El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022. Fue un día después del DNU que en un apartado habilita a extranjeros a adquirir suelo argentino, como conocida como ley de Tierras o más precisamente ley Lewis.
El magistrado declaró la «nulidad de todo lo actuado», según una resolución de 73 carillas. Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.
«Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia», advirtió la resolución del juez Ramos.
El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis «una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado» y ello deriva en la nulidad de la causa.
«Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados», concluyó.
También, sostuvo que «fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales» y ello «terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios».
Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido «no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis»
«Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos», concluyó.
Toma y daca de los involucrados en un hecho «privado»
Septiembre de 2021: el juez Carlos “Coco” Mahiques firmó el cierre de la causa por la venta de las tierras en Lago Escondido, en El Bolsón, provincia de Río Negro. Esa decisión benefició al magnate inglés Joe Lewis y su familia.
En diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto, el mandamás de Clarín y Telecom, en la causa Papel Prensa.
En febrero de 2015, el magistrado Pablo Cayssials suspendió la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
Son tres jueces que participaron del viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido presuntamente organizado por directivos del Grupo Clarín, con todos los gastos pagos. Los magistrados que tomaron decisiones favorecieron a empresarios, fueron agasajados por los beneficiados.
Estas revelaciones surgieron por una nota del diario Página/12 y fueron profundizadas por la filtración de un grupo de chat que integraban todos los invitados a ese viaje.
Esconder las dádivas de Lago Escondido
El 17 de octubre de 2022 fue la publicación de la noticia del viaje. El mismo día, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para organizar la explicación pública sobre un viaje marcado por irregularidades. En el chat estaban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, más el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el ex agente de Inteligencia Leonardo Bergroth y el consultor Tomás Reinke. También, el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo del conglomerado, Pablo Casey, que es sobrino de Héctor Magnetto.
La filtración de esta conversación privada derivó en dos discusiones. Sobre el espionaje y la publicación de una charla que se dio en un ámbito privado y los hechos que se narran y las mniobras delictivas de personas que se declaman honorables para ocultar delitos.
El 19 de octubre (dos días después de conocerse el viaje), el ministro de Seguridad porteño, D’Alessandro, sufrió un hackeo a su línea telefónica y se apoderaron, entre otras cosas, de su cuenta del servicio de mensajería Telegram. El contenido de esa filtración se publicó en un sitio de hackeos que ofrecía el material completo por 600 dólares a pagar en criptomonedas.
El grupo de chat filtrado se autodenominó “Los Huemules”, en referencia a la especie de ciervo andino que habita en la zona cordillerana que visitaron. El motivo principal de la conversación era contener los coletazos de la filtración del viaje y, a partir de allí, se empiezan a escribirse maniobras delictivas para autoprotegerse.
La primera reacción fue negar todo lo sucedido y hacer una denuncia de espionaje para bloquear cualquier investigación y ponerse a sí mismos como las víctimas.
En paralelo, intercambian llamados donde explican que buscan conseguir facturas que justifiquen el viaje en avión privado y el hospedaje. Y culpan a José Glinski, director de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), de haber filtrado información sobre el viaje.
“El tema denunciable principal ya estaría resuelto con las facturas”, decía Ercolini en uno de los intercambios en relación a los comprobantes falsos con los que pretendían demostrar que cada uno había pagado su viaje y la estadía, y así zafar de las acusaciones por dádivas.
