María Florencia Alcaraz | latfem.org
La discusión sobre el aborto no se clausuró en el Senado la madrugada del 9 de agosto cuando la Cámara Baja rechazó por 38 votos contra 31 y dos abstenciones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya contaba con media sanción. A menos de un mes de la histórica jornada, la senadora del Frente para La Victoria-PJ Nancy González presentó una iniciativa para reconocer y reparar a los niños, niñas y adolescentes cuya madre haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto.
Desde el regreso de la democracia hasta 2016 al menos 3040 mujeres murieron como consecuencia de la clandestinidad. El número de hijos e hijas que quedaron sin madre por estos femicidios de Estado es incierto porque no existen estadísticas actualizadas y estructurales al respecto. Después de que el Senado rechazara la ley propuesta por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al menos dos mujeres murieron en el conurbano bonaerense después interrumpir sus embarazos de manera insegura. Elizabeth tenía un hijo adolescente, R. era madre de 4 niñxs.
“Quienes trabajamos para que la Interrupción Voluntaria del Embarazo sea ley debemos doblegar los esfuerzos y no quedarnos con los brazos cruzados esperando que pasen dos años para que la voluntad política y los tiempos parlamentarios nos den otra oportunidad”, dijo a LATFEM la senadora Nancy González. Y agregó: “lo único que dejó el rechazo de la media sanción es más abortos clandestinos y, por lo tanto, más mujeres y personas gestantes que mueren en el intento”. “Después del 8A no se puede permitir que ya nada sea igual”, expresó la legisladora del Frente para la Victoria.
El expediente 2973/18 lleva la firma de senadores que votaron a favor del aborto legal. Ingresó por mesa de entradas el último 23 de agosto. Además de González, lleva la firma de Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria-PJ), Ana María Ianni(Frente para la Victoria-PJ), María Inés Pilatti Vergara (Frente para la Victoria-PJ), María de Los Ángeles Sacnun(Frente para la Victoria-PJ) y Norma Durango (Partido Justicialista-La Pampa). Se espera que más senadores y senadoras sumen su apoyo a esta propuesta de ley. La iniciativa tiene un correlato directo con la Ley Brisa, pensada para establecer una reparación para los y las hijxs de las víctimas de femicidio. La Cámara Baja convirtió en norma a la Ley Brisa en julio pero el gobierno aún no la implementó.
La propuesta de la senadora González propone la creación del Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto. La iniciativa está destinada a hijxs menores de 21 años o personas con discapacidad. De acuerdo con el texto al que tuvo acceso LATFEM, “la reparación económica establecida en la presente ley, debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417, hasta que su titular alcance los 21 (veintiún) años. La misma es inembargable y retroactiva al momento del fallecimiento de la progenitora o persona gestante a causa de embarazo finalizado en aborto”.
Además de la reparación económica, la ley hace foco en el acompañamiento y la contención. El artículo 8 señala que “el Estado Nacional es el responsable de contener y acompañar mediante equipos interdisciplinarios a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante tenga en su causa de muerte embarazo terminado en aborto”.
“Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien el proyecto no resultó votado afirmativamente por la mayoría de las y los legisladoras y legisladores, es innegable el proceso sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año. Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara Alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder la vida en un aborto clandestino”, dice en su fundamentación el proyecto de ley.
A su vez, el texto interpela a aquellos y aquellas senadores que votaron en contra y la responsabilidad del Estado en las muertes de mujeres y personas gestantes por abortos clandestinos. “La sesión del 8 de agosto fue sumamente simbólica ya que determinó un antes y un después: la interrupción voluntaria del embarazo puede no ser, todavía, legal; sin embargo, ya es del conocimiento de todas y todos los legisladores que las mujeres mueren. A partir de la mañana del 9 de agosto todas las mujeres y personas gestantes que mueren por embarazos finalizados por aborto están reconocidas por la sociedad y deberían estarlo también por el Estado Argentino. Son víctimas de un sistema de salud que falló, que las empujó a la clandestinidad y que en consecuencia murieron; murieron porque el Estado estuvo ausente. Entonces, es necesario reconocer que en esas muertes no son sólo cuerpos lo que se registra; son hijos e hijas que quedan sin una madre. Son historias que quedan detenidas por un Estado que los y las abandonó”, dice la iniciativa.
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