo, esa es su decisión política”. Su colega Roberto Mirabella, en cambio, sugirió que Pullaro debe dejar su cargo: “Me parece que le haría un gran favor al gobernador dando un paso al costado”.
