La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desestimó por completo la recusación presentada por el gobierno provincial contra cuatro de sus integrantes. La decisión, adoptada por siete votos contra cero, no solo frena la maniobra del Ejecutivo en las causas que cuestionan la ley jubilatoria, sino que expone las tensiones de fondo que, según denuncian ex magistrados, configuran una preocupante «escalada autoritaria» por parte de la Casa Gris.
El conflicto tiene su origen en la ley previsional sancionada en 2024, que estableció topes a los haberes jubilatorios y un aporte solidario para los pasivos del sector público con ingresos más altos. La norma generó centenares de amparos, principalmente de integrantes del Poder Judicial, que derivaron en un fallo de primera instancia en noviembre de 2024. Aquella sentencia, que benefició a 17 magistrados retirados, declaró la inconstitucionalidad de la reforma por considerarla confiscatoria y por vulnerar derechos adquiridos, advirtiendo que afectar los beneficios previsionales de los jueces atenta contra la independencia del Poder Judicial.
El intento de recusación y el revés de la Corte
Fue en ese contexto que, el 19 de diciembre pasado, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, actuando a instancias del Ejecutivo, recusó a cuatro de los siete ministros de la Corte: Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. El argumento del gobierno era que los magistrados, por estar próximos a jubilarse o ser ya jubilados (en el caso de Weder, que suspendió su beneficio al asumir), tendrían un interés personal en la definición del sistema jubilatorio.
Sin embargo, el máximo tribunal provincial rechazó el planteo «in limine», es decir, sin siquiera darle lugar a discusión. En su resolución, los ministros consideraron la recusación «palmariamente extemporánea» y basada en argumentos «hipotéticos y especulativos». El fallo, unánime, dejó en claro que la supuesta falta de idoneidad por la condición de eventuales beneficiarios de una jubilación es un argumento que podría aplicarse a cualquier juez en algún momento de su carrera, y no constituye una causal válida para apartarlos de una causa.
La «escalada autoritaria» que denuncian los ex jueces
El revés judicial al gobierno no hizo más que potenciar las denuncias públicas de dos ex camaristas de Rosario, Carina Lurati y Daniel Acosta, quienes ya habían presentado un escrito ante la Corte advirtiendo sobre lo que consideran una estrategia sistemática de presión institucional.
Para estos ex magistrados, la recusación no fue un hecho aislado, sino un capítulo más de una «escalada autoritaria» que incluye otros episodios de gravedad institucional. En su presentación, señalan «casos de violencia institucional en cárceles», el «amedrentamiento a jueces», «selección de jueces por afinidad política» y la «presión en causas sensibles», como el recordado caso de un policía condenado por homicidio, cuya sentencia fue revertida tras una presión explícita del gobierno, que además impulsó un proyecto para «capacitar» a los jueces en la evaluación del estrés policial, algo que tildan de intento de «adoctrinamiento».
El punto más grave, para Lurati y Acosta, es el envío a la Legislatura de los pliegos de los candidatos para reemplazar a los tres ministros de la Corte que anunciaron su retiro (Spuler, Gutiérrez y Falistocco), antes incluso de que estos presentaran formalmente su renuncia.
El gobierno provincial, por su parte, defiende la legalidad de su accionar y sostiene que tanto la recusación como el envío de los pliegos se enmarcan en sus facultades constitucionales.
