Esta semana, la última de octubre, habrá audiencias testimoniales en la etapa de instrucción de la causa Chartier, conocida como Laguna Paiva, cuya primera elevación ya cuenta con una sentencia en julio de este año. Se trata de declaraciones de víctimas cuyos casos no fueron investigados hasta el momento. Lo particular de esta etapa de investigación de crímenes de lesa humanidad es que las víctimas eran menores al momento de los hechos.
En el juicio se investigaron eventos ocurridos entre febrero de 1980 y agosto de 1984: personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial secuestró y torturó a personas oriundas de Laguna Paiva, quienes meses después fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles, Rawson, Caseros, Devoto y Coronda. Catalino Páez, referente regional de la mesa sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, recuperó su libertad nueve meses después del retorno de la democracia.
La mayoría de las víctimas cuyos casos se investigaron eran varones que habían trabajado en el frigorífico Nelson –en la localidad homónima– y habían formado parte, a comienzos de los años setenta, de la organización sindical La Lucha, que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Para dar con Catalino Páez la policía de Santa Fe secuestró tres familias completas: la de Catalino y la de sus dos hermanos. Allí fueron víctimas también niñas y niños. En el juicio solo se investigó el caso de uno de los hijos del dirigente del PRT, Mario Páez, que tenía 14 años cuando fue secuestrado y llevado a un centro clandestino de detención en la ciudad de Santa Fe.
Pero según estimó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- son por lo menos 16 casos más. En este sentido, al organismo le parece que se trata de una causa emblemática en lo que fue el terrorismo de Estado en chicos. “El de Mario Paez fue el único cuyo caso estuvo dentro del proceso pero a partir de todos los testimonios se dio cuenta de muchísimos casos más en relación a niños y niñas. Para muchos de los que tienen experiencia en estos juicios, se trata de la primera vez que se da un caso de tanta magnitud en relación a la cantidad y la brutalidad con que se desplegó el terrorismo de Estado hacia esta población. Varios pasaron por centros clandestinos”, explicó Federico Pagliero, parte de la querella de Apdh.
Además, sostuvo que presentaron la figura de abandono de persona para ser tenida en cuenta por la fiscalía, “sería novedoso considerar por primera vez a este delito como de lesa humanidad”. Se refiere a que si bien algunos, como Mario Páez, fueron llevados a centros clandestinos otros quedaron solos en sus casas ya que habían secuestrado a sus padres.
Esperan que estas nuevas declaraciones testimoniales que se darán a partir del martes 26 de octubre permitan continuar la investigación y juicio en una segunda elevación de Laguna Paiva.
“La mayoría de los que fueron niños prestaron testimonio en el juicio aunque no eran parte del objeto procesal y la causa dio un giro. Porque al principio era la causa del PRT-ERP del frigorífico de Nelson y a partir de todos estos testimonios nuevos se transformó en la causa de los niños y las niñas. Esto es lo que genera un debate, un juicio oral que abre una caja de Pandora de gente que se enteró que estaba el juicio y quiso declarar”, detalló Pagliero.
Mario Páez también habló con El Ciudadano. Se presenta como ex preso político, habla de sus compañeros de militancia y de cautiverio y plantea que en este país «la justicia está muy endeble, deja mucho que desear en todo el mundo pero en nuestro país se acentúa cada vez más, tenemos un pasado oscuro pero parece que no importa, como si la sociedad mirara a un costado».
«Las leyes no son cumplidas», afirma. Se refiere a que la Justicia liberó a cuatro de los genocidas condenados en esta causa, a principios de septiembre. Por entonces, organismos de derechos humanos convocaron a una manifestación para que los represores cumplan sus condenas en cárceles comunes, sin embargo como muchos ya cumplieron dos tercios de la condena pudieron ser liberados.
En el caso de Enrique Riuli se trata de un genocida que vive en Laguna Paiva, la localidad de 13 mil habitantes donde vive la mayoría de los sobrevivientes de este juicio.
Páez cumplió 15 años detenido por la dictadura. Vio a su padre, Catalino, con la cara desfigurada por los golpes mientras su madre seguía secuestrada. Su prima sufrió una violación de uno de los integrantes de la patota que persiguió a su familia.
«No nos merecemos que nos dejen a un costado porque queremos recuperar nuestras vidas, vivir en paz, pero tenemos un genocida por la calle. Cuando mis hijos salen de casa tengo el corazón en la boca hasta que los veo volver. ¿Y si vuelve a suceder? Ese es mi temor», plantea.
Páez sostiene que su secuestro afectó enormemente sus días, por el resto de su vida y que convivir con los torturadores hace muy difícil tener algo de tranquilidad en su propio hogar. Confiesa que no cree haber tenido tiempo para la niñez en su casa. Que tuvo que «madurar y aprender de golpe cosas que me sirvieron para siempre: como observar desde otro punto de vista el sufrimiento y el reclamo de un obrero».
«Yo vengo de una clase trabajadora y reniego que nuestra clase se haya olvidado su origen como trabajadores. A veces nos confunden y creemos que somos de clase media, yo reniego de eso. Somos laburantes y movemos el engranaje principal de este país. Aprendí esto», subraya.
Espera con ansias que todas las personas que sufrieron tormentos en aquellos secuestros puedan ser parte del proceso, por eso acompaña el pedido de indagatoria para dar cuenta de los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe.
