Familiares de víctimas de femicidios reclamaron en conjunto este viernes “mayor apoyo del Estado” y “menos burocracia” para acceder a la reparación económica a los huérfanos a causa de la muerte violenta de sus madres, beneficio al que, aseguraron, “sólo acceden hasta hoy 30 chicos en todo el país”, cuando hay al menos 2.395 en condiciones de hacerlo.
“Como no hay estadísticas oficiales sobre femicidios, tampoco sabemos la cantidad de hijos que han perdido a sus madres por este delito, así que tenemos en cuenta los datos de La Casa del Encuentro, que registró entre 2008 y 2018 a 2.395 huérfanos”, dijo Marcela Morera, madre de la joven Julieta Mena, quien fue asesinada por su novio en 2015.
La mujer marcó que apenas el 1,25 por ciento de ese total está cobrando la reparación económica estipulada por la ley 27.452.
Morera fue una de la voceras de una conferencia de prensa que organizó el grupo “Atravesados por el femicidio”, que reúne a familias de distintos lugares del país. Allí aseguró que sólo en la organización que integra “hay 74 huérfanos aptos para cobrar la reparación”, dos veces y media la cantidad que pudieron acceder.
La norma conocida como ley Brisa –por el nombre de la niña que motivó la legislación– fue aprobada por el Congreso en julio de 2018 y reglamentada en octubre, mientras la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) comenzó a dar turnos para este trámite en febrero de este año.
Y allí llegó la traba a tanta celeridad: “La burocracia dificulta el acceso a la compensación. Hay un engranaje para que se apruebe que involucra al Ansés, al Inam (Instituto Nacional de las Mujeres) y a la Senaf (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) que es lento, y necesitamos respuestas rápidas, porque nuestros niños tienen que comer”, explicó Florencia Cabrera, otra integrante de la organización.
Ella está a cargo de sus tres nietos y es madre de Claudia Salgán, por cuyo crimen está imputado su marido, Marcelo Raúl Núñez. “Yo cobro la jubilación mínima. ¿Cómo hago para mantener a mis nietos?”, reclamó.
“Esto se repite en muchas familias de distintos lugares del país”, alertó, y denunció que encuentran trabas en las Udai (Unidad de Atención Integral) de Ansés, “donde el personal no está informado y se complica el trámite”.
María Fernanda Reyes, directora de Proyectos de Niñez de la Ansés, reconoció: “Es un tema muy sensible; tenemos que reducir los problemas y afinar el mecanismo”.
“Por eso –aseguró– estamos capacitando al personal. Estamos a disposición de las familias y hacemos seguimiento de casos”.
Por su parte, Nicole Neiman, directora de Protección Integral de Articulación y Acciones Directas de Inam, también admitió: “Se detectan algunos problemas que estamos subsanando”.
La funcionaria informó que “hasta este mes hay 50 beneficios otorgados –contabilizó una veintena más que el relevamiento de los familiares–. Para agosto serán 35 más. En tanto hay 500 expedientes iniciados y 5.000 turnos dados en la Ansés”.
“Las familias inician el trámite en Ansés, que nos remite los expedientes para evaluar. Luego lo derivamos a la Senaf, que ordena el pago. Todo el proceso puede durar 90 días”, detalló Neiman.
Otro escollo que ventilaron las familias fue que como necesitan tener o iniciar el trámite de tutela de los chicos para acceder a la reparación “es urgente que el Poder Judicial agilice también este trámite”. Así lo marcó Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celma, asesinada en Rosario en 2010: tenía 23 años, estaba embarazada de 8 meses y su marido la prendió fuego.
Domínguez, su cuñada, también recordó que “la ley Brisa también estipula que debe haber asistencia integral”, no solo económica, para las y los niños. “Eso no sucede”, denunció.
“Nosotras peregrinamos con nuestro dolor. En muchas oficinas nos tratan mal cuando vamos a hacer el trámite. Necesitamos que el Estado nos acompañe”, pidieron las voceras de la organización.
Por su parte, las funcionarias dijeron que ante cualquier problema, los familiares deben comunicarse al teléfono 144.
