Los rumores sobre la declaración del empresario Leonardo Peiti embarrando a más dirigentes políticos de los que ya fueron mencionados con distinto grado de sospecha en las causas por apuestas clandestinas que se ventilan en diferentes lugares de la provincia, su pedido de ser considerado arrepentido y su decisión de firmar un juicio abreviado se confirmaron en el mediodía de este miércoles, cuando el fiscal Luis Schiappa Pietra lo reconoció ante los micrófonos del programa Trascendental de LT8. Se trata, dicen otras fuentes del caso por juego ilegal, de un “preacuerdo” por el cual Peiti abonará una cifra millonaria en efectivo y en bienes con la esperanza de obtener la mitad de pena, tres años, apuntando a cambio hacia cuatro senadores provinciales de distintos partidos políticos que, según la teoría fiscal, recibieron dinero malhabido, al parecer para financiar campañas políticas, justo cuando Santa Fe inicia el camino hacia las generales del próximo 14 de noviembre.
El caso por juego ilegal provocó un cimbronazo institucional en la provincia cuyas consecuencias aún están por verse. La pesquisa de Schiappa Pietra y Matías Edery mandó presos al entonces fiscal anticovid Gustavo Ponce Asahad, que firmó un abreviado como arrepentido y pronto se irá a su casa, y el superior de los tres, el jefe de los fiscales rosarinos Patricio Serjal, imputado en la causa.
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A la vez, los acusadores pretenden sentar en el banquillo al senador Armando Traferri, peronista pero enfrentado con el Ejecutivo santafesino, por ahora sin suerte. Se suman, según lo que trasciende de la declaración de Peiti del pasado 9 de septiembre, otros senadores, incluidos dos del radicalismo y un cuarto, también justicialista pero del oficialismo provincial.
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La complejidad del tema llevó a que ese día se llevara adelante una audiencia virtual con los representantes del MPA de tres jurisdicciones en las que está acusado como jefe de asociaciones ilícitas Peiti, Melincué, Rosario y Rafaela, con la supervisión del jefe de fiscales provinciales Jorge Baclini, y ante la magistrada Marianela Verón.
Según fuentes de la causa, Peiti apunta contra Traferri, cosa que ya había reconocido con anterioridad: que pretendía obtener la concesión del juego online, lo que terminó en manos de la firma Boldt y que motivó incluso una denuncia penal contra el gobierno provincial por parte de diputados del radicalismo. Y da detalles de aportes, millonarios en pesos, para campañas electorales.
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Pese a su presunto carácter confidencial, el convenio entre los abogados defensores Luis y Angelo Rossini y los fiscales adquirió amplia difusión en las últimas horas. En caso de ratificarse, habla de una multa de 536 mil dólares: compuesta por 236 mil cash y 300 mil en inmuebles, aunque Peiti, quien por ahora sigue alojado en una clínica psiquiátrica, puede quedarse con la propiedad de su vivienda de Funes, siempre según esta fuente.
Para los fiscales, Peiti conformó una asociación ilícita como organizador junto con Serjal (tiene prisión domiciliaria) y Traferri (protegido por sus fueros legislativos), y como miembros con Ponce Asahad, el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, el fallecido Zar del Juego Clandestino de Rafaela David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi (que también firmó un abreviado).
Peiti enfrenta acusaciones similares en Melincué, donde el caso ya se elevó a juicio, y Rafaela, donde también la pesquisa salpica a otros actores políticos e institucionales. Igualmente, el empresario de barrio Echesortu enfrenta acusación por lavado de activos junto con el ex corredor de Fórmula 1 baigorriense Oscar “Popy” Larrauri y el abogado y ex funcionario villagalvense José Fernández Chemes.
Ahora, la Oficina de Gestión Judicial asignará un magistrado o magistrada para analizar si el acuerdo a seis años de cárcel como imputador colaborador, y consiguiente reducción del monto a la mitad, entre la defensa de Peiti y el MPA puede ser homologado o no.
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