La ley de Abastecimiento y la resolución de Afip sobre la geolocalización de la soja y la compra de silos bolsa ponen en alerta al campo en tanto no se descarta la realización de un cese de comercialización como medida de protesta.
Estos dos temas mantuvieron en vilo a las entidades agropecuarias los últimos días, dado que ven la posibilidad de que la primera “víctima” de la conjunción de la ley de Abastecimiento con potestad de confiscación y la obligación de dar las coordenadas de donde se encuentran los silos bolsa con los granos sea el agro.
En este sentido, Pedro Apaolaza, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró en diálogo con NA que el tratamiento de la ley de Abastecimiento en diputados el miércoles 17 y jueves 18 próximos encuentre al campo de pie en un “cese de comercialización”. “Yo lo primero que propongo es un cese de comercialización, mientras se trata la ley en Diputados, ahí tenemos que estar en paro, desde ese momento”, dijo.
Para Apaolaza y otros sectores agropecuarios el campo está en peligro: “Seguro que vamos a ser las primeras víctimas, en la medida en que nos quedemos quietos nos van a pasar por encima”, advirtió el dirigente de CRA.
“La ley es un avance que facilita la intervención a las empresas, puede obligar a producir lo que le parece, el Estado puede intervenir en cualquier operación, es una violación permanente de los derechos”, manifestó Apaolaza.
Los sectores agropecuarios saben que la semana será definitoria en el tema de la protesta que recuerda al intento de aplicar alícuotas móviles a las retenciones de granos en 2008 con la resolución 125 y que dio inicio a una monumental protesta y llevó a productores y seguidores a las rutas.
Alfredo Rodes, director Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), opina que la reforma a la ley de Abastecimiento trae “inseguridad jurídica”.
“Así ocurre con toda ley que perjudique o interfiera en la cadena comercial, sea a nivel productor, exportador o comercializador”, señaló a NA al destacar que “si compro y me van a incautar la mercadería, son leyes que no dan resultado”.
Consideró que “las correcciones que le han hecho (a la ley de Abastecimiento) son inconstitucionales, la libertad de comercio, en determinadas circunstancias se ve conculcada si se aplica esta ley”.
Además, detalló que podría suceder que por una escasez de divisas, el gobierno obligue a liquidar con la excusa de que se “están acaparando granos”.
“Puede ocurrir que le obliguen a un exportador o acopiador a vender mercadería que aún no es suya o aunque la fuera”, explicó Rodes mientras que en otros ámbitos ruralistas hay temor por la aplicación de sanciones que podrían llegar hasta la cárcel.
Se habla de “confiscación” mientras el enojo sube de tono porque se han llegado a confeccionar listas de legisladores que dan su voto a los cambios de la ley para que se conozcan en sus lugares de origen.
Para la Afip, existen unas 27 millones de toneladas de soja que valdrían unos 10 mil millones de dólares sin vender, en parte, porque el precio de la oleaginosa baja en Argentina arrastrada por el derrumbe de los precios en Chicago.
La Sociedad Rural, por su parte, amenazó con recurrir a la Justicia en un contexto donde no habrá mucho tiempo si se aplica la ley y el Estado va tras los granos.
El contexto es complicado porque inclusive el arrendamiento de los campos se ha complicado y para la Cámara de Inmobiliarias Rurales (Cair) son operaciones que se encuentran prácticamente inmovilizadas.
La Sociedad Rural solicitó a senadores y diputados “poner un freno a un modelo que va camino a replicar todas las medidas que agudizaron la inflación, la escasez y la recesión en Venezuela”.
Eduardo Buzzi, presidente por unos días más de la Federación Agraria Argentina (FAA), reflotó viejos cruces: “La resolución 125 fue un intento de confiscación autoritaria, lo cual derivó en una revuelta fiscal, porque en definitiva de eso se trató esa crisis”.
“Hoy van con instrumentos más legales, pero con el mismo objetivo: el problema es cuando una ley de abastecimiento como ésta le otorga a un funcionario de tercera categoría la capacidad de hasta confiscar, y como el gobierno (nacional) confunde Estado con gobierno, todo se mezcla”.
Reconoció que los productores disponen “por reservas, de la mitad de la cosecha de soja, no por especulación, no por voracidad, sino porque la economía es un desastre. Es porque no hay confianza, porque no se puede invertir, no se sabe adónde se va a ir, ni qué va a pasar con el dólar ni con la inflación”.
“Entonces, el productor reserva su cosecha de soja en defensa propia, y no en una actitud devaluacionista o especulativa. Y preocupa que con este instrumento que es la ley de Abastecimiento, tranquilamente pueden ir por la confiscación, o declarar a las reservas sojeras que pueda tener un productor de interés público”, añadió.
Por este motivo, agregó, “prendemos la alarma”.
