El pasado viernes 3 de junio, el gobierno provincial firmó un acta de acuerdo de cooperación para la implementación de la Ley de los 1000 días con la Fundación Padre Ignacio. El mismo tiene una vigencia de doce meses y el objetivo de trabajar conjuntamente en la implementación de esta ley para el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, niños y niñas en sus primeros tres años de vida.
Ante la noticia, organizaciones feministas de Rosario pusieron el grito en el cielo bajo la consigna “Iglesia y Estado asunto separados”. El Comité Feminista de la ciudad, integrado por al menos 90 organizaciones e institutos, emitió un comunicado donde repudian enérgicamente el anuncio.
Soledad Gorostiaga forma parte de este colectivo, en particular de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Rosario, y habló con El Ciudadano acerca de su posicionamiento. Señaló que se oponen porque consideran que los sectores religiosos “históricamente han negado el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y no han reconocido ni respetado la diversidad sexual”.
Además, consideró que “la institución eclesiástica sistemáticamente pretende disciplinar el cuerpo de las mujeres y personas gestantes y las decisiones que toman”. Para la militante, justamente, han sido sectores religiosos y en particular la Iglesia católica quienes “históricamente han implementado montones de estrategias para obstruir el avance hacia la ampliación de derechos. Tienen una persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género y en negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos”.
En el comunicado que publicaron, además, puntualizaron que la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia –conocida como la ley de los 1000 días– “fue una conquista de conjunto con la legalización del aborto en nuestro país y apunta a garantizar y acompañar las decisiones de mujeres y personas gestantes, sea lo que sean que elijan”.
De hecho, la ley fue sancionada después de la histórica jornada que aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo –IVE– el 30 de diciembre de 2020. Entre sus postulados están el acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios o se encuentren transitando situaciones específicas contempladas por el plan. El objetivo es bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico.
En este sentido, la ley contempla que la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pase de tener seis mensualidades a nueve para abarcar la totalidad de la gestación; ampliar el pago por nacimiento y por adopción a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), hasta ahora excluidas de este beneficio y la provisión pública y gratuita de productos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, como medicamentos, vacunas, leche y alimentos.
En Santa Fe, el Plan de los 1000 días se presentó en diciembre de 2021 y del lanzamiento, según informaron a este medio desde el gobierno, participaron directores, jefes y coordinadores de la salud pública municipal, provincial y comunal; también jefes, directores y supervisores de la salud privada de las áreas de obstetricia, neonatología y pediatría; docentes del arco público y privado así como autoridades; instituciones como la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; representantes de colegios de psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos, y asociaciones civiles como Aldeas Infantiles y Mujeres Tras las Rejas.
En relación a esto desde el Ministerio de Salud provincial sostuvieron a El Ciudadano que la Fundación del Padre Ignacio fue la única organización que pidió participar de la implementación de la ley que, de todos modos, ya se aplica desde diciembre del año pasado. No implica, puntualizaron, que sea la fundación la que ejecuta la ley, ya que es de aplicación interministerial entre Salud, Educación, Desarrollo Social e Igualdad, Género y Diversidad. “Con ellos –la Fundación Padre Ignacio– se trabaja porque pidieron trabajar en conjunto”, señalaron.
Desde la provincia, además, indicaron que el convenio con la Fundación busca promover la cooperación, complementación e intercambio entre las partes para contribuir “al desarrollo institucional, potenciando las redes vinculares, institucionales e intersectoriales y reconociendo a las mismas como espacios para el desarrollo de procesos de transformación social en el marco de aplicación de la ley nacional N° 27.611”.
El acuerdo también compromete a las partes a realizar “talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral”.
En su momento, cuando se promovió la sanción de esta ley se apuntaba a contemplar a los sectores de la población –muchos enmarcados en creencias religiosas– que no acordaban con la legalización del aborto: de esta manera se acompaña, mediante una política pública específica, a aquellas mujeres que decidan continuar su embarazo. Si otros espacios u organizaciones territoriales participan en conjunto con el Estado provincial para llevar adelante la implementación de leyes y programas, ¿por qué la Fundación Padre Ignacio no puede ser una de ellas?
Gorostiaga respondió: “En esta ley se reconoce la gestación, el nacimiento, la crianza y el cuidado de niñas y niños como una responsabilidad pública, comprometiendo a las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción conjunta, bajo una mirada integral de cursos de vida y con perspectiva de derechos. Es una ley que tiene un enfoque de género y de diversidad, cuyo cumplimiento es compromiso de una mesa interministerial donde salud es la que coordina, pero deberán sumarse a implementarla y garantizarla educación, género y diversidad, desarrollo social y Anses”.
Y concluyó: “Garantizar estos enfoques es responsabilidad estatal. No confiamos en convenios ni acuerdos con espacios que sistemáticamente han negado derechos, sobre todo al colectivo de mujeres y LGTBI+. Queremos un Estado laico que haga efectiva la ley aludida. Iglesia y Estado son, o deberían ser, asuntos separados”.
Ante la repercusión que tuvo la noticia, desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe también dieron sus respuestas. Comunicaron que buscan «transverzalizar la perspectiva de género y diversidad en toda la gestión» por lo que participan también de la implementación de la Ley de los 1000 días.
«En este camino de territorializar la implementación de la mencionada ley apostamos al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, mutuales, federaciones, cooperativas y también aquellas de índole religiosa que tienen trabajo en los barrios, siempre garantizando que los contenidos y lineamientos generales, elaborados por los equipos del Ministerio de Salud para las distintas instancias tengan perspectiva de derechos humanos y de género», consideraron.
Finalmente, la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de Santa Fe, Silvina Vaghetti, se manifestó en el mismo sentido: defendió que es desde una mesa interministerial donde se definen políticas públicas para la aplicación de esta ley.
«Es importante que la sociedad, en su conjunto, se comprometan con la implementación de esta ley que tiene como objetivo garantizar derechos», manifestó y determinó que «la ley contempla acuerdos de colaboración para la difusión, promoción territorial y el acceso a los derechos mencionados en la normativa. Estos acuerdos se aplican a fundaciones, ONGs, organizaciones sociales, universidades, colegiados, entre otros».
