Emanuel era un pibe pobre, se ganaba la vida cuidando coches. En septiembre fue detenido por dos hechos de robo simple, tenía dos hijos y una familia que no le soltaba la mano. Hacía seis meses que estaba en prisión preventiva. La defensa oficial trabajó para lograr su libertad. Hizo varios intentos hasta que el juez Nicolás Foppiani le dio la libertad a fin de marzo pero con una condición indispensable. Debía depositar 10 mil pesos de fianza para salir. Un monto imposible de juntar para su familia, circunstancia que se agravó con el aislamiento social y obligatorio. Sus hermanos albañiles no están trabajando y no pudieron juntar ese monto. Entonces propusieron depositar 4 mil pesos en dos cuotas pero les dijeron que no. La noche del 3 de abril, Emanuel Antonio Rodas, de 24 años, empezó a vomitar sangre. Llamaron a la ambulancia pero murió cuando iban a trasladarlo al hospital. No está clara la causa de su muerte. Este jueves su cuerpo será sometido a una autopsia bajo el protocolo de Minnesota.
Emanuel Rodas estaba preso en forma preventiva por disposición judicial desde el 3 de septiembre. El fiscal César Cabrera Molino lo había imputado de dos hechos de robo simple y encubrimiento. Al evaluar su situación, el juez entendió que había peligrosidad procesal y lo dejó detenido. Su defensa cuestionó la situación de encierro y logró que el juez Foppiani, después de más de 6 meses de investigación fiscal, fijara una fianza que resulto de cumplimiento imposible.
La fianza
Su familia se gana la vida con la albañilería, pero la pandemia complicó aun más las cosas. El aislamiento social y obligatorio impidió que sus hermanos pudieran trabajar y el único ingreso que tenían era una pensión que recibía su madre por tener siete hijos. La propuesta fue pagar 2 mil pesos ahora y otros dos mil el próximo mes pero el fiscal se opuso y el juez desechó la propuesta, contó en un comunicado la ONG Pensamiento Penal.
Sabiendo que tenía la libertad, Emanuel estaba ansioso. La fianza era altísima para su situación económica y la de su familia. Decía que no aguantaba más, contó una fuente del caso. El viernes a la noche estaba en su celda cuando empezó a vomitar sangre, sus compañeros se desesperaron y pidieron asistencia médica a los gritos. Cuando la ambulancia, llegó Emanuel fue caminando hasta la ambulancia pero murió en el interior del móvil sanitario. Las versiones sobre lo que le pasó son varias. Algunos hablan de un posible envenenamiento pero nadie sabe con certeza lo que le pasó, contó una fuente del caso. La autopsia que tendrá lugar el próximo jueves va a echar un poco de luz sobre la causa de su muerte.
Pandemia
“Desde que se declaró la Pandemia por el COVID-19, el mundo enteró cambió sus prácticas. Pero el Poder Judicial aún conserva las suyas, algunas de las cuales son medievales. Como consecuencia de la gravedad que la situación que reviste para las personas privadas de su libertad, reiteradas veces, organizaciones de la sociedad civil hemos llamado la atención al respecto y enunciamos medidas sencillas, no drásticas y alternativas para descomprimir la situación”cuenta el documento de la ONG Pensamiento Penal que se hizo eco del caso.
Pensamiento Penal junto a otras ONGs presentaron una propuesta antes de que esta realidad estallara en hechos violentos en cárceles de la provincia, la que incluyó recomendaciones para reducir el número de presos en las cárceles, especialmente aquellos considerados grupos de riesgo. Cuestionaron además el rechazo in limine (es decir sin trámite) de habeas corpus con argumentos dudosos respecto a los Derechos Humanos, cuentaron
“La situación de excepción que estamos viviendo no nos afecta a todos de la misma manera. Las personas privadas de libertad están expuestas a las violencias ínsitas de las instituciones carcelarias, que el aislamiento significó la imposibilidad de estar en contacto con sus familias y seres queridos en todas sus formas, que no cuentan en esos lugares con los elementos de higiene que les permite evitar contagio de enfermedades, que la atención de la salud de ellxs nunca es una prioridad”, explicaron.
“A pesar de la desesperanza que estas situaciones nos suelen generar, todavía creemos que quienes ocupan las magistraturas recordarán que su rol en el proceso es el de garantes de los derechos, que la prisión preventiva es siempre excepcional y más aún en el contexto de pandemia. Y que dictarán resoluciones racionales, acordes con nuestra Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales y en el respeto por los Derechos Humanos, siguiendo a nuestra más eximia doctrina y sobresaliente jurisprudencia en esta materia”, concluyeron.
