La ley 11.273, que regula la aplicación de agroquímicos en la provincia, fue promulgada en 1995 y reglamentada dos años más tarde. Desde entonces, el modelo agrario de semillas transgénicas y uso intensivo de herbicidas y plaguicidas se expandió a velocidad creciente, lo que entre otras consecuencias obligó a pensar modificaciones a esa norma en dirección a mayores restricciones, ante sospechas sobre posibles perjuicios a la salud y al medio ambiente que eran incipientes al momento de la sanción legislativa.
Sin embargo, a 16 años de vigencia, estas disposiciones, ya sospechadas de obsoletas, ni siquiera comenzaron a cumplirse en buena parte del territorio santafesino. Para peor, el intento de modificar la ley para actualizarla a lo que hoy ocurre y dar protección a quienes habitan en pequeños cascos urbanos rodeados de inmensos “desiertos verdes” de soja perdió estado parlamentario: la iniciativa había sido sancionada por la Cámara de Diputados y durante un año estuvo pendiente de tratamiento en la comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Senado provincial. Pasó el tiempo límite, y ahora no se podrá tratar: frente a ello, unas 70 organizaciones de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Justo, María Juana y Reconquista fueron este jueves a la Cámara de Senadores para pedir que vuelva a tratarse un proyecto que de una buena vez ponga límites claros al uso de agroquímicos en la provincia.
Dolores y dólares
Fumigadores y fumigados forman dos polos opuestos del modelo que se replicó en prácticamente toda la provincia de Santa Fe desde que en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, se permitió el ingreso de la soja transgénica al país. El fin de la paridad cambiaria 1 a 1 entre el peso y el dólar, sumado a los permanentes aumentos en moneda dura de la oleaginosa y a las gigantescas compras de países como China que tensionaban esos precios creó una nueva e inédita ecuación en el país. Así los sojadólares se llevaron puestos otras producciones agropecuarias como la ganadería –empujada a zonas marginales o a concentraciones como feedlots–, redujeron los cinturones ecológicos que abastecen a ciudades y pueblos y hasta generaron desmontes a ritmo inédito para aumentar las “tierras productivas”. Santa Fe no se salvó de nada de eso y, peor, no sólo la soja con su paquete agroquímico de defoliante y fertilizante llegó hasta el borde de las rutas y el límite de las poblaciones, sino hasta dentro de ellas como en el caso de Rosario –bulevar Segui y Paraná– y Funes, en el Aeropuerto.
Frente a ello se multiplicaron los reclamos de antiguas organizaciones ecologistas, sociales y derechos humanos y hasta surgieron nuevas, como Vecinos de Pueblos Fumigados y Firmat por la Vida. Éstas vienen reclamando una nueva normativa sobre agroquímicos.
El jueves, 70 de estas organizaciones estuvieron en el Senado para pedir, puntualmente que por ley “se prohíba total y absolutamente cualquier tipo fumigación aérea en todo el territorio provincial; que se establezca una “zona de exclusión de 800 metros de distancia con respecto al ejido urbano, escuelas, casas y cursos de aguas para las aspersiones terrestres”; que “se recategoricen todos los agrotóxicos en uso” y que “se prohíba la instalación de silos dentro de los municipios y comunas”.
Lo cierto es que en muchas áreas rurales no sólo hay oposición a un cambio de la legislación , sino que ni siquiera se aplicó la norma vigente. En varios municipios y comunas aún no se fijó la llamada línea agronómica cero, desde la cual se miden las distancias a las zonas pobladas a partir de las cuales se puede fumigar.
Se trata de una cantidad de metros que varía de acuerdo a la toxicidad oficialmente asignada a cada químico y a la forma (aérea o terrestre) en que se aplica. Sin esta determinación, las obligaciones legales quedan en los papeles. La reacción se hace sentir cada vez con más fuerza en número creciente de comunidades, y una de las más recientes es la de Firmat, donde un grupo de vecinos comenzó a reunirse para exigir que comiencen a cumplirse las regulaciones que hoy son letra muerta.
Ante la duda, protección
Lo que moviliza a los vecinos es común a otras comunidades: sospechas de un aumento de enfermedades oncológicas, respiratorias, cutáneas y malformaciones en recién nacidos. Si bien no hay estadísticas oficiales que reflejen este fenómeno, ni pruebas inequívocas que apunten a los agroquímicos como su causa –o una de ellas–, tampoco hay certeza de que esos productos sean razonablemente seguros incluso si se utilizan como indica la ley.
Pero ni siquiera: en abril pasado, el director general del Política Agropecuaria del Ministerio de la Producción, Carlos Debona, reconoció que hasta hace un año sólo un tercio de los municipios y comunas habían cumplido con la fijación del límite agronómico que ordena la ley 11.273, aunque aseguró que esa deuda se estaba saldando. En la provincia, la situación es dispar. Mientras algunas localidades, como Zavalla, acaban de estipular mayores distancias a los centros urbanos para fumigar –en consonancia con el emblemático fallo judicial en San Jorge–, y en otras como Rufino hay cuestionamientos legislativos a las ordenanzas locales sobre fitosanitarios, en Firmat siguen peleando porque se cumplan las normas provinciales.
En este escenario, los reclamos de las comunidades que denuncian daños a la salud por la expansión de la agricultura transgénica y su uso intensivo de agroquímicos mueven el tablero en los ámbitos públicos. En la provincia, esto repercutió en todos los poderes del Estado: el Ejecutivo prohibió sembrar soja en las banquinas de las rutas, está el fallo judicial que por ahora abarca solo a un barrio de San Jorge y en la Legislatura santafesina se vuelve a instalar el debate sobre modificaciones a la ley que regula el uso de fitosanitarios.
Rosario se anota
Lo que en las localidades más pequeñas aparece como una pelea desigual, en Rosario comenzó a transitar el camino inverso, y rápidamente. El Concejo Municipal tomó el tema y –aunque había proyectos al respecto presentados ya en 2008– esta vez abonó el camino para que la ciudad tenga una normativa propia.
Desde hace menos de dos meses la comisión de Ecología viene manteniendo una ronda de consultas con distintos actores, entre ellos organizaciones no gubernamentales, productores del Programa de Agricultura Urbana, especialistas de la universidad pública, para avanzar en una regulación de la aplicación de agroquímicos en los límites del ejido urbano, y obviamente dentro de él. Según refirió el edil del Socialismo Auténtico Alberto Cortés, esta misma semana se comenzarán a dar los pasos finales para que Rosario cuente con una ordenanza propia. Puntualmente, lo que se intentará en los próximos días es articular los distintos proyectos en danza en uno solo para que en unas tres semanas, la iniciativa de consenso llegue al recinto. Cortés busca que en un plazo de tres meses a partir de la aprobación de un instrumento legal, el Ejecutivo cree una nueva área: la Oficina Municipal para el Control de las Fumigaciones. Una repartición que, además, contaría con una línea 0800.
