La jueza Paula Sansó obligó al Iapos, la obra social de la provincia, a cubrir la internación de una pareja que estaba por ser desalojada de la vivienda que habita en un geriátrico privado que tiene prestaciones de alta complejidad. El pedido estuvo a cargo de los abogados de la Asociación de Defensa al Consumidor (ADC) Edith Molinaro y Luciano Tamous, quienes elevaron la solicitud a partir de un requerimiento del médico que atendía a la pareja.
En diálogo con El Ciudadano, los abogados explicaron que se trata de una pareja de unos 50 años, ambos con graves problemas de salud. “El hombre está discapacitado y su esposa, que ha tenido una serie de operaciones, está actualmente postrada; incluso tiene una colostomía”, sostiene Tamous. Esta situación ha hecho que se quedaran sin ingresos y que no pudieran pagar el alquiler, por lo cual la Justicia dictó una orden de desalojo en su contra.
En la actualidad la pareja es cuidada por un familiar, que se reparte entre sus horas de trabajo y el tiempo que puede dedicarle a ambos; sin embargo las necesidades específicas del matrimonio vuelven prácticamente imposible que viva sin los cuidados requeridos.
En ese sentido, Molinaro y Tamous indicaron que un diagnóstico elaborado por el médico de ambos indica la inmediata internación en un lugar adecuado ya que por ejemplo la mujer, dada su enfermedad, necesita una alimentación especial y en este momento se encuentra desnutrida ya que no puede acceder a la misma por falta de recursos.
El Iapos, en tanto, no hizo lugar al pedido del especialista; por lo tanto se realizó la presentación judicial que fue resuelta por la magistrada civil Paula Sansó. Pero no sólo determinó la internación de ella, sino también de su marido ya que por el estado en el que se encuentra también requiere de cuidados especiales.
El geriátrico al que ordenó el traslado la magistrada es el de 9 de Julio 654, ya que es uno de los pocos que puede brindar los servicios que requiere la pareja, tal como lo requirió el médico que pidió la urgente internación de los cónyuges.
Sobre la orden de desalojo que pesa sobre la pareja, el abogado explicó que no logró pagar el alquiler de su vivienda ya que su estado de salud le impide trabajar y las complicaciones de la enfermedad que padecen ambos le requirió un gasto extra de dinero, de manera tal que no pueden afrontar los pagos que antes hacían con normalidad.
De todos modos, los representantes legales declinaron a brindar datos sobre la pareja para no vulnerar su privacidad.
