El juez federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, elevó a juicio oral la “megacausa” penal en la que se investigaron durante tres años unos 30 homicidios ocurridos durante la última dictadura, donde además se incluyen casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y apremios cometidos contra militantes políticos.
Entre los principales imputados figuran el ex jefe del Ejército en la región, José María González; el ex jefe de Inteligencia del Ejército en el Área 212, Roberto Diab; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti, el ex militar Carlos Enrique Pavón y el ex juez de Menores durante la dictadura y luego fiscal en democracia Luis María Vera Candioti.
De acuerdo con el expediente, González arriba a este juicio imputado por homicidios a militantes políticos y por integrar una asociación ilícita, mientras que Diab tiene cargos como partícipe necesario en homicidios y tormentos, agravados por haber sido cometidos contra perseguidos políticos.
En lo que hace a Perizotti, sobre él pesa el cargo de haber integrado una asociación ilícita y ser partícipe necesario en homicidios.
El ex fiscal Vera Candioti y Pavón están acusados de secuestro y supresión de la identidad de la niña Paula Cortassa –luego Carolina Guallane–, quien quedó en poder de fuerzas represivas en febrero de 1977, luego del operativo de fuerzas conjuntas en la zona norte de Santa Fe, donde fueron secuestrados sus progenitores y luego asesinados.
Entre los casos investigados figuran las desapariciones de Orlando Finsterwald, Antonio Silvia, Daniel Martín Angerosa, Enrique Guastavino, Carlos Livieres Bank, Héctor Ameri, Mario Luis Totterau, María Cristina Mattioli de Totterau, Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi, Luis Vuistaz, Miguel Ángel Fonseca, Evaristo Oviedo, Ana María Fonseca, Antonio Bernal, Carlos Belmont, Graciela Saur, Horacio Ferraza, Silvia Edith Coria, Alfredo Fontana, Susana Trossero y Adriana Alicia Ángel, entre otros.
Caso Cortassa
Asimismo, en lo que hace al ex juez de Menores Vera Candioti, se lo investigó por una guarda irregular de la niña Paula Cortassa, hija de Enrique Cortassa y Blanca Zapata, un matrimonio que estaba vinculado con la agrupación Montoneros.
El 11 de febrero de ese año un procedimiento de fuerzas conjuntas del Área 212 allanó la casa de la pareja en calle Castelli 4531 en Santa Fe y los secuestró. La mamá de Paula –la niña que durante 22 años vivió con el nombre de Carolina Guallane en Venado Tuerto–, estaba embarazada a término y recibió un disparo en la cabeza que terminó con la vida del varón que esperaba y, por supuesto, con la suya.
Cortassa, un cuadro de la jerarquía de Montoneros, está desde entonces desaparecido.
Según las investigaciones judiciales, la niña estuvo 10 días en la ilegalidad para, se supone, “ablandar” a Enrique Cortassa y obtener información en la denominada “lucha contra la subversión”.
Vera Candioti, entonces juez de Menores, entregó en guarda con fines de adopción a la menor de 18 meses de edad en el marco de actuaciones judiciales irregulares que fueron conformadas por el entonces magistrado.
Se probó en la etapa de instrucción que la guarda de la menor se hallaba formalizada en la vivienda particular de Irma Soria (una asistente social) y no en la sede del juzgado.
Cabe recordar que Carolina Guallane supo en 1998 que su verdadero nombre era Paula Cortassa y sus padres adoptivos le habían comentado las circunstancias en la que fue tramitada su guarda y su adopción.
