La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cambiemos, avanzó la semana pasada con el debate del proyecto de ley con media sanción del Senado que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los alquileres. Lo novedoso fue que los dirigentes oficialistas –con algunos aliados- firmaron el dictamen de mayoría con numerosos cambios respecto de la que había llegado del Senado. Y según señalan algunas voces de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor local, las reformas marcan un retroceso para los inquilinos y solo benefician a las inmobiliarias.
Las modificaciones que planteó Cambiemos en Diputados fueron rechazadas por el resto de los bloques. El Frente Renovador y los radicales Ricardo Alfonsín y Brenda Austin firmaron en disidencia. Mientras que el FpV presentó un dictamen de minoría respetando el texto aprobado por unanimidad en el Senado.
Al comienzo de la reunión que se desarrolló el martes pasado en comisión, los legisladores de Cambiemos impusieron las reformas y, de inmediato, pidieron llegar a un “consenso”. El dictamen, una vez votado en el recinto de Diputados, deberá volver a la Cámara alta.
La idea del oficialismo es que el proyecto se trate en la próxima sesión. Es decir, este miércoles. De todas formas habrá que ver qué sucede ya que la polémica está instalada.
Si bien hay coincidencias con la media sanción del Senado en, por ejemplo, fijar un límite a las comisiones inmobiliarias o a que se obligue a los propietarios a devolver el depósito una vez finalizado el contrato actualizado al último mes pagado, hay puntos que generan cortocircuitos entre los involucrados.
El plazo de los acuerdos es uno de los principales temas. La propuesta con media sanción del Senado prevé que la renovación de los contratos se extienda a tres años. Pero Cambiemos logró firmar en el debate en comisión el dictamen mayoritario para que se mantenga como en la actualidad, cada dos años.
“Esto es algo que claramente perjudica a los inquilinos. Habíamos logrado un avance y ahora se vuelve todos atrás”, señaló Ariel D’Orazio, integrante de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor.
Otro eje de disputa es el ajuste de los contratos. La propuesta que salió del Senado dejaba abierta la posibilidad de establecer una indexación solo una vez al año si la inflación supera el 10%, y de acuerdo a un promedio entre el índice de precios del Indec y los aumentos salariales.
Pero el dictamen mayoritario que impuso Cambiemos en Diputados modificó las dos cuestiones. Por un lado, el texto plantea ahora que “en los contratos de locación de inmuebles los ajustes anuales sólo se aplicarán si la inflación durante ese período es superior al 6%”. A la par, se busca que para la actualización del alquiler se tome el valor de las Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Es decir, a la evolución del precio de la construcción.
“No es positivo que no se tengan en cuenta los aumentos de sueldo. Si la inflación sigue en los niveles actuales pero los acuerdos salariales continúan por debajo de ese índice los trabajadores volverán a perder con los alquileres”, señaló D’Orazio.
El integrante de la Concejalía Popular agregó una tercera crítica. Contó que los cambios en Diputados vuelven atrás con la eliminación del preaviso para rescindir que el nuevo Código Civil impuso en agosto de 2015. “Cambiemos y sus aliados plantearon ahora que para dejar el inmueble el inquilino tiene que avisar de 30 a 180 días antes, dependiendo lo que figure en el contrato, para evitar la indemnización”, explicó.
Con menos controversia
Otro de los puntos de la iniciativa que salió de Diputados y podría aprobarse antes de fin de año consiste en que, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes; y cuando se realice la renovación de contrato “las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler”.
Cambiemos también introdujo el concepto de “alquiler social” que indica que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, deberá “crear un programa destinado a apoyar a los inquilinos que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito e incluso pago de alquileres, siempre que el destino de las mismas sean viviendas sociales”.
La autora original
La senadora Silvina García Larraburu, autora del proyecto con media sanción, lamentó que Diputados no haya apoyado su iniciativa.
La legisladora rionegrina del Frente para la Victoria consideró que el oficialismo “no sólo decidió burocratizar una norma fundamental, sino que además introdujo cambios que desconocen las necesidades de los inquilinos”.
“No se respetó el pedido de más de 6,5 millones de familias inquilinas de llevar a tres años los contratos de alquiler ni tampoco el requerimiento de un índice de actualización promedio entre inflación y salarios”, advirtió, en línea con D’Orazio.
Y agregó: “El dictamen de la Cámara baja trae más oscuridad que claridad, propone un índice de actualización que no termina de entenderse, que es sumamente riesgoso y perjudica a los trabajadores; y se flexibilizan los desalojos”.
