Le dicen La Gringa, está imputada en una asociación ilícita liderada a René «Brujo» Ungaro con su sede en el Fonavi del Parque del Mercado y dominio en la zona sur. La detuvieron en 2019 y en octubre la imputaron como miembro de la organización dedicada a un abanico de delitos que van desde balaceras, usurpaciones hasta el ingreso de materiales prohibidos en las cárceles. La Fiscalía y la defensa presentaron un acuerdo abreviado que fue rechazado. Ahora la Cámara Penal resolvió revocar la decisión del juez de primera instancia y dispuso que se proceda al sorteo de un nuevo juez para que trate el acuerdo presentado por las partes.
Ramona Elvira «Gringa» A. tiene 44 años, es de barrio Tablada y está detenida desde finales de agosto de 2019 cuando la acusaron por tenencia de armas de fuego y le encontraron algunas bochitas con cocaína en una casa donde se escondía en Capitán Bermúdez. La investigación continuó y quedó involucrada como parte de una asociación ilícita que el Brujo Ungaro comandaba desde la cárcel. Según la hipótesis fiscal la mujer se ocupaba de los turnos que Ungaro regenteaba para el ingreso de familiares a la cárcel de Piñero lo que generaba unos 30 mil pesos por semana.
En octubre de 2019, el fiscal Matías Edery imputó a un grupo de 8 personas entre ellos a René Ungaro como cabecilla y a la Gringa por pertenecer a una asociación ilícita cuyo objetivo “fundacional, prioritario y aglutinante es la defensa del territorio, lo que les permite desarrollar los diferentes tipos de negocios ilícitos que, a su vez, le generan beneficios económicos y los ascienden en poder respecto de bandas antagónicas”.
En la audiencia, Edery le achacó puntualmente a la Gringa ser un engranaje de la organización y en ese carácter recibir órdenes de otros miembros privados de su libertad; de estar a cargo de la logística de los hechos cometidos por la organización junto a manejar y administrar recursos propios y del resto de los imputados.
Para hacer esto el fiscal describió que la Gringa se valía de la comisión de delitos indeterminados como la tenencia y disposición de armas de fuego que guardaba en su casa; dando órdenes sobre dónde llevarlas o a quién entregarlas.
También le imputaron la organización de venta de números para el ingreso de la visita a la Unidad Penal 11 de Piñero; organizar amenazas y extorsiones, atentados contra las personas, lesiones, encubrimiento de robo de vehículos y el desguace junto a las usurpaciones. Todo ello con el fin de la defensa territorial del barrio Tablada y el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates y el del Parque del Mercado, a fin de obtener un rédito económico, reconstruyó el fiscal en la imputación.
Con el correr de la investigación y la producción de evidencia, el fiscal Edery acordó con el defensor oficial Darío Pangrazi presentar en su caso un procedimiento abreviado.
El convenio ubicó a la mujer como miembro de la asociación ilícita y propusieron una pena de 3 años de prisión. El abreviado pasó el examen de admisibilidad pero el juez no lo homologó al considerar que la Gringa pertenecía al a categoría de jefa de la asociación lo que impactaba en la pena que con esa calificación tiene un mínimo de 5 años.
Esta decisión fue apelada por la defensa que explicó en la audiencia de apelación ante los camaristas que el juez Héctor Núñez Cartelle confundió el control de legalidad y se inmiscuyó en la calificación legal sin fundamento.
El fiscal Edery agregó que se trata de una organización de suma complejidad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trata de cerrar abreviados con los eslabones más débiles de la asociación a los fines de tener un juicio más claro y limpio respecto a los cabecillas. Y sumó que poner a la mujer en un rol de mayor entidad que el imputado por la Fiscalía es excederse en las funciones.
Tras escuchar a las partes, los camaristas Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Carolina Hernández resolvieron invalidad la resolución del juez Núñez Cartelle y remitir el caso al Colegio de Jueces de Primera Instancia para que se sortee un nuevo juez que entienda en el caso y le de tratamiento al acuerdo presentado por las partes.
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