Esta semana el Congreso aprobó la ley Micaela que obliga a todo funcionario de cualquiera de los tres poderes a hacer un curso en género y violencia contra las mujeres. Será obligatorio, con examen y si reprueban les trabará la carrera dentro del Estado. Quienes impulsaron la ley dijeron que buscan un futuro con funcionarios más sensibles y una mejor contención de la persona que entra a una oficina estatal sin importar su género. Desde principios de este año Santa Fe avanzó en crear ese futuro. La provincia apuntó primero a quienes son o quieren ser parte de la Policía. Es que más de la mitad de los casos de violencia contra la mujer en Santa Fe empiezan con una denuncia en las comisarías, que de a pocos son reemplazadas por los Centros Territoriales de Denuncias (CTD). Y no puede haber más policías que digan a una mujer: “Resuélvalo en su casa”.
Es ley
Analía Noval está a cargo del curso obligatorio en género de la Policía que empezó este año. Ella sabía que iba a enseñarle a generaciones de uniformados acostumbrados a poner distancia con quien denuncia usando una máquina de escribir. “En el curso buscamos que puedan ofrecer un asiento a la víctima y un vaso de agua si lo necesita. Las cosas hoy son de otra manera. Afortunadamente en Santa Fe contamos con una ley de violencia doméstica que nos preparó. Sumamos la idea de que la violencia de género puede trascender las paredes de la casa”, contó a El Ciudadano.
A partir de 2018 el curso es obligatorio para todos los rangos de la Policía santafesina. En los ascensos es una prueba como cualquier otra. También es parte de la currícula para quienes quieren ser policías y estudian en el Instituto de Seguridad Pública Provincia de Santa Fe (Isep). Además del curso, Noval da capacitaciones en las unidades regionales que lo piden. La última fue en Helvecia a 100 kilómetros de la capital provincial. “La violencia de género está a flor de piel. Se detecta en todas las comisarías. La capacitación la hacemos en modalidad de charla donde hablamos de los principales conceptos y al final de la jornada hacemos un cuestionario para ver donde falta”, detalló la mujer.
Qué dan
La mayoría de los contenidos del curso tienen que ver con enseñar a la Policía cómo y donde funcionan los espacios del Estado preparados para ayudar, ya sea las áreas de la mujer de los municipios, las del Gobierno de Santa Fe o del Poder Judicial en las oficinas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). “Había desconocimiento de todas las áreas que pueden ayudar. La idea es que puedan orientar y tratar con respeto a las personas”, dijo Noval.
Para la capacitadora hay dos ideas imprescindibles para estar alineado con las leyes de Protección Integral de la Mujer de 2013 y la ley nacional de Identidad de Género. “Insistimos en explicar que la mujer que llega a denunciar puede ser una madre y no viene a decir que alguien le robó la bicicleta. Llega a contar que su compañero la golpeó o abusó de alguna forma. Es una situación difícil. No hay que juzgar. Incluso si después de la denuncia el oficial que le toma la declaración la ve en la calle con su compañero de la mano. Si esa mujer vuelve a la comisaría a denunciarlo de nuevo es responsabilidad del oficial de tomarla como corresponde”, graficó Noval.
Otro de los puntos del curso es la atención al colectivo LGTBI. “Instruimos para que si una persona que nació biológicamente masculino pero se autopercibe como mujer va a denunciar sea tratada como señorita. Y siempre con respeto. Cuesta un poco, pero no están negados a hacerlo”, describió la capacitadora.
“Las comisarías de la mujer, hoy convertidas en áreas de violencia de género, no pueden ser los únicos espacios de denuncia. Cada comisaría o dependencia policial del barrio debe contener y orientar a las víctimas a los órganos del Estado para ayudarla”, concluyó Noval.
Lo más requerido
La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa está a cargo del Registro Único de Situaciones de Violencia hacia las Mujeres (Ruvim), donde centralizan incluso los casos que no derivan en una presentación en la Justicia. Desde 2016 reciben y analizan las situaciones que son detectadas en las escuelas, hospitales, comisarías, los Centros de Convivencia Barrial (CCB) y la Justicia. O las que llegan por las áreas de mujer o al Teléfono Verde (0-800-444-0420). El último informe de Ruvim de los primeros cuatro meses de 2018 arrojó que el 52 por ciento de las 6.514 situaciones ingresaron por una denuncia en una comisaría. Los datos muestran una baja en relación a los últimos meses de 2017, cuando el 69 por ciento de los casos llegó a las sedes policiales.
“En las que más tienen enviamos a personal para los que ayuden con la carga de datos o los referimos a los Centros Territoriales de Denuncia. También pedimos copias de las denuncias para ver cómo las ingresaron. Queremos tener un mejor dato de las situaciones para definir qué políticas necesitamos para combatir los problemas”, explicó Sosa.
