El proyecto de reforma a la ley de alquileres que la semana pasada aprobó la Cámara de Diputados comenzará a ser discutido este martes en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Si bien en principio el debate había sido convocado para el miércoles, los legisladores de las principales fuerzas políticas acordaron adelantar el tratamiento para mañana por la tarde.
Así, la comisión de Legislación General, que será la cabecera en el debate del proyecto, se reunirá a las 17 para constituirse y designar autoridades y luego se unirán los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Ricardo Guerra. Son los primeros pasos que dará el proyecto en la Cámara Alta, y todavía no hay una fecha estimada para el tratamiento final.
Si quiere lograr la otra media sanción en el Senado, JXC deberá obtener el respaldo de 37 legisladores. Ya cuenta con sus 33 voluntades, con lo cual deberá salir a buscar otros cuatro entre los bloques intermedios que no responden al oficialismo.
Los representantes del bloque Unidad Federal, que se desprendió del Frente de Todos, todavía no mostraron sus cartas, por lo que podrían tener la llave para destrabar la ley.
La iniciativa que reforma la norma aprobada en 2019 a instancias del por entonces bloque de Cambiemos establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el último miércoles por 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción de la Izquierda y de los legisladores libertarios.
La iniciativa, que fue considerada en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial, que es realizado por el Banco Central.
El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FDT).
