Un fallo judicial que declara inconstitucional el control de la Legislatura provincial sobre fiscales y defensores del sistema penal trastocó los planes de la Comisión Bicameral de Acuerdos, que se aprestaba a sancionar al fiscal Adrián Spelta, y volvió a poner sobre el tapete las competencias de control del Poder Legislativo sobre la Justicia. Esto motivó que, al parecer sin distinción de banderías políticas, los legisladores busquen dar una respuesta contundente, mediante un documento consensuado, sobre la división de poderes y el necesario monitoreo de la actividad judicial.
La semana pasada los senadores y diputados de la Comisión Bicameral de Acuerdos firmaron un dictamen a través del cual solicitan a las cámaras la suspensión por 90 días y sin goce de sueldo para el fiscal rosarino, investigado por haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al célebre y ya fallecido “Ema Pimpi” Sandoval, condenado en su momento como instigador del atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti e imputado por una triple tentativa de homicidio al momento en que fue asesinado.
Para el tratamiento de ese dictamen, la vicegobernadora y presidenta del Senado Alejandra Rodenas convocó a una sesión conjunta para el jueves 1º de octubre en la cual los senadores y diputados debían expedirse sobre el futuro de Spelta.
Declaran inconstitucional la ley que faculta a los legisladores para sancionar al fiscal Spelta
Pero la resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, que declara inconstitucional la ley 13.807 del año 2017 –que le otorga a la Legislatura la potestad de sancionar a funcionarios judiciales en casos de faltas graves–, modificó los planes y le dio un poco de aire al cuestionado fiscal de Rosario. También a la postura de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que buscan que el control siga en manos de ese órgano.
La sesión conjunta del 1º de octubre se va a realizar de todos modos, pero no se tratará el dictamen sobre el caso Spelta, trascendió de parte de los legisladores. En cambio, se prevé que en ese ámbito los senadores y los diputados hagan público un documento en el que reafirman su potestad de revisar y sancionar el trabajo de los fiscales y defensores en caso de faltas graves, una atribución que se dieron por ley luego de las idas y vueltas en torno de la suspensión del ex defensor general Gabriel Ganón, en diciembre de 2016.
La resolución de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario tuvo lugar poco después de la decisión de la Legislatura de suspender por 180 días y una rebaja del 50% de su salario al fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad por supuestos vínculos con el juego clandestino. En el caso de Spelta se iba a aplicar el mismo procedimiento, pero el fallo judicial –que será apelado por la Fiscalía de Estado de la provincia– modificó esos planes.
El cambio de escenario le dio una vida más a Spelta. La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados no tratará el dictamen de suspensión contra el fiscal rosarino, sino que servirá como marco para la emisión de un documento crítico respecto del fallo que consideró inconstitucional la ley 13.807. Se reabre así un nuevo frente de conflictos entre poderes que parecía clausurado después del caso Ganón.
Pedirán la suspensión por 90 días del fiscal Spelta por otorgarle domiciliaria a Ema Pimpi
Consenso político
Legisladores de todos los colores salieron a repudiar la resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.
El radical Lisandro Enrico opinó que “el fallo busca evitar que los fiscales puedan ser puestos en investigación bajo la mirada del poder más democrático y representativo y mantener un sistema de protección y coberturas rancio para cualquier sistema de transparencia y moderno”.
Por su parte, el senador peronista Joaquín Gramajo –presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos– señaló que el fallo “atenta contra el sistema republicano y denigra el nivel intelectual de los legisladores”.
“La ciudadanía lo tiene que saber: los fiscales no quieren ser controlados”, agregó Gramajo en referencia a los funcionarios del Poder Judicial. “Nosotros respetaremos el fallo del tribunal, aunque no estemos de acuerdo. Fijaremos la postura en un documento mientras la Fiscalía de Estado recurre ante la Corte Suprema”, adelantó respecto de la sesión del jueves.
