Carlos Álvarez
Especial para El Ciudadano
Dos fechas iguales de dos años diferentes separadas por dos años entre sí. El mero azar remite a dos efemérides tristes y caras para el movimiento obrero nacional, pero sobre todo rosarino. Los días 22 de noviembre de 1902 y 1904 dialogan y se vinculan con los conflictivos años de gestación del movimiento obrero organizado en la ciudad y el país.
Los conflictos entre capital y trabajo, como se decía por entonces, no eran nuevos. Estaba fresca en la memoria obrera la represión de la Refinería Argentina de Azúcar en octubre de 1901, donde había caído asesinado el primer mártir obrero de la breve historia nacional, Cosme Budislavich. Sin embargo, entre 1901 y 1904 habían mediados dos años signados por el estado de sitio, la represión, la deportación de militantes y un profundo proceso de debilitamiento y reorganización de las centrales obreras y los gremios.
El conflicto obrero y la represión de finales del 1902, ante la primera huelga general nacional, había hecho que el gobierno nacional terminara por desempolvar un proyecto de ley que Miguel Cané había elevado escasos tres años antes. Dicho proyecto buscaba dar solución a una de las más peligrosas aristas de lo que por entonces se conocía como “cuestión social”.
Se trataba de la cuestión obrera, es decir el problema que suponía un movimiento obrero combativo y organizado que ya no buscaba conquistar reivindicaciones sectorizadas, sino que se amalgamaba con la finalidad de alcanzar mejoras colectivas, logrando paralizar la actividad productiva y generando fuertes perjuicios económicos.
La solución propuesta por Cané tuvo resistencias de ciertos sectores que entendían que era violatoria de la Constitución Nacional. Sin embargo, una vez estallada la huelga nacional iniciada entre los portuarios a inicios de noviembre de 1902, las elites no dudaron en aglutinarse detrás de la propuesta del escritor de “Juvenilia”. El proyecto, devenido en Ley N° 4144 el día 22 noviembre, pero comunicado y puesto en vigencia el día 25 a través del Boletín Oficial, estipulaba que:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 4º: El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.
Esto suponía que todos aquellos sujetos tenidos por peligrosos para el orden público, si eran extranjeros, podían ser expulsados del país hacia sus países de procedencia sin juicio previo y de forma exprés. Que el eje estuviera puesto en los extranjeros explica en parte la resistencia inicial que algunos legisladores tuvieron para con el proyecto en un país que promovía justamente la inmigración. Pero también explica el sentido de peligrosidad que aquellas elites estaban construyendo. Es decir, fundamentalmente (pero no sólo) el anarquismo. Principal miedo y fantasma de las elites en llegar a estas costas, conocido por haberse llevado a cabo numerosos atentados en Europa contra reyes y políticos en su nombre.
De esta forma, las elites entendían que dicho mal no era propio a la Nación argentina, sino un efecto indeseado del proceso de inmigración; se trataba de un virus ajeno al país que era traído e inoculado por los inmigrantes. Así las cosas, la solución parecía evidente: muerto el perro, muerta la rabia.
Sin embargo, el anarquismo ya se estaba constituyendo en la corriente ideológica hegemónica del movimiento obrero en algunas regiones, fundamentalmente en Rosario, ciudad que llegó a ser conocida como la Barcelona Argentina por ello. De esta forma, expulsar a los extranjeros no suponía en absoluto erradicar el anarquismo.
La promulgación de la Ley de Residencia aquel 22 de noviembre de 1902 fue acompañada de un estado de sitio de tres meses, con intervención de gremios e imprentas. Las centrales obreras virtualmente desaparecieron, pero no sus actividades clandestinas. Soportado el año 1903 y buscando reacomodarse después del cimbronazo, en el cual además de aquellas represiones también fueron expulsadas del país importantes figuras militantes, se buscó reanimar la organización y la lucha. El año 1904 sería, a tales fines, perfecto.
Tras una serie de tentativas y conversaciones, la Federación Obrera Rosarina (FOR) creada en agosto de 1902 hizo un llamado para la conformación de un Congreso provincial, que al mismo tiempo funcionaría como su primer Congreso local. Sus alcances fueron enormes: concretado en julio, afianzó la organización de la FOR, facilitó la creación de la Federación Obrera Santafesina unos meses después y prefiguró buena parte de las resoluciones que adoptaría el IV Congreso de la Federación Obrera Argentina (FOA).
Aquel año, como era esperable después de las represiones de 1901 y 1902, el estado de sitio y la Ley de Residencia, fue altamente conflictivo. Llegado el mes de noviembre, los Dependientes de Comercio llamaron a una huelga para el día 20, en reclamo de la jornada de 8 horas y el día de descanso semanal, entre otras cosas. A su lucha se plegaron los obreros panaderos, uno de los gremios de mayor tradición combativa y anarquista.
El día 21 los delegados del gremio de dependientes fueron detenidos por orden del Jefe Político de la ciudad, el coronel Martín Hernández, lo que generó mucho malestar. Al día siguiente, ya con los panaderos en huelga, tendría lugar un hecho que cambiaría el devenir de aquella semana.
En la intersección de Maipú y San Luis fue detenido un grupo de huelguistas panaderos, entre ellos un joven llamado Jesús Pereyra, quien para evitar ser detenido buscó escapar: recibió un tiro en la nuca del oficial Mansilla que lo mató en el acto. Fue tal la indignación que el oficial terminó apuñalado y golpeado por varios obreros que presenciaron los hechos, pero sobrevivió.
Semejante caso de violencia, que remitía con horrorosa similitud al asesinado de Budislavich tres años antes, generó que la FOR llamara a la huelga general por 48 horas, organizando al mismo tiempo el cortejo fúnebre para el caído compañero Pereyra.
Sin embargo, el día siguiente la policía ingresó a la casa mortuoria y retiró el féretro de Pereyra y lo trasladó al cementerio. Aquello fue el colmo de la indignación para familiares y obreros, por cuanto decidieron como medio de protesta llevar a cabo una marcha silenciosa desde el centro hasta el cementerio, pasando por la plaza Santa Rosa (actual Sarmiento).
Según relataron tiempo después los propios obreros, transcurridas tan sólo cinco cuadras en armonía y sin presencia policial, una emboscada estaba preparada. La columna obrera fue rodeada en la esquina de Mendoza y Corrientes por la policía, la cual Mauser en mano abrió fuego sin motivo alguno, asesinando e hiriendo a más trabajadores.
Las balas alcanzaron a Jacobo Giacomelli, Ceferino García, Francisco Herrera, Lorenzo Barione, Enrique Spagani, Lorenzo Dareolo, Andrés Herrera, Luis Carré, Ismael Muñoz y el chico Alfredo Serén, de sólo 10 años. Tres de ellos murieron: Giacomelli, panadero; Serén, un niño, y Carré, secretario general del gremio de Obreros Zapateros. Las víctimas totales fueron estimadas en más de 50. A raíz de aquel nuevo atropello policial, a la medida de fuerza se le sumaron otras 72 horas de huelga, las cuales fueron acatadas como nunca antes en ciudad, paralizándola completamente, incluidos los tranvías.
Fue tal la conmoción que la Federación Obrera Argentina llamó a una huelga general nacional para los días uno y dos de diciembre, en solidaridad con sus pares rosarinos, logrando el apoyo de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata. Por su parte, la Federación Obrera Rosarina se expresaba poco tiempo después, afirmando que “de hoy en adelante, los campos están netamente divididos. A un lado burgueses y gobernantes, al otro los asalariados. Definidas de este modo las posiciones, sin esperanza de arreglos ni de concesiones graciosas, la lucha va a adquirir un aspecto formidable y soberbio, cuyo fin no es dudoso”.
Y así fue: los años que siguieron fueron de ascenso de la conflictividad obrera. Calaron tan hondo en el recuerdo obrero aquellos asesinatos que dos años después, en el marco de una balacera en una huelga portuaria en la que murieron dos policías, esas bajas serían reivindicadas en nombre de la memoria de estos obreros asesinados en 1904. Otros dos años después, en 1908, un encuentro obrero en el Teatro Politeama un 22 de noviembre buscaría recordar y reivindicar a los compañeros caídos en aquellas aciagas jornadas.
De esta forma, una fecha logra enhebrar dos procesos diferentes pero conectados, en los cuales la matriz obrera e ideológica fue clave. La historia no puede evitar el pasado, tampoco modificarlo. Sin embargo, puede traerlo al presente, abigarrando temporalidades diversas. En esa búsqueda, tiene la capacidad de restituir identidades, sacar del olvido a sujetos sociales olvidados o invisibilizados.
Así, en 2005 un proyecto presentado al Concejo Deliberante municipal logró la aprobación de la ordenanza N° 7925, por medio de la cual se le asignaban los nombres de Pereyra, Serén, Carré y Giacomelli a cuatro cortadas de zona noroeste de la ciudad.
Puede parecer un simple gesto, pero la toponimia ha sido una forma moderna de sostener la memoria, por cuanto estos cuatro obreros, víctimas de la represión policial, hoy tienen sus humildes calles, tal cual ellos eran, para recordarlos e inmortalizarlos.
La Ley de Residencia continuó y se mejoró con la de Defensa Social de 1910. Los conflictos también continuaron y se expandieron. Pasaron muchas décadas, gobiernos y contextos nacionales e internacionales de los más diversos; sin embargo, la represión y la criminalización de la protesta y lucha obrera continuaron bajo diversas formas. Los/as militantes y trabajadores/as expulsados fueron muchos, los/as caídos/as en protestas y barricadas también. Ambas fechas, íntimamente relacionadas, forman parte de la memoria obrera.
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