El secretario de Comercio, Augusto Costa, desafió ayer a los empresarios del G6 a demostrar la “supuesta inconstitucionalidad” de la nueva ley de Abastecimiento aprobada por el Congreso, al rechazar las críticas a esa iniciativa de parte de las cámaras empresariales más poderosas.
“Si recurren a la Justicia van a tener que demostrar que estas herramientas son inconstitucionales o no son legítimas, aunque en los 40 años de la ley ningún juez se expresó en ese sentido”, dijo el funcionario.
Costa denunció que hubo sectores empresarios que aceptaron debatir y aportar ideas, como la Cámara Argentina del Comercio, que logró introducir diez modificaciones al proyecto inicial, y otros que no, como “los representantes de las grandes corporaciones”, que rechazaron la iniciativa de plano.
Los representantes de las grandes empresas, agrupados en el G6, habían anticipado que ya estaban preparando la presentación judicial para impedir la aplicación de las modificaciones a la ley 20.680 impulsadas por el gobierno de Cristina Kirchner y que sancionó el Congreso en la madrugada de ayer.
“Por lo que venían diciendo, es esperable que intenten evitar que estos avances en materia de derechos de los consumidores se vean entorpecidos porque justamente lo que está en el fondo es la voluntad de estos sectores concentrados de no tener límites”, cuestionó Costa.
La votación
Con amplia mayoría, el oficialismo logró imponerse en la Cámara de Diputados y sancionar la reforma de la ley de Abastecimiento, la creación del Observatorio de Precios y la instancia de un fuero especial para dirimir conflictos de consumidores.
La primera votación, sobre la reforma de la ley de Abastecimiento, tuvo lugar pasadas las 2 de la madrugada, y finalizó con 130 votos afirmativos, 105 negativos y 5 abstenciones.
Acto seguido, se votó la creación del Observatorio de Precios, que tuvo 136 respaldos y 104 rechazos. Luego, fue el momento del proyecto que establece un fuero especial para dirimir conflictos de consumidores, que tuvo 202 votos afirmativos y 36 en contra.
“Un hecho histórico”
“Lo que estoy viendo en los portales es que parece que se reformó únicamente una ley pero lo que ocurrió en la madrugada en la Cámara de Diputados, para mí, es un hecho histórico”, dijo Costa en declaraciones a Radio Nacional.
Y destacó que a partir de ahora, los consumidores van a tener “muchas más herramientas para hacer frente a los abusos cotidianos que experimentan cuando contratan un servicio y no se cumplen las condiciones (de los contratos), y quedan indefensos a la hora de reclamar que se cumpla con lo pactado”.
Costa estimó que las tres leyes sancionadas por el Congreso son “reivindicaciones históricas para los consumidores” y remarcó que la presidenta decidió avanzar en este sentido porque “lo dice la Constitución Nacional: que se proteja a usuarios y consumidores”.
Sobre los legisladores que no apoyaron las modificaciones, el funcionario dijo que “la oposición se dedicó durante todo el debate a reproducir directamente los argumentos, los miedos y los fantasmas que el sector empresarial concentrado viene agitando desde que el paquete de leyes fue al Congreso”.
Abuso de posición dominante
El secretario de Comercio denunció que en la economía argentina hay empresas que “discriminan” sus clientes para venderles sus productos a precios diferentes, con lo que “abusan de su posición dominante”.
“En el sector alimenticio por ejemplo, más precisamente en el rubro de panificados, hay empresas que discriminan entre los clientes y le venden sus productos a precios más bajos a las grandes cadenas de supermercados que a los pequeños almacenes”, apuntó.
Y agregó: “Le vende, por ejemplo, galletitas 40 ó 50 por ciento más caro a los almacenes. ¿Qué está haciendo (esa empresa) ahí? Está abusando de su posición dominante para discriminar entre clientes. Es una clara distorsión en el mercado”.
“Y también está sacando del mercado o impidiéndole competir a los pequeños comercios porque si bien le entrega mercadería, lo hace a un costo de un 40 ó 50 por ciento más caro. Entonces, los supermercados tienen la posibilidad de vender más barato y tener mayor rentabilidad”, dijo.
“En 448 días la derogamos”
El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró ayer que si llega a la Presidencia el año que viene derogará la nueva ley de Abastecimiento, aprobada ayer a la madrugada en la Cámara de Diputados con impulso kirchnerista.
“La ley de Abastecimiento tiene que ser derogada y en 448 días la vamos a derogar”, resaltó Massa, quien mantiene una campaña electoral desde las elecciones del año pasado en la que cuenta los días que restan para que finalice la gestión de la presidenta Cristina Kirhchner.
En declaraciones radiales, el legislador nacional por Buenos Aires aseguró: “Me preocupa que no se entienda el daño que esta ley produce”.
“Nuestro compromiso tiene que ver con la vuelta de la Argentina a los mercados”, subrayó el líder del Frente Renovador, tras votar en contra de la norma en el recinto.
Massa sostuvo que “los que la votaron se tienen que hacer responsables”. Para el diputado, el problema central de la Argentina es la inflación, que –sostuvo– “requiere de medidas económicas que el gobierno no está tomando”.
Principales puntos del paquete de leyes aprobado en la madrugada de ayer
A continuación se detallan los puntos principales del paquete de leyes aprobado por el Congreso, que actualiza la ley de Abastecimiento y crea un fuero especializado sobre consumo y un Observatorio de Precios.
Se crea una Autoridad de aplicación de la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo que será designada por el Poder Ejecutivo.
Este órgano tendrá amplias facultades como la de “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”.
También podrá dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Tendrá la facultad de disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación.
Para fijar cuotas mínimas de producción, tendrá en cuenta el volumen habitual de fabricación y la capacidad. Deberá establecer que esas pautas de producción sean económicamente viables, ya que de lo contrario deberá establecer una justa compensación.
También podrá acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios.
Podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.
El órgano podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como también su disponibilidad de venta.
También tiene la facultad para exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios y hasta realizar pericias técnicas.
Podrá proceder, de ser necesario, al secuestro de los libros y documentos de la empresa y los registros y libros especiales. Podrá establecer regímenes de licencias comerciales.
