A Diego Barrios lo mataron de un disparo en el pecho a pocas cuadras de su casa, en la zona noroeste. Por el hecho hubo dos imputados, pero uno de ellos quedó desvinculado. El juez entendió que su conducta no encuadró en un delito. Era quien iba con la víctima cuando se produjo el crimen. Para el fiscal, hizo las veces de entregador pero l acusación no pudo acreditarlo. En cuanto al otro sospechoso, este jueves consintió un procedimiento abreviado. El fiscal y la defensora oficial pidieron una sanción de 11 años por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de la portación. Y propusieron unificar esa pena con otras anteriores en 16 años. El juez Carlos Leiva homologó el convenio aunque no hizo lugar a la declaración de reincidencia que había pedido la Fiscalía.
Diego era un pibe conocido en la zona de Sorrento y Cullen. Renía algunos problemas con las drogas y en los días anteriores había tenido un problema con Jesús por una bicicleta. Jesús estaba enojado porque no se la devolvía y se había presentado en la casa de la víctima a reclamarla con algunas amenazas de por medio. Finalmente Diego la devolvió: su hermana se lo había aconsejado y todo había terminado. Ahí en apariencia.
El 21 de noviembre de 2015, cerca de las 23, Jesús apareció en la casa de Diego. La víctima le dijo a su madre que iba a acompañarlo a hablar con un amigo. Su mamá le pidió que no fuera porque le daba miedo, pero Diego le dijo que no se preocupara, que volvería pronto. Cuando salió, Jesús estaba en la puerta y se fueron caminando. Llegaron hasta Barra 1500 bis y se apareció un hombre, Jesús se corrió y el atacante le disparó en el pecho. Diego fue trasladado al hospital Alberdi, donde murió poco después. En el lugar del crimen quedaron las manchas de sangre y dos cuchillos.
Los móviles
Para la hermana de Diego el conflicto de la bicicleta tuvo que ver en la muerte. Su madre le contó que Jesús había ido a buscar su bicicleta y amenazó con matarlo si no se la devolvía. Dijo que, al volver del hospital, tras la muerte de su hermano, Gerardo Aníbal Gómez –acusado luego como el tirador– sacó un arma calibre 22 y disparó al aire mientras la miraba y se reía. Al día siguiente se lo cruzó cuando iba en moto con su marido. Gómez iba en bicicleta y se tocó la cintura, otra vez le dedicó una sonrisa. La mujer fue acercando a la investigación información de lo que se iba enterando, entre ellos el testimonio de su primo.
El muchacho presenció el hecho a la distancia. Dijo que cerca de las 22 salió de su casa y vio a Gómez frente a la vivienda de su primo en una moto. Llegó a casa de su tía y como no encontró a su pariente se fue. Un rato más tarde vio a su primo caminando con Jesús. Gómez estaba a media cuadra. Tiró la moto y fue hacia ellos. Jesús se corrió y el homicida le disparó a Diego en el pecho. Luego ambos se fueron juntos, mientras su primo quedó tendido en el suelo, aseguró.
Jesús fue detenido e imputado por el fiscal Florentino Malaponte aunque ese achaque no prosperó. Para el juez, la conducta de Jesús fue atípica, es decir que las evidencias no demostraron que realizara una acción que encuadrara en un delito y quedó desvinculado. Pero en esa oportunidad declaró. Dijo que vivía en la casa de al lado de Diego y cuando salieron éste le pidió a una vecina un cuchillo. Que vio al chico de la moto (en relación con Gómez) y su vecino sacó un arma blanca, pero el ocupante del rodado empuñó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. Pero no aclaró si la intención de su compañero había sido robarle la moto al homicida, como contó un testigo de oídas en el caso.
Malaponte explicó que en este marco no encontraron más alternativas que mantener la imputación original. A la víctima se le extrajo un plomo calibre 22, como el arma que vio manipular la hermana de Diego. Acordaron con la defensora Nancy Zulli aplicar una sanción de 11 años por el crimen. Explicaron además que Gómez tiene condenas previas que se fueron unificando. La primera en 2010 a 3 años de cárcel y la segunda en 2017, es decir después del crimen, que en total se unificaron en una pena de 9 años y 6 meses. Pidieron la aplicación de un método composicional entre las penas y solicitaron una sanción única de 16 años.
El planteo tuvo el acuerdo de la familia de la víctima, del fiscal regional y del general, según explicó el Malaponte sobre sus superiores, y pidió la declaración de reincidencia. La defensora se opuso al pedido y finalmente el juez Leiva resolvió homologar el acuerdo tras el consentimiento de Gómez y rechazar la reincidencia. El magistrado entendió que, si bien el hombre había estado preso, lo hizo bajo la figura de la prisión preventiva y el régimen resocializador se consolida cuando hay pena.
