Organizaciones y especialistas socioambientales evaluaron hoy que las reformas planteadas en el proyecto de ley ómnibus enviado ayer por el Gobierno al Congreso dificultan el cuidado del ambiente al «autorizar los desmontes» y admitir «la actividad minera en áreas periglaciares».
La organización Greenpeace Argentina afirmó que la propuesta oficial «supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina y consecuentemente una regresión ambiental».
La entidad identificó modificaciones «en al menos tres leyes que tienen impacto directo en el medio ambiente: la Ley de Glaciares, sancionada en el 2010 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial (áreas con suelos congelados que actúan como reguladores para la conservación del recurso hídrico), cambios en la Ley de Quema 26.562, sancionada en el 2009, así como la desregulación y desfinanciamiento de la Ley de bosques 26.331, sancionada en el 2007».
Por su parte, la investigadora superior del Conicet Maristella Svampa, señaló a Télam que en materia socioambiental «el proyecto de ley ómnibus es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental Argentina, porque se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares».
En tanto, el abogado especializado en derecho ambiental Enrique Viale consideró que en el caso de la Ley de Bosques, «con una confusa técnica legislativa, se busca autorizar los desmontes en las áreas de protección 1 y 2, lo que actualmente está prohibido por dicha ley, porque si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida del ecosistema, que ya en peligro».
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI -Interior, Ambiente, Turismo y Deporte-, de la iniciativa «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.
Se propone modificar el artículo 26 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el que desaparecen las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675, Ley General del Ambiente.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expresó a Télam que los bosques nativos, con la ley vigente, tienen una protección a través de un ordenamiento territorial de acuerdo a las provincias en las que se clasifican tres categorías.
La categoría 1 «roja» de máxima protección en donde no se puede hacer desmontes; la categoría 2 «amarillo» de «aprovechamiento sustentable» en donde se prohíbe el desmonte y solo se autoriza en algunas actividades; y la categoría 3 «verde» donde se puede realizar desmonte cumpliendo con una serie de requisitos.
Además, establece un fondo para las provincias y espacios territoriales que protegen bosque nativa para que reciban un incentivo a través del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos.
Para el especialista, la reforma del artículo 31 de la Ley 26.331 «tiene una serie de falencias de carácter legal y de técnica legislativa que necesariamente se va a tener que modificar, pero busca liberalizar y avanzar en las cuestiones de desmonte».
En ese sentido, el director general de Vida Silvestre, Manuel Jaramillo, señaló a Télam que la ley vigente «fue el producto de muchísimo trabajo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, legisladores y jurisdicciones» que permitieron «visibilizar los bosques nativos, reducir significativamente las tasas de deforestación, aunque sigan siendo altas y con mucha participación de la deforestación ilegal».
Respecto a la modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley 26.639 del Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, Nápoli consideró que «recoge el reclamo de sectores de la mega minería a cielo abierto e intenta achicar el área de protección de glaciares para permitir estas actividades, condicionando y estableciendo una serie de elementos que permitiría achicar esa protección».
Además, advirtió sobre «una serie de elementos que buscan la flexibilización de permisos de pesca para permitir una lógica de máxima exportación».
«Argentina ya está teniendo grandes problemas en sus especies en el mar y este nivel de liberación de la exportación va a alterar fuertemente lo que es la fauna marina. Se necesita más protección en el mar», indicó.
Nápoli sostuvo que si bien «el espíritu del proyecto es liberalizar la economía o hacer que el sector privado tenga más relevancia», la protección ambiental «requiere de presupuestos y políticas públicas activas» y «el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene la Argentina asumidos».
Por su parte, Jaramillo mencionó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional que sostiene que «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo» y apuntó que «es importante remarcar el rol del Estado para asegurar que los derechos ambientales y sociales estén representados de igual manera ante las actividades productivas».
Respecto a modificaciones para la actividad pesquera, el especialista advirtió que «es importante no avanzar sobre desregulaciones que tienden a facilitar los procesos de sobrepesca y sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros» dado que se trata de «una biodiversidad que es jurisdicción de las provincias y de la Nación, en donde tiene la obligación principal de bregar por la conservación y uso sustentable de este recurso que es de todos los argentinos».
«El ambiente no tiene la posibilidad de negociar uno a uno con quienes quieren utilizarlo» por lo que «es importante que haya un Estado presente que controle y lo haga valer» para «asegurar la sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo», aseveró.
