Durante la mañana de ayer se realizó una audiencia oral donde tres propietarios de la veintena de desarmaderos que fueron objeto de allanamientos el mes pasado solicitaron la rehabilitación de los comercios, mientras que el fiscal actuante requirió el decomiso de las autopartes secuestradas que contaban con irregularidades. Por su parte, el juez José Luis Suárez sostuvo que el mantenimiento de las clausuras impuestas es arbitrario ya que se dispuso una clausura preventiva a fin de cautelar la prueba y la fiscalía no tomó ninguna decisión sobre lo secuestrado. Así, el magistrado revocó la cautelar, decisión que se hizo extensiva al resto de los desarmaderos allanados y que actualmente se encuentran en la misma situación. A su vez, el juez rechazó el decomiso del material secuestrado y dispuso un plazo de un día para que el Ministerio Público Fiscal disponga de estos elementos cautelados y determine el destino que le asignará.
El 20 de agosto un importante operativo policial realizado en Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Piñero y Pérez allanó 23 locales de venta de autopartes. El saldo, según la versión oficial, fue el secuestro de unos 20 mil productos por 60 millones de pesos que contaban con irregularidades, es decir no tenían la oblea reglamentaria.
Además hallaron obleas sin colocar, trámite que se asienta en un registro y debe hacerse en un plazo de 15 días. Concluida la medida, se ordenó la clausura de los comercios. La foto del procedimiento incluyó al secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, quienes hablaron en conferencia de prensa.
Por su parte, los representantes legales de uno de los dueños de una conocida empresa del rubro solicitaron judicialmente, a fines de agosto, la entrega de documentación secuestrada a los fines de la reapertura del local. La Fiscalía se opuso y afirmó que el material secuestrado –que quedó en custodia de cada uno de los comerciantes– contaba con orden judicial y la clausura fue dispuesta por la Dirección Nacional de Desarmaderos y no por la Fiscalía. En dicha oportunidad, el juez interviniente dispuso mantener el secuestro y una vez levantada la clausura por la dirección nacional, si la fiscalía no acusaba, se iba a devolver la documentación.
Nueva audiencia
Ayer se llevó adelante una nueva audiencia donde los propietarios de tres de las firmas allanadas requirieron otra vez la rehabilitación del comercio, y donde sostuvieron que no les habían sido entregadas copias de las actas de la medida. Durante el debate, se determinó que la Dirección Nacional de Desarmaderos, previa consulta con la Fiscalía interviniente, clausuró para resguardar la prueba y al día siguiente le solicitó un informe al Ministerio Público para conocer el destino de las autopartes, lo que no fue contestado, refirió una fuente del caso, quien explicó que la clausura debe ser ordenada judicialmente, ya que ni la dirección nacional ni la Fiscalía están facultados. A lo que agregó que la medida que se realizó no fue administrativa, sino provisoria, con consulta al fiscal y a los efectos de que la Fiscalía cautelara la mercadería con irregularidades, lo que se prolongó en el tiempo. A su vez, explicó que la dirección nacional informó de las deficiencias al Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac), ente facultado para inhabilitar un desarmadero previo trámite administrativo.
Por su parte el juez José Luis Suárez, que presidió la audiencia, entendió que el mantenimiento de la clausura era arbitraria. En su carácter de contralor de la legalidad del procedimiento, y en virtud de las garantías constitucionales, ordenó que se revoque la medida cautelar impuesta a los tres desarmaderos, y dispuso que la decisión se haga extensiva al resto de los comercios en la misma situación. A su vez resolvió rechazar la solicitud del decomiso de las autopartes secuestradas, dio un plazo de un día al fiscal para que se expida sobre el destino de las mismas y dispuso la remisión de la filmación de la audiencia al fiscal regional Jorge Baclini, “para que constate el accionar del fiscal Sebastián Narvaja a los fines que correspondan”.
