Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador de Cambiemos Rodolfo Suárez anunciara este viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
En tanto, desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura realizaron un “banderazo plurinacional” en el kilómetro cero de esta capital y convocaron a una concentración para este lunes –cuando se trate la normativa– en la legislatura provincial. Algunos departamentos se organizaron y caminaron en caravana hasta el centro de Mendoza para sumarse al banderazo.
Según informaron fuentes legislativas, el proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse a partir de este lunes de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las masivas protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Este viernes, tras una reunión con los intendentes en el marco del espacio de diálogo abierto tras las polémicas, el mandatario provincial consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
El gobernador expresó: “En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209”.
“Esta decisión se toma sobre una decisión de que esta ley es legal, pero no tiene la legitimidad del pueblo”, agregó.
Por otra parte en el sureño departamento de Malargüe, donde bregan por el desarrollo de la minería metalífera, piden a la legislatura que los exceptúe de la vigencia de 7.722.
“Planteamos que en el resto de la provincia de Mendoza se aplique la ley 7.722 y en el departamento de Malargüe la Ley 9.209, que contempla controles multisectoriales que garantizan una minería sustentable”, dijo a Télam el presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Miras.
Tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones y protestas masivas en distintos puntos de la provincia, Suárez había anunciado el jueves que no reglamentaría “la ley (9209), y no estará vigente”, y convocó a un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia “para una gran convocatoria e información a la gente”.
Sin embargo, la decisión no convenció a los asambleístas y vecinos que continuaron manifestándose y hasta la cúpula del peronismo mendocino que, aunque el viernes pasado, con algunas excepciones, dio el voto para aprobar la ley, pidió su derogación para iniciar el diálogo “desde foja cero”.
