Dos ex jefes policiales de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron sobreseídos por la Justicia federal en la causa que investigó el retiro de una suma de dinero millonaria de la agencia de turismo donde fue asesinado el empresario Hugo Oldani en febrero de 2020, ubicada en la galería Rivadavia del microcentro de la capital provincial. Se trata del entonces jefe del Departamento Operativo de la AIC, Walter Barco y su colega a cargo de Homicidios, Hernán Galán, quienes quedaron desvinculados tras los resultados de un peritaje de pesquisas federales determinara que no eran las personas que se veían en el video. La investigación está a cargo del fiscal Walter Rodríguez que pidió la elevación a juicio oral del expediente que tiene a la fiscal provincial Cristina Ferraro, otro jefe policial y tres civiles en el banquillo.
Barco y Galán fueron acusados por la Justicia federal el 19 de mayo de 2022 de «encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos» en torno de la investigación del crimen del agenciero. Es que en ese momento, la fiscal Ferraro dejó que familiares de la víctima se llevaran más de 3 millones de pesos y alrededor de un millón de dólares que había en el local donde también funcionaba una cueva, según estimaciones que se hicieron en base a una foto tomada por peritos de criminalística.
El sobreseimiento de los ex jefes policiales fue dictada por el juez Aurelio Cuello Murúa quien dispuso anular los cargos que pesaban por «encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos». Tanto Barco como Galán fueron acusados a partir de un video de las cámaras de seguridad de la galería que captó a dos hombres que se encontraban en inmediaciones del local en donde mataron a Oldani y del cual, horas después del homicidio, familiares y allegados del fallecido extrajeron el efectivo que había.
Por esta última investigación fue procesada y enviada a juicio la fiscal Cristina Ferraro que inicialmente investigó por cinco meses el homicidio de Oldani y que permitió que extrajeran el dinero sin poder ser contabilizado por los peritos de la entonces AIC –ahora Policía de Investigaciones (PDI)–. También fueron procesados los civiles Diego Marcos Medera, José Luis Hernández y Virginia Venetucci (esta última empleada de la Asesoría Letrada de la Policía de la Policía de Santa Fe) y el entonces jefe de la Primera Zona de Inspección, Julián Nizzo.
Caso Oldani: piden juicio oral para fiscal y jefe policial por la desaparición de dinero y pruebas
En la causa, los policías Barco y Galán fueron sindicados por haber desconectado la cámara 6 del circuito cerrado que se encontraba instalado en la Galería Rivadavia a las 21.59 después del homicidio de Oldani. Dichas cámaras, tenían por objetivo captar las imágenes del pasillo que desembocaban al hall ubicado frente de los locales de la firma y por donde egresó el dinero que había en la cueva.
La prueba principal que tuvo en cuenta el fiscal federal para procesar a Barco y Galán fueron esas imágenes, en realidad una interpretación de ellas porque el video desapareció. Un informe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dictaminó que en él se veía a los dos policías manipulando el aparato en el momento en que una de las cámaras se apagaba.
En dicho documento se indicó: «se puede observar en la imagen a personal con vestimenta de la PDI, quien sostendría una carpeta en su mano y a Barco con un teléfono en su mano. Además, un masculino con chomba rayada, bermuda y mocasines a quien no se pudo identificar», para luego señalar que a las 21:56 horas «en la imagen se observa al masculino previamente mencionado vestido de chomba rayada, bermuda y mocasines, agachándose en el lugar donde se encontraría el DVR que conecta las cámaras de la galería donde se desarrolló el suceso objeto de la investigación (…) Minutos después de que el masculino previamente mencionado se agacha hacia el DVR, la cámara 6 deja de funcionar».
Los videos en cuestión recién aparecieron a finales del año pasado. Fue con ese contexto que el fiscal federal de Santa Fe solicitó entonces la colaboración a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DATIP), con el objeto de analizar las filmaciones.
El Laboratorio de Multimedia Forense de dicho organismo concluyó que ninguna de las personas analizadas presentaba rasgos faciales y fisionómicos coincidentes con los de los funcionarios Barco y Galán.
En mayo de 2023, el fiscal Rodríguez elevó a juicio la causa para la fiscal Ferraro, el policía Nizzo y los civiles Madera, Hernández y Venetucci. Sin embargo, el pedido no fue para los ex jefes Barco y Galán, en base a que esperaba los resultados de esta pericia.
En base a esta resolución, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento para desvincular a los policías de la causa en la que fueron representados por los abogados Hilda Knaeblein y Sebastián Gervasoni. En ese marco, el juez federal Cuello Murúa dictó este martes el sobreseimiento para los entonces jefes de la AIC.
Confirmaron procesamiento por lavado a familiares y allegados del empresario asesinado Oldani
