La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó este martes una nueva ronda de consultas sobre la reforma a la ley de alquileres, en la que persistieron profundas diferencias ya que mientras las entidades de defensa de los inquilinos piden mantener la actual norma, los martilleros, corredores inmobiliarios y propietarios piden cambiar la extensión de los contratos y su actualización anual.
Durante la reunión de la comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- expusieron treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor, y mañana se efectuará la última reunión informativa con otros sectores del mercado inmobiliario.
«Si mañana la evaluación de los diputados es que hagamos otra reunión más lo vamos a charlar y estableceremos una fecha, sino la semana que viene nos abocaremos a la discusión de un dictamen», afirmó Moreau, al abrir el debate.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
El primero en exponer fue Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que «el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado» y planteó que «acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen», a la vez que se pronunció a favor de «defender el ajuste anual y los contratos de 3 años».
Por su parte, la investigadora Laura Ceroli, docente de Planificación Urbana, consideró que la actual ley «es perfectible» y destacó la importancia de «mantener contratos de 3 años, reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas».
También, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que «el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, que debe tener respuestas por parte del Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado» y destacó la importancia de buscar «una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios y una política para incrementar la oferta».
Por su parte, el titular de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e inquilino, Exequiel Vergara, señaló que hoy los inquilinos se encuentran en una situación «vulnerable» ya que la ley actual tiene dos artículos que «se advertía que iban a fracasar porque el tema del plazo de tres años que podía ir en beneficio de los inquilinos no se trabajó con otras normas complementarias»
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
