La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por presuntamente haber favorecido al presidente Mauricio Macri en un expediente interno relacionado con la operación del Correo Argentino cuando estuvo gestionado por la familia del actual jefe del Estado.
Alonso desvinculó a Macri de cualquier “falta ética” y, menos aún, de la eventual comisión de un delito relacionado con un “conflicto de intereses”. Pero legisladores del Frente Renovador consideraron que ese dictamen exculpatorio no fue consecuencia de un análisis profundo de la situación sino el producto de la parcialidad con que trabaja la OA y, sobre todo, los distintos criterios que se aplican según los imputados, pertenezcan al anterior gobierno o al actual.
Paloma Ochoa respondió afirmativamente a lo que técnicamente se conoce como “la vista del 180”, un artículo del Código Procesal que obliga al juez a preguntarle al fiscal si impulsa la acción penal ante la eventual presencia de un delito de acción pública. La fiscal entendió que, en el caso, podrían configurarse los delitos de “violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia”. Y, por ello, le pidió a la jueza federal María Servini que ordene una serie de medidas de prueba para iniciar formalmente la investigación contra Alonso.
La investigada en este expediente es Alonso. Pero en la causa madre, la relacionada con el Correo, las imputaciones recaían sobre Macri, su ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
Las empresas del Grupo Macri administraban el Correo (concesión que habían obtenido durante el gobierno de Carlos Menem) pero en el contexto de la crisis de 2001 dejaron de pagar el canon y acumularon una deuda original de casi 300 millones de pesos, equivalentes a dólares para la época.
Cuando Macri llegó a la presidencia, del otro lado del mostrador, hubo un acuerdo que virtualmente condonaba la deuda, que por entonces superaba los 70 mil millones de pesos. Una fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, advirtió la maniobra y se opuso. Desde entonces, sufre permanentes intentos para apartarla de la causa.
El acuerdo finalmente no se celebró; Macri “ordenó” retrotraer la situación y advirtiendo que amanece cada mañana, decidió apartarse de la cuestión y delegar las decisiones sobre el Correo en su vicepresidenta, Gabriela Michetti. Y Laura Alonso consideró que con eso era suficiente, que Macri ya no tenía nada que ver con las decisiones que se adoptaran desde el Estado en relación con el Correo Argentino.
Los legisladores del Frente Renovador, encabezados por Graciela Camaño, formularon una denuncia penal contra el dictamen de la OA, que sostenía textualmente: “No se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”. La titular de la OA sostenía que desde 2009 Macri no tenía participación en la empresa que administraba el Correo, pero según la denuncia “soslayó deliberadamente información que comprometía al jefe de Estado”. ¿Cuál? Su propia declaración jurada, en la que cinco años después, en 2014, reconocía que seguía vinculado con esa empresa familiar.
La investigación contra Macri discurre en otros juzgados; lo que aquí se discute (y es el impulso de la fiscal Ochoa) es si Laura Alonso cumplió con la función asignada a la Oficina Anticorrupción o, en virtud de su origen y dependencias políticas, manipuló información para beneficiar al presidente, en definitiva su jefe, tanto desde el punto de vista jerárquico en la Administración Pública como en el político.
