Siete entidades empresarias que integran todos los eslabones de la cadena de biocombustibles, sector que tiene a la provincia de Santa Fe como epicentro nacional, emitieron un comunicado reiterando el pedido de prórroga de la ley 26.093 que estableció el Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles. “Solicitamos al señor presidente Alberto Fernández y a los diputados nacionales que en forma urgente sea tratada y aprobada la prórroga de la ley”, expresaron las entidades, que dieron cuenta que el Senado ya le otorgó “adhesión unánime” a extensión de la normativa, que vence en mayo próximo.
Con el título “Biocombustibles, prórroga de la ley para un sector virtuoso”, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (Aabh), la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (Cigbo), la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Cabpa), el Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaiz), recordaron que la normativa vigente “ha permitido la concreción de numerosos beneficios que deben preservarse y profundizarse”, entre los que destaca:
- La importante contribución al cuidado ambiental y de la salud de los argentinos, al incorporarse un combustible limpio a la matriz energética nacional, que reduce la huella de carbono en más de un 70% con relación a los combustibles fósiles que sustituyen.
- La industrialización de la ruralidad, especialmente en zonas de economías regionales.
- Cuantiosas inversiones en los últimos 12 años, como ninguna otra cadena agroindustrial.
- La desconcentración del mercado de combustibles líquidos, incluyendo la apertura a numerosas empresas pymes.
- La sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas y a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo.
En base a esas consideraciones positivas, las entidades empresarias ligadas al sector expusieron qué ocurriría de no extenderse la normativa sancionada en 2006, que creó un régimen promocional con beneficios en el IVA y el Impuesto a las Ganancias; los bienes afectados al sector industrial quedaron exentos de constituir base para la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; dejó fuera de la tasa de Infraestructura Hídrica, y de los impuestos a los Combustibles Líquidos y Gas Natural y establece que las industrias que realicen mezclas de combustibles deberán adquirir deberían adquirir los productos a las compañías que estuvieran bajo la promoción. Para las Cámaras empresarias, la caída de la normativa –fijada por 15 años pero concediendo al Ejecutivo nacional la posibilidad de extender su vigencia– “no sólo corren riesgo de desaparecer las 55 empresas que producen combustibles limpios y los más de 100.000 puestos de trabajo federales que genera el sector, si no que la Argentina entraría en un default ambiental que va en sentido contrario al compromiso asumido en el Acuerdo Climático de París”, del que la Argentina es signataria.
También recordaron las siete entidades que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “prometió en la sesión ordinaria del 29 de diciembre el tratamiento de la prórroga de la ley” a la que “de una u otra manera, todos los bloques de Diputados han manifestado acompañar”. Por ello instaron a “su tratamiento y aprobación” cuanto antes.
“La extensión de la ley permitirá que el Congreso debata con la serenidad adecuada nuevos horizontes para las energías limpias, con una visión que integre los aspectos económicos, ambientales, energéticos y de mayor equidad territorial que nos debemos como país federal”, concluyeron las Cámaras.
