La política económica del gobierno nacional amaga ir rumbo al iceberg. Así lo advierten tanto economistas de carne y hueso de diferentes tendencias como fríos indicadores que esta semana se dieron a conocer. Ante ello, el Ejecutivo, sin ensayar cambio de timón alguno, apela al intento de llevar tranquilidad a través del discurso oficial, que sólo varió en los últimos meses en boca del presidente Mauricio Macri para dejar de insistir en que “lo peor ya pasó” –frase que el jefe del Estado comenzó a decir en julio de 2016 y pronunció por última vez en marzo de este año, al abrir el período de sesiones del Congreso– a admitir que hay problemas, pero no son más graves que una “tormenta”.
Uno de los indicadores que se ventilaron esta semana, específicamente en el último día hábil, el viernes, es que desde el acuerdo con el FMI y el giro del primer tramo de 15.000 millones de dólares de un préstamo stand by a 36 meses por 50.000 millones, las reservas del Banco Central cayeron en más de 6.400 millones.
A la fecha se ubican en 56.870 millones, una diferencia de 6.404 milllones con los recursos del Central el pasado 22 de junio, cuando habían caído a 48.478 millones y llegaba el salvataje del Fondo.
Para afrontar la corrida cambiaria, el Central comenzó a vender divisas mediante una subasta de 100 millones de dólares diarios, que ahora redujo a la mitad.
Préstamo mediante, las reservas superan en apenas 1.815 millones de dólares al volumen del último día de 2017, de 55.055 millones.
Para peor, durante el viernes negro que pasó –disimulado en los medios informativos nacionales pero no en los centros financieros– los títulos externos y otros instrumentos que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de 111 millones de dólares.
Ante esa realidad, economistas salieron a advertir sobre el exiguo margen de maniobra que tiene el Banco Central para enfrentar una nueva corrida, y ni hablar de un shock externo, como una caída en los precios de las exportaciones, por ejemplo.
El corcoveo de este viernes vino de Oriente, una fuerte devaluación de la lira turca tras una medida comercial del gobierno de los Estados Unidos. El impacto se sintió en las Bolsas del mundo y jaqueó a las economías más vulnerables, como la argentina
El ortodoxo Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que el BCRA «debe dar muestras urgentes de que la estabilidad monetaria se va a mantener”, en especial tras dos nuevas jornadas de suba del dólar. «Cuanto más profunda sea la crisis en Turquía, más costará estabilizar la economía argentina», advirtió.
«Lamentablemente el BCRA está asumiendo un riesgo muy grande en la medida que de no frenar esta escalada del dólar, podríamos terminar en otra crisis cambiaria que va a ser muy difícil de frenar», marcó.
Desde otras perspectiva ideológica, Arnaldo Bocco diagnosticó exactamente lo mismo: «Las reservas netas para absorber un shock externo son limitadas y la fuga de capitales no cesa», advirtió.
La diferencia, claro está, es la receta: Bocco, ex miembro del directorio del BCRA, pidió “atacar las fuentes de inestabilidad tal como las mismas se generan y los motores que las aceleran”. La decisión de reducir retenciones a las exportaciones de soja y la desobligación de liquidar exportaciones –convertir a pesos los dólares del comercio exterior– no parecen medidas que vayan en ese sentido.
Por su parte, Agustín Monteverde, también de Libertad y Progreso y partidario de eliminar impuestos aun tomando deuda si genera un bache en la recaudación advirtió que la inflación de 2018 puede «superar el 32 por ciento» y advirtió que esa cifra pone “en peligro» el acuerdo con el FMI.
«Tuve algunas consultas respecto del riesgo de una hiperinflación y no estamos cerca, pero sí estamos empezando a hacer un camino peligroso», consideró.
«La Argentina no concluyó una crisis, la está cruzando. De hecho, está lejos de haber terminado», advirtió y sostuvo que «lo único que logró el gobierno fue una calma transitoria».
El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, colaborador en la gestión de Roberto Lavagna, atribuyó a «una fatiga de los mercados y la comunidad inversora con la Argentina» el temblor del viernes, con el dólar subiendo más de un peso en un solo día y el salto del riesgo país de la Argentina por encima de los 700 puntos, máximo nivel desde febrero de 2015 con desplome del 8% de bonos y hasta del 11% en los títulos de empresas argentinas en Wall Street.
«Es difícil saber si sigue la escalada del dólar, pero están dados los ingredientes para que siga», analizó y consideró que la administración de Macri «tiene un rol demasiado pasivo, tendría que ser más proactivo», frente al tembladeral.
En efecto, a lo único que atinó el gobierno es a garantizar, frente al sinuoso trajinar de la economía, al ajuste pedido por el FMI y al escándalo que esta semana transcurrió con detenciones de empresarios contratistas históricos del Estado, que la obra pública continúa.
Así garantizaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, a representantes de las más fuertes entidades financieras, como los bancos HSBS, ICBC, BICE, Citibank, UBS, Mayorista, Santander, Itaú, Supervielle, Francés y Galicia. Aunque no trascendió, es presumible que hayan llevado sus dudas sobre sistema de Participación Público Privada, la iniciativa de cuño Cambiemos para la obra pública. No sólo sobre su continuidad, que es lo que el gobierno garantizó, sino sobre los mismos empresarios que las llevan adelante y se fondean en los bancos. En los términos en los que traduce acusaciones el juez federal Claudio Bonadío –por ejemplo en la causa dólar futuro, donde se superpuso un presunto delito con una similar medida que estaba tomando el BCRA todavía mando de Federico Sturzenegger– pueden quedar salpicados y resentirse los pagos, agregando tierra a la fosa económica en momentos en que –lo confirmó el Indec en junio– la construcción atraviesa su primera caída en 15 meses.
