El Gobierno confirmó este lunes que avanzará con la reforma de la ley de Glaciares y ya envió el proyecto al Congreso para que comience su tratamiento. El objetivo de la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei es establecer criterios técnicos más precisos para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.
«A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales», apuntaron desde el Gobierno y destacaron que la reforma busca establecer «reglas claras». «Protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país«, remarcaron.
La ley fue sancionada originalmente en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. La norma señala que el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.
Bajo este marco, el artículo 6 de la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas. Este es uno de los puntos que busca cambiar el Gobierno para promover la inversión minera.
